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Discurso del Rector Víctor Pérez con motivo de la inauguración del Encuentro Universitario "La Universidad de Chile y el Estado: hacia un nuevo trato"

Discurso del Rector Víctor Pérez con motivo de la inauguración del Encuentro Universitario.
Santiago, septiembre 25 de 2007.

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Estimadas amigas y amigos:

Es para mí un momento de gran satisfacción y orgullo participar en el inicio de este Evento Universitario convocado por nuestro Senado Universitario, y que tiene como tema "La Universidad de Chile y el Estado: hacia un Nuevo Trato".

En noviembre pasado, cuando se cumplían 164 años de vida de la Universidad de Chile, propuse a la comunidad universitaria, a las autoridades del país y a la sociedad chilena iniciar una reflexión que diera paso a un Nuevo Trato entre el Estado y la Universidad. En abril pasado, en el inicio del Año Académico 2007 reiteré la urgencia y lo estratégico que es para la Universidad de Chile avanzar en este tema.

Por eso celebro y valoro el que los estudiantes, a través de sus senadores institucionales y de la FECH, propusieran al Senado Universitario que se convocara esta instancia para debatir y generar propuestas sobre este tema desde el seno de nuestra comunidad. Celebro y valoro, también, la favorable acogida del Senado Universitario y del resto de la comunidad universitaria a su realización.

Este Evento es una expresión viva, un ejemplo para el país, de nuestra vocación pública y del pluralismo que anima nuestro discurso. Es este el espacio que nos hemos dado para confrontar visiones, para recoger ideas y sumar voluntades, todo ello en un marco de respeto, diversidad y de libertad, que hemos construido bajo la nueva institucionalidad, respondiendo a nuestra cultura institucional. Es este un momento para la reflexión, un alto en el camino para mirar hacia delante y seguir construyendo nuestros sueños.

 

I.- AVANZANDO EN NUESTRA NUEVA INSTITUCIONALIDAD

 

Con el nuevo Estatuto aprobado el año pasado, la Universidad de Chile ha iniciado un profundo cambio. Estamos viviendo una transformación consensuada y respetuosa, pero no por ello tímida o formal, por el contrario perseguimos objetivos precisos y avanzamos con decisiones firmes. Tras lograr la promulgación de los nuevos estatutos a principios del 2006, hemos renovado todas las autoridades partiendo por la elección del Rector que les habla. Además, se ha renovado el Consejo Universitario e instalado el Senado Universitario, y el Consejo de Evaluación, lo que nos convierte en la única universidad del país que ha consagrado de manera legal, estatutaria, la participación de académicos y académicas, de estudiantes y de personal de colaboración en su gobierno institucional. Miremos hacia atrás y veremos que hemos hecho realidad al menos una parte de nuestros sueños.

De esta forma damos vida a nuestra convicción de que una universidad pública no debe ser autoritaria sino participativa, construida sobre los principios de la democracia. Esta es, por lo demás, la tendencia que siguen hoy las organizaciones más innovadoras. Nuestra nueva institucionalidad encarna este principio en el entendido que la participación efectiva nos obliga a todos a ejercer la autoridad y la conducción institucional en los ámbitos y aspectos en que tenemos esa atribución y responsabilidad, así como a acatarla en los casos en que corresponda.

Así, la Universidad de Chile ha aprendido a vivir su nueva institucionalidad, enseñando de paso, con el ejemplo, a otras instituciones del país cómo se construye la participación. Se ha creado el ambiente de plena gobernabilidad que algunos dudaron que fuese factible, en el cual se comparte la responsabilidad del gobierno universitario entre los órganos y autoridades superiores e intermedias, y con cada uno de los integrantes de nuestra comunidad, para asegurar y preservar esa gobernabilidad.

 

II.- UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y DE CALIDAD

 

Hablando de cara a la sociedad, durante este último año hemos dicho claramente que como institución queremos preservarnos como una universidad pública y de calidad, dejando muy en claro que ambas son fundamentales, ninguna de ellas subordinada a la otra. Entendemos, por cierto, que ambas tienen un precio. Ser una universidad pública nos obliga a intensificar nuestro compromiso con el pluralismo, con la equidad, con la libertad de cátedra, con un uso equilibrado y transparente de los recursos, y con un ejercicio integrado y equilibrado de los saberes, en virtud del cual prestemos una especial atención a aquellas disciplinas que no coinciden con los intereses del mercado. Por otra parte, ser una universidad de calidad nos obliga a medirnos y a evaluarnos, a dar cuenta pública y a hacernos responsables de nuestros desempeños; a elevar todos los indicadores pertinentes; a situarnos en el nivel que corresponde a las mejores universidades del mundo. Para nosotros, que tenemos como objetivo reunir a la mejor gente sin que importe su origen, su condición socioeconómica, su manera de pensar o su modo de ser, ofrecer calidad constituye crecer en equidad.

