La polémica por el financiamiento estatal de las universidades públicas sigue.
A la petición hecha por el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, de que el Estado financie al menos el 50% del presupuesto total de las 16 universidades estatales -como parte de un nuevo trato hacia esos planteles-, se suma hoy la entrega de cifras que revelan cuánto es el impacto real del aporte del Estado en el presupuesto de cada una de estas casas de estudio.
Según la información disponible, estos planteles -en promedio- son financiados por el Estado en un 18,11%.
La que más plata recibe es la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), que llega a un 34,39%, mientras que la que menos recursos logra es la UTEM con sólo un 4,98% (ver gráfico).
"¡Cómo es posible que una universidad estatal reciba del Estado menos de un 5% del total de su presupuesto. Es escandaloso, no ocurre en ninguna parte del mundo!", dijo el presidente del Consorcio de Universidades Estatales, rector Juan Manuel Zolezzi.
Diferencias con las privadas del Consejo de Rectores
Pero más escandaloso, para el rector, es que las universidades privadas del Consejo de Rectores reciban más financiamiento fiscal que las propias universidades estatales. Y acusa: el plantel privado con menos aporte estatal logra financiar un 6,33%, mientras que el que más recibe llega a 47,72%, "es decir casi la mitad de su presupuesto es estatal y resulta que es una universidad tradicional, pero privada".
El 2008 el Estado entregó 82 mil millones a las 16 universidades estatales (de Chile, Santiago, Valparaíso, Antofagasta, La Serena, Bío Bío, La Frontera, Magallanes, Talca, Atacama, Tarapacá, Arturo Prat, UMCE, UTEM, Playa Ancha y Los Lagos), mientras que las 9 privadas del Consejo de Rectores (Católica, de Concepción, de Valparaíso, Federico Santa María, Austral y Católicas del Norte, del Maule, de la Santísima Concepción y de Temuco) recibieron 64 mil millones .
Las trabas que enfrentan
El tema fue abordado esta mañana en un seminario internacional en la Universidad de Chile, donde además se detallaron los problemas que enfrentan los planteles estatales: todos sus actos administrativos son controlados antes de que se realicen, tienen endeudamiento restringido al período presidencial en curso, enfrentan procesos de adquisiciones "excesivamente burocráticos", deben cumplir leyes públicas sin que se les entreguen los dineros para ello y tienen limitaciones para contratar extranjeros.
Miembro de equipo que creó la PSU pide cambios de fondo en su administración
La necesidad de realizar un cambio urgente en la institucionalidad responsable de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) porque "hay problemas no resueltos" en torno a las decisiones y administración del examen solicitó el académico Jorge Manzi, uno de los responsables de la puesta en marcha del test, quien además es miembro del comité técnico-asesor del Consejo de Rectores sobre la materia.
"Requerimos una autoridad concentrada en la PSU, que pueda resolver temas tan centrales como cuántas son las pruebas, cuáles son, qué deben medir, cuándo deben hacerse cambio y bajo qué condiciones. Una entidad que esté dedicada a esta materia y no repartiéndose entre muchas otras, como hoy lo hacen los rectores, lo que provoca que muchas veces el tema (PSU) entre en su agenda muy ocasionalmente", dijo.
El académico participó en la tarde de ayer en un debate sobre la PSU junto al investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Harald Beyer, quien criticó duramente el examen.
Manzi recordó que el "dueño" de la PSU es el Consejo de Rectores (25 universidades tradicionales), entidad que tiene un consejo técnico asesor -entre los cuales está Manzi- que lleva a cabo estudios y los asesora en la toma de decisiones. Sin embargo, quien administra la prueba es el DEMRE, organismo dependiente de la Universidad de Chile, que interactúa con el comité técnico.
"Evidentemente hay problemas no resueltos de institucionalidad y claramente esto contamina la discusión, porque no están dadas las condiciones que se requieren para que uno pudiera confiar que estén establecidos los resguardos, los controles y las independencias necesarias", dijo.