Toda nuestra acción se orientará en los años que vienen a lograr estos objetivos, y a hacerlo de tal modo que podamos superar las desigualdades internas que a veces padecemos como institución. Ello pasa por dejar atrás un pesimismo que podemos llamar ideológico, y que ha cundido tanto dentro de la institución como en la opinión pública del país, e incluso en las esferas de gobierno, y que señalaría que Chile no estaría habilitado, por razones misteriosas, a contar con universidades públicas y de calidad. Ello genera un fondo residual de desencanto, de desconfianza, de atrincheramiento, de resistencia pasiva ante la nueva cultura universitaria que se va imponiendo en el mundo. Por el contrario, estamos convencidos de que Chile merece tener universidades públicas de calidad internacional, y la Universidad de Chile está trabajando seriamente en ello.

Es así como nuestro Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI), ampliamente consensuado, se encuentra en etapa de implementación, y durante el próximo semestre estarán en marcha varios de los programas que permiten acciones concretas. Por ejemplo, la Modernización del Pregrado, el Fortalecimiento de la Investigación Aplicada y la Transferencia Tecnológica, la Gestión Estratégica del Capital Humano, y el Aseguramiento de la Calidad Académica. También, por primera vez en 16 años, los académicos y académicas de media jornada y superior han visto aumentadas sus remuneraciones de manera significativa sujeta a ciertos requisitos, y es nuestra firme intención que esa política tenga continuidad. Hemos avanzado también en el proyecto de revitalización de las Artes, las Humanidades y las Ciencias Sociales, para lo cual contamos con los consensos necesarios dentro de la Universidad y hemos formulado un proyecto sólido, que vela por el espíritu de revitalizar disciplinas que han sido injustamente relegadas, y que aborda los hechos concretos con sentido práctico y realista. Además, el actuar común de las Universidades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, liderados por nuestra Casa de Estudios, logró instalar –por primera vez en muchos años- ideas claves en materia del futuro de la investigación en Chile.

Quiero decir con todo esto que la Universidad de Chile tiene claro su norte y trabaja sostenidamente en acciones concretas que hagan posible el logro de sus objetivos estratégicos.

 

III.- NECESIDAD Y URGENCIA DE UN NUEVO TRATO CON EL ESTADO

 

Ha llegado la hora de hablarle nuevamente al país para plantear la reflexión sobre el futuro del sistema universitario. Mi convicción es que los chilenos nos merecemos contar con universidades públicas y de calidad, como dije, ambas a la vez y en plenitud. Estamos empeñados en ello, trabajamos con firmeza en la calidad, porque ello redunda en la equidad, en lo que finalmente llega a nuestros estudiantes más allá de las diferencias que observamos en su condición económica o social, así como también trabajamos en la creación de bienes públicos, muchos de ellos intangibles e incluso imperceptibles en el corto plazo. Pero este esfuerzo que internamente hacemos para preservar la identidad pública y la calidad, sólo tendrá pleno sentido en el marco de un Nuevo Trato con el Estado que revierta el castigo institucional y económico de que fuimos objeto –por razones políticas- durante la intervención, en un contexto que ya ha sido superado de modo exitoso por el país, pero que aún pervive en las anomalías del trato que recibimos.

Un Nuevo Trato con el Estado debe concebir la reparación histórica a los efectos de la política de Estado que entonces buscó desmantelar a la Universidad de Chile y acallar su voz, y debe ser la respuesta de ese mismo Estado al hecho absurdo de que el país se dé una institución –como la Universidad de Chile- y luego le niegue los medios para llevar a cabo adecuadamente la misión que le encomendó al crearla. Creo que si sinceramos las cosas podremos articular un acuerdo y un marco, que permita que el Estado confíe de nuevo plenamente en sus universidades y éstas en él. En gran medida, el Nuevo Trato pasa por una renovación de las confianzas y por una clarificación de los roles en una perspectiva estratégica del país.

Trabajaremos en ello porque así lo requieren los valores de la equidad, de la complejidad del saber y el pluralismo; porque a ello nos invita nuestra tradición histórica; y porque nos anima el ejemplo de los países más desarrollados, que han encontrado fórmulas para compaginar un espacio universitario publico y al servicio de los ciudadanos, con nuevas formas de gestión, de uso responsable y transparente de los recursos.

 

IV.- UN DEBATE NACIONAL SOBRE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

 

El marco de nuestras preocupaciones y de nuestros análisis en el Evento que hoy iniciamos no es otro que el debate público que Chile necesita sobre sus universidades estatales.

En un momento histórico en que Chile está repensando los temas de espacio público, es del todo pertinente y oportuno poner en la agenda política a las universidades públicas. Más allá de las consideraciones que puedan legítimamente hacerse respecto a las distintas dimensiones de lo público, desde nuestro punto de vista es público aquello que pertenece a todos y carece de propietarios privados. En el ámbito del conocimiento, la condición pública de las universidades permite generar ambientes de vida académica donde están garantizadas la libertad de cátedra y la plena libertad de expresión para todos, sin que nadie deba someter su parecer académico a grupo privado alguno. La no interferencia arbitraria de actores privados o de grupos corporativos es la condición de lo público. Por su independencia, por su complejidad, por su pluralismo, las universidades públicas son un factor fundamental de los sistemas de educación superior de cualquier país desarrollado. Observamos con gran preocupación y denunciamos con decisión que Chile se ha apartado peligrosamente del buen sentido en estos asuntos: el gasto privado en educación superior es en nuestro país seis veces mayor que el gasto público, lo que es una anomalía si nos comparamos con los indicadores de los países de la OECD. Todo indica que deberíamos recuperar el sano y necesario equilibrio entre lo privado y lo público, otorgando a cada actor del sistema un marco razonable de deberes y derechos para cumplir eficazmente con su misión.

Lo hemos dicho y lo reiteramos: hoy se hace indispensable fortalecer la dimensión de lo público. Lo público es el espacio de lo que nos es común, en él se trama el tejido de la comunidad, se formulan y procesan las expectativas de bien social y las alternativas de desarrollo de país. Pero esta dimensión, bien lo sabemos, ha estado largamente amenazada y disminuida por la dinámica de la economía de mercado y de los intereses particulares que concurren en ella. Por largos años hemos asistido a un proceso de estrechamiento de la esfera pública que ha tenido, tiene y tendrá severas consecuencias para la vida de la comunidad nacional, a menos que revirtamos ese proceso, lo cual puede hacerse, por cierto, de diversos modos.

Aquí nos concierne especialmente señalar la necesidad de la preservación y la profundización del carácter público en el terreno de la educación, en todos sus niveles, pero sobre todo en el de la educación universitaria. Y es que es importante que el país mantenga espacios de libertad académica donde se enfrenten ideas diversas, disciplinas distintas. Un espacio pluralista significa, para los jóvenes que en él se forman, la ausencia de patrones rígidos de conducta, y la invitación a desarrollarse cada cual según sus valores y sus posibilidades, y naturalmente dentro de un marco de respeto. Es en estos espacios donde creamos ciudadanía, donde concretamente se liman las desigualdades sociales y económicas. Y es en ellos donde se desarrolla de modo auténtico, potente, la carrera académica, esto es, el capital humano especializado en los temas más relevantes del saber.

 

V.- LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y LA PROMOCIÓN DE BIENES PÚBLICOS

 

Quiero subrayar hoy que no entendemos ese Nuevo Trato como un protocolo exclusivo. Lo concebimos desde aquí, desde la Universidad de Chile, como un Nuevo Trato entre el Estado de Chile y sus universidades, las universidades públicas, las universidades del Estado de Chile, en el marco de un conjunto de políticas públicas de educación superior que reconozca adecuadamente la diversidad y la especificidad de las instituciones -de todas las instituciones, públicas y privadas-. Una nueva política de educación superior que defina y regule sus formas de financiamiento, que identifique con visión de futuro polos de desarrollo y prioridades, que procure la adecuada provisión de estrategias, criterios e instrumentos para asegurar la consistencia y coherencia del sistema, tanto en términos de calidad como de rendimiento, y todo ello en la perspectiva de atender y fomentar tres objetivos fundamentales:

  • un primer objetivo de calidad y pertinencia de la educación superior, en la docencia, la investigación, la creación y la interacción con el medio, con el debido resguardo de especificidades y finalidades;
  • un segundo objetivo de bien social, orientado a eliminar todo tipo de discriminación en el acceso a los niveles superiores de formación, favorecer la equidad y el mérito, y promover la movilidad social;
  • y un tercer objetivo de promoción de bienes públicos, mayoritariamente intangibles, asociados a la actividad universitaria, y que son indispensables para la construcción de país.

Reconocemos que ha habido avances en el sistema actual que resultan auspiciosos, y sin duda es necesario consolidarlos mediante este nuevo conjunto de políticas. Pero también consideramos que en él debe quedar formulada inequívocamente una visión y una definición del rol del Estado en la educación superior en relación con los tres objetivos mencionados.

Podemos hablar extensamente sobre los dos primeros, y de hecho existen muchos planteamientos y medidas al respecto, que es preciso abordar y debatir. Pero en esta ocasión quiero centrarme especialmente en el tema de los bienes públicos, en el entendido que el rol que debe asumir el Estado en el Nuevo Trato que promovemos tiene que ver muy sustancialmente con el fomento de esos bienes a través de su aparato educacional y, en particular, de sus universidades.

Como hemos señalado, las universidades del Estado realizan aportes distintivos a los grandes objetivos del país, fundadas en su carácter plural y no excluyente, que se diferencian de aquellos aportes que realizan las universidades privadas, sin desconocer la importancia que las últimas tienen para el país, en un aspecto decisivo:

Las universidades estatales permiten que el Estado pueda garantizar la producción de bienes públicos fundamentales para la nación, con independencia de su impacto sobre intereses particulares y en conformidad con los principios básicos del pluralismo, la diversidad social, la libertad de expresión y la democracia.

Sin embargo, esta condición, que permite al Estado efectivamente hacer valer una visión estratégica de proyección histórica, es desconocida por la actual legislación. Nadie podría dudar de que esta situación, que ya se arrastra por demasiado tiempo, y no encuentra aún soluciones de fondo, trae consigo consecuencias graves para los bienes públicos y para el bien común, con evidencias que se nos presentan casi a diario.

Es necesario reconocer que los bienes públicos que deben cautelar y producir, y contribuir a producir y difundir las universidades estatales tienen en general un carácter de largo plazo y requieren por eso mismo, desarrollo y fomento permanentes. No sólo comprenden aquellos bienes de los que participa efectivamente una comunidad, sino también, y de manera muy esencial, aquellos que, como opciones de pensamiento, como horizontes de deseo y como apuestas simbólicas mantienen abierto el desarrollo del país y el sentido mismo de la comunidad histórica, sin los cuales el proceso de construcción de la sociedad se empobrece y atrofia.

Las universidades estatales han realizado y deben seguir realizando en el futuro contribuciones específicas al fomento de los bienes públicos en múltiples órdenes:

  • Las universidades estatales colaboran en la distribución más equitativa del capital cultural con resguardo de variados énfasis (territoriales, de clase, de género, de etnia, etc.), debido a su carácter plural, diverso y laico.
  • Aportan a la construcción de una identidad nacional diversa, no discriminatoria e incluyente: los principios de tolerancia, pluralismo y equidad, así como el resguardo patrimonial y de memoria histórica, implican la aceptación de variedad de prácticas sociales en la vida nacional, más allá de visiones de la identidad social excluyentes o que incorporan requerimientos parciales, pertenecientes a agrupaciones determinadas.
  • Aportan en investigación e innovación, vinculadas a los requerimientos del país: a lo largo de su historia, las universidades estatales han desarrollado órganos directamente relacionados con los requerimientos de conocimiento y de desarrollo del país. En virtud de la responsabilidad social que la universidad se adjudica como entidad estatal, tales iniciativas evidencian una preocupación acendrada por el bienestar futuro del país, adelantándose en el pensar y la acción a los esquemas vigentes de las políticas públicas.
  • Son y deben ser fuente principal de investigación y propuesta en el cuidado y mejoramiento de la calidad en educación, reconocida como prioridad fundamental de país.
  • Son una pieza esencial en la integración nacional, no sólo a través de los principios que las rigen, sino también a través de su acción permanente de aporte a la solución de problemas nacionales y regionales.
  • Aportan a la integración de la nación al mundo, a través de múltiples esfuerzos expresados en convenios, proyectos conjuntos y diversas iniciativas académicas.
  • Llevan adelante, asimismo, una focalización específica en América Latina que contribuye a la integración regional.
  • Contribuyen sustancialmente al desarrollo de una perspectiva informada, independiente y crítica respecto a las más diversas problemáticas sociales, económicas, políticas y culturales del país, en virtud de un ejercicio libre e independiente de la búsqueda de conocimiento que no está supeditado a la mera obtención de resultados inmediatos.

En suma, las universidades estatales constituyen una garantía para el Estado y el país de disponer de un capital de conocimiento que le permite tomar decisiones en función del bien común de sus habitantes, más allá de intereses sectoriales. Sus aportes a la equidad, diversidad, crecimiento cultural, investigación e innovación, integración nacional, mundial y regional y al desarrollo de una visión especializada e independiente, constituyen bienes públicos irreemplazables para el país, hacia cuya sustentación y desarrollo el Estado debe destinar recursos especiales.

 

VI.- MARCO Y ELEMENTOS BÁSICOS EN UN NUEVO TRATO

 

El reconocimiento del Estado a estos bienes públicos debe reflejarse en un trato especial del Estado hacia sus universidades, en el que se establezcan un conjunto de derechos y deberes que requieren ser cumplidos por ambas partes. Esta reciprocidad es un elemento fundamental del Nuevo Trato del Estado con sus universidades. El acuerdo de derechos y deberes entre las universidades estatales y el Estado debe establecer con meridiana claridad los estándares de calidad a cumplir, el uso eficiente y pertinente de los recursos públicos y, por ende, formas de control respecto al cumplimiento de las metas planteadas, como asimismo la estabilidad en el tiempo de la afluencia de recursos, de manera que estos bienes públicos estén correctamente dimensionados y planificados.

Es en este sentido que afirmábamos, al inaugurar el presente año académico 2007 de la Universidad de Chile, que el marco en el cual proponemos ese Nuevo Trato supone tres elementos principales:

  • Que el Estado reconozca la necesidad de seguir contando con el aporte de sus universidades, con el propósito de garantizar valores de pluralismo, diversidad, independencia y equidad en la formación superior, en la investigación, la creación y la extensión.
  • Que la Universidad de Chile debe ser preservada en su calidad de principal universidad del Estado y del país, atendiendo a su tradición, su riqueza epistemológica, su diversidad social y su compromiso con los principios democráticos, por el volumen y la calidad de sus actividades, por su vocación nacional y por su independencia respecto de intereses sectoriales y particulares.
  • Que en razón de estas mismas características esenciales y de su capacidad, la Universidad de Chile debe contribuir al desarrollo conjunto de todo el sistema universitario estatal a través de fórmulas cooperativas en sus diversas actividades y en sus tareas de servicio a las necesidades del país. Como hemos dicho, entendemos que este nuevo trato no se refiere exclusivamente a nuestra institución, sino al conjunto de las universidades estatales. Sobre estas bases el Nuevo Trato tendrá que definir, con el debido resguardo a la autonomía universitaria, los recíprocos compromisos que tanto el Estado como sus universidades asumen para hacer posible que éstas mantengan su identidad pública, acrecienten sus aportes a la sociedad y se proyecten como universidades de excelencia según sus características y orientaciones específicas al servicio del país.

Entendemos que este Nuevo Trato es necesario para ambas partes. Es necesario para el Estado, porque requiere consolidar un modelo de universidad estatal exitoso y estable, que sea coherente con las necesidades de desarrollo, de democratización y de construcción de ciudadanía del país, y que supere definitivamente las dificultades que se presentan a otras instituciones estatales de educación en países latinoamericanos. Y es necesario para la Universidad de Chile, porque le permitirá proyectar su quehacer hacia otras responsabilidades mayores, con mayor autonomía respecto de la contingencia y con incidencia en el ámbito internacional, todo lo cual requiere condiciones de adecuada sustentabilidad en el largo plazo. Y también es necesario para el conjunto de las universidades estatales, a fin de que puedan cumplir en plenitud sus específicos objetivos en pro del desarrollo nacional y regional, con la excelencia y eficacia que el país demanda.

Todo ello implica un conjunto de compromisos que las universidades estatales deben hacer suyo de cara al país como parte sustantiva del nuevo trato, un conjunto de derechos y deberes. Si entre los derechos se cuenta fundamentalmente el aseguramiento de su sustentabilidad económica en el largo plazo, los deberes tienen que ser asumidos por nuestras instituciones con un sentido de liderazgo.

  • Deben atender pro-activamente a sus niveles de calidad, elevándolo a estándares susceptibles de validación internacional, cuidando el equilibrio de desarrollo de las diversas áreas del conocimiento.
  • Deben atender asimismo a la pertinencia de sus tareas y rendimientos, teniendo como primer objetivo el tratamiento de los problemas y temas de interés nacional.
  • Deben identificar y abordar cooperativamente los desafíos fundamentales que enfrenta el desarrollo del país, entre los cuales están, en primera línea, los de la educación.
  • Deben generar propuestas de largo plazo orientadas a la configuración de un sistema universitario nacional dotado de las condiciones que el país requiere, en términos de masas críticas nacionales, carrera académica, reformas curriculares y formación de capital humano de país.
  • Deben contribuir decididamente a la formulación de políticas públicas en los diversos órdenes – social, económico, político y cultural – con sentido nacional y regional.
  • Deben ser líderes en rendición de cuentas respecto de los recursos que el Estado les entrega, con información relevante y transparencia pública, y disposición efectiva a la evaluación periódica, aportando a los sistemas que para ese fin disponga el Estado.

 

VII.- EL PROBLEMA QUE ENFRENTAMOS

 

El problema principal que enfrentamos para instalar este Nuevo Trato es que Chile carece de un modelo sustentable de universidad pública. En cambio, se mantienen decisiones dañinas del pasado, así como un régimen sin perfil específico, inadecuado para la educación superior en Chile.

Y eso significa que tenemos que ser capaces de ir a una nueva etapa para la Universidad de Chile y para las demás universidades del Estado. Nos corresponde poner en pie un nuevo modelo de universidades públicas, que permita al país entender qué va a obtener de ellas, qué requisitos hacen falta para que funcionen como corresponde, o qué debiera hacerse si quisiéramos eventualmente fundar nuevas universidades públicas, como se ha hecho en algunos países europeos y asiáticos en los últimos años.

Hay que tener presente que la intervención de la Universidad de Chile impuso grandes daños a la educación superior en el país. Si bien fue un intento de quitarle relevancia a la Universidad de Chile, institución fundamental de la Patria, lo que de allí resultó fue un perjuicio sustantivo para todo el país.

  • Un primer daño fue la separación de las sedes regionales, sin un proyecto académico que la orientara. Ello perjudicó al sistema público de enseñanza superior, cuya necesidad de reformulación se percibe hoy con toda evidencia.
  • Un segundo daño fue la eliminación de las áreas de educación de la universidad, que pasaron a constituir universidades independientes. Ellas tienen problemas para alcanzar la necesaria calidad académica, lo que provocan serios impactos en la educación en general y en la pública en especial.
  • Un tercer daño fue la drástica reducción de los académicos y de los recursos en Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Se produjo así un desnivel en su labor académica y, por consiguiente, un fuerte impacto en la comprensión de la sociedad por ella misma.

Estos daños y sus consecuencias todavía no han sido resueltos con una perspectiva nacional e incluyente.

 

VIII.- NECESIDAD DE UNA POLÍTICA PARA LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

 

El conjunto de normas que hoy rige la existencia y el desarrollo de las universidades públicas está hecho de saldos y retazos. Las medidas tomadas en democracia son insuficientes y parciales, muchas veces hechas de manera ad hoc. Se ha ido generando así un régimen normativo incoherente, del que hay aspectos que rescatar, pero que requiere urgentes correcciones.

Todos estos daños redujeron la capacidad de la Universidad de Chile y de las universidades estatales en su conjunto para cumplir sus objetivos.

Las universidades estatales se han desempeñado dentro de este marco muchas veces contradictorio y respondido como mejor pueden según sus propias situaciones. Todo ello ha llevado a que hoy las universidades estatales son menos que nunca un sistema integrado, y los objetivos comunes que deben cumplir se han desdibujado, objetivos que tienen que ver con el fomento de la movilidad social y la formación de cuadros académicos y profesionales de primer nivel en los que se expresen, sobre la exclusiva base del mérito, las diversidades de distinto tipo -socioeconómicas, de género, de etnia, de creencia- que conforman a nuestra sociedad.

Esta situación de incumplimiento parcial de los objetivos naturales de las universidades ha sido señalada, pero ha faltado un examen de sus causas. Si hoy no todas las universidades estatales cumplen con todos sus objetivos se debe a una política desorientadora, que les entrega señales equívocas –y, con frecuencia, equivocadas- al respecto.

Desde el punto de vista del país sería un error que, principalmente como resultado de una mala política, las universidades estatales siguieran alejándose de los objetivos que están llamadas a cumplir.

Es una ironía que se haya planteado que, puesto que algunas universidades estatales encuentran dificultades para cumplir con sus objetivos nacionales, ellas no requieren una política especial a su respecto. Es como señalar que la agudización de una enfermedad es razón suficiente para prescindir del médico.

Lo importante, a mi juicio, es centrarse en la especificidad de las universidades estatales y determinar una política pública a su respecto, en el contexto de una política general y coherente de educación superior en Chile.

Con esto no se pide más que sentido común. En una sociedad moderna las políticas públicas respecto de los temas importantes no pueden consistir en saldos y retazos de lo antiguo, sumados a la aplicación de reglas pensadas para otras circunstancias. Esto es indefendible en una sociedad con aspiraciones al desarrollo.

Vemos que las universidades públicas existen en el mundo desarrollado, y prosperan, y cuentan con el apoyo de la sociedad y de los gobiernos no sólo por su tradición, su tamaño o su complejidad.

Las universidades estatales que cumplen con su función entregan a la sociedad el bien público de la educación con acceso a todos los sectores de la sociedad. Cuando se trata de incluir a todos los sectores, lo determinante no puede ser el lucro, porque con ese criterio habría que excluir a muchos. Librados estos sectores a su suerte, nadie habrá que se desvele por proveerles este bien público esencial. Si las universidades públicas no lo hacen bien, nadie lo hará, o sólo se hará parcialmente.

Nosotros no queremos el monopolio de las funciones públicas para las universidades. Lo que decimos con fuerza es que las universidades públicas son las estatales, y ellas existen para constituir una garantía de equidad, de transversalidad, de cohesión social y de independencia intelectual.

No buscamos limitar a nadie. Lo que queremos es aumentar las exigencias para nosotros mismos y con ello entregar una señal inequívoca al conjunto de la educación superior en Chile. Queremos mejorar el sistema de educación superior en su conjunto.

En la universidad pública moderna se trata de lograr todos estos objetivos simultáneamente. Porque no sería pública si no es abierta y libre. Y no sería equitativa si su calidad la financia el bolsillo de las familias.

El establecimiento de este nuevo trato entre el Estado y sus universidades es imperioso. De no lograrlo

  • El país se quedará sin modelo de universidades públicas y el sistema universitario en su conjunto irá a la deriva, sin lineamientos claros.
  • Se generarán mayores tensiones en las comunidades universitarias públicas, que no están dispuestas a renunciar a un carácter y a un nivel que les identifica y da sentido.
  • En ese caso resultará que perdemos todos, incluso quienes pudieran no querer que existan universidades públicas. Todos perderíamos, incluso los aparentes ganadores.

Perderían los jóvenes de Chile y el país entero.

 

IX.- ALGUNOS CONTENIDOS DE LA NUEVA POLÍTICA

 

El Nuevo Trato entre las universidades estatales y el Estado corresponde a la decisión de la sociedad, representada por el Estado, de seguir contando con el aporte de sus universidades. Esto no por una preferencia subjetiva, sino con el propósito de garantizar valores de pluralismo, diversidad, independencia, calidad y equidad en la formación superior, en la investigación, la creación y la extensión.

Sobre estas bases el Nuevo Trato tendrá que definir, con el debido resguardo a la autonomía universitaria, los compromisos que tanto el Estado como la Universidad de Chile asumen para hacer posible que ésta mantenga su identidad pública, acreciente sus aportes a la sociedad y se proyecte como una universidad de primer nivel internacional por su calidad.

Primero, la universidad se compromete a la calidad con equidad.

Uno de los valores profundos de la Universidad de Chile está en el hecho de que cuando aquí construimos calidad, estamos construyendo equidad.

Cuando nuestra docencia se hace bien y alcanza un alto nivel de calidad, esa calidad se distribuye entre estudiantes de diversos orígenes. En una institución orientada a estudiantes de mayor riqueza, en cambio, la calidad tiene un efecto secundario quizá no deseado, que es el de hacer más grande la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos.

Segundo, la universidad se compromete al afianzamiento del sistema universitario estatal

La Universidad de Chile ingresará al Nuevo Trato en su papel de principal universidad del Estado y del país, atendiendo a su tradición, su capacidad académica instalada, su riqueza epistemológica, su diversidad social y su compromiso con los principios democráticos, así como por el volumen y la calidad de sus actividades, su vocación nacional y su independencia respecto de intereses sectoriales y particulares.

Por estas características esenciales y por su capacidad, la Universidad de Chile debe contribuir al desarrollo conjunto de todo el sistema universitario estatal a través de fórmulas cooperativas en sus diversas actividades y en sus tareas de servicio a las necesidades del país.

En ese sistema las relaciones con las demás universidades del Estado son fundamentales, porque atienden a la responsabilidad que éste tiene de suministrar condiciones de formación superior con calidad asegurada a lo largo de todo el país.

Tercero, la sociedad entrega el financiamiento necesario de estos objetivos.

La calidad, desde luego, exige recursos. El debate nacional sobre calidad en la educación tiene que ver, entre otras cosas, con los recursos. Un gasto público demasiado bajo, como ocurre en Chile, no permite crear espacios públicos de calidad. Hasta ahora, los énfasis del Estado han sido puestos en contribuir al financiamiento estudiantil, pero no así hacia el financiamiento de las universidades públicas.

Las cifras son contundentes en educación superior: nuestro sistema público de universidades recibe comparativamente muchísimos menos recursos fiscales que el de los Estados Unidos o el de cualquier país desarrollado.

El aumento conjunto de la calidad y la equidad en las universidades públicas no puede solventarse con fórmulas de autofinanciamiento, a menos que en ellas se desnaturalice su esencia.

Una política de calidad con equidad debe considerar medidas como las siguientes:

  • Se ha planteado que el 10% de las ventas brutas de Codelco debe dejar de ir a financiar adquisiciones de las fuerzas armadas. Una parte de esta cifra podría financiar mejoras en la calidad de las universidades públicas.
  • Sin perjuicio de los fondos concursables que ha generado el Estado, es indispensable el incremento de los recursos basales que aseguren una plataforma de desarrollo sostenido en correspondencia con el logro de ese modelo.
  • El Estado debe asumir la deuda de arrastre de las universidades estatales, porque ella fue generada en gran medida por acciones derivadas de la intervención militar, y porque así lo ha hecho el Estado con otras instituciones en el pasado. El monto anual del servicio de la deuda debería transformarse en convenios de desempeño.

Cuarto, la universidad y el Estado se comprometen a tener cuentas transparentes.

A los mayores recursos planteados deben corresponder mejores resultados, y los resultados deben ser conocidos por todos. No estamos reclamando una afluencia de recursos y un establecimiento de disposiciones favorables sólo para mantener nuestros estándares, que sabemos requieren mejoramientos profundos en muchas áreas y muchos aspectos.

Lo que buscamos es generar un modelo de universidad pública, que aporte decisivamente al aseguramiento de la calidad de nuestro sistema universitario y a las necesidades del país con el más alto nivel de rendimiento cultural, científico y tecnológico. Y todo esto con un debate público e informado.

A ese incremento deberá responder la Universidad de Chile y las demás universidades del sistema estatal con un esquema transparente y periódico de rendición de cuentas y evaluación de resultados.

Por esa misma razón, debemos ser claros al formular nuestras propuestas. Por una parte, la Universidad de Chile defiende la existencia de instituciones estatales de educación superior, basada en argumentos de fondo, orientados a mantener espacios de diversidad, pluralismo y libertad, independientes de intereses específicos; con este propósito plantea la necesidad de un Nuevo Trato que haga posible el desarrollo de estas instituciones en condiciones adecuadas y justas de acuerdo a las tareas específicas que les han sido asignadas, y frente a la competencia de las universidades privadas. Pero al mismo tiempo, la Universidad de Chile propone que el Nuevo Trato establezca derechos y deberes bajo la forma de convenios de desempeño. Los derechos quedan definidos como aportes económicos estatales especiales, sostenidos en el tiempo bajo condiciones de evaluación periódica, y los deberes establecen condiciones de calidad y rendimiento de las instituciones y de compromiso de colaboración con la sociedad en la cual están insertas (sea la región, sea todo el país).

 

X.- UNA INVITACIÓN FINAL

 

Quiero llamar a nuestra comunidad universitaria a pensar con visión de futuro y con ánimo de acciones concretas el tema de las relaciones entre la Universidad y el Estado. Los quiero llamar a ofrecer fórmulas que funcionen, porque eso es lo que necesitan las generaciones de jóvenes que hoy van a las escuelas, liceos y colegios y mañana esperan estar aquí: una Universidad de Chile pública y de calidad, una universidad propositiva, activa, firme en las convicciones y dialogante en su acción, que haya aclarado sus relaciones con el Estado, y que ponga su espacio a disposición de la búsqueda incondicionada del conocimiento, de la innovación, del pluralismo, de la formación de ciudadanía, de la equidad, de la complejidad, y por cierto de la libertad.

Lo que el país espera hoy de nosotros, académicos, estudiantes y funcionarios de la Universidad de Chile, es que propongamos ideas concretas, razonables, que recojan nuestros puntos de vista, y que se puedan llevar a la práctica después de una negociación con los distintos actores comprometidos en el tema. Lo que buscamos hoy es –reiterémoslo sin reservas- contribuir a dar forma a un nuevo modelo de universidad pública. Chile requiere de una política sustentable para nuestras universidades, y en esa nueva política nuestras propuestas pueden jugar un rol decisivo.

Todo país necesita para su desarrollo de una adecuada articulación entre lo público y lo privado. En Chile se ha favorecido mucho lo privado, mientras lo público sufre una relegación creciente, hasta el punto que este rezago está comprometiendo el desarrollo equilibrado del país. Cuando planteamos la idea de un Nuevo Trato entre el Estado y sus universidades públicas, interpretamos –de ello estoy convencido- una sentida necesidad del país y de su gente. Esta es una política pública de país, una necesidad de Chile, muy anhelada por las familias y los estudiantes.

La Universidad de Chile reitera hoy, con plena fidelidad a su tradición y vocación, su carácter público, y el compromiso con su resguardo, así como el de lograr calidad con equidad.

  • Sin equidad las universidades no merecen ser estatales. La equidad consiste en que la calidad alcance a todos, porque no queremos discriminaciones educacionales separadas por grupos de ingresos.
  • Sin excelencia la equidad se queda en el discurso. Sin calidad el acceso universal es un bien vacío.

Éste es también el sentido que tiene el Nuevo Trato con el Estado que la Universidad de Chile demanda para sí misma y para las demás universidades estatales, en el convencimiento de que la educación es un bien social y que lo es en el grado más eminente. Le asignamos a la educación una índole irrenunciable de patrimonio y de capital de identidad, en la medida en que debe suministrar los elementos constitutivos de ciudadanía y expandir las bases de la democracia en nuestro país.

Cabe en este momento una última observación. Aunque hemos logrado instalar la idea y necesidad del Nuevo Trato en la agenda política nacional, no se nos debe escapar el hecho complejo de que la etapa que viene no puede ni debe estar signada por una disputa acérrima sobre los contenidos del mismo. Debemos hacer nuestros mejores esfuerzos para alcanzar los mayores consensos posibles, en el entendimiento que lo relevante de un Nuevo Trato es el hecho que éste debe suponer una “modernización pública”, con un claro sentido de resguardo y potenciamiento de “lo público”, y no tratarse simplemente de un reacomodo más de los ya vistos en estos años, hayan sido éstos exitosos o no. Esto último no es un tema menor, por el contrario, es un tema simbólico-político que creo va a adquirir mucha relevancia en los espíritus intra y extra universitarios durante el debate que se inicia hoy.

Saludo cordialmente a todos quienes están llevando adelante este Evento Universitario. Al Senado Universitario, a las diferentes Comisiones, a las académicas y académicos, estudiantes y funcionarios y funcionarias con cuyo trabajo y opiniones se está construyendo nuestra mirada colectiva. Este Evento abre la posibilidad de mostrarle al país que la participación, la conversación y el diálogo, el debate franco, son la savia natural de la vida universitaria, y la condición necesaria del éxito. Hagamos de esta conversación pública un ejemplo, y a través de ella ayudemos a construir la gran Universidad de Chile que el país necesita.

Como dijera Simone Weil allá en 1937, “El gran peligro son los conflictos sin objetivo definido”. Hoy tenemos un objetivo definido, por el que vale la pena luchar, por el que vale la pena convencer y establecer una política pública clara: preservar una educación pública de calidad para todos, especialmente para los más pobres, y una Universidad de Chile pública, libre y de calidad.

Muchas gracias.

 

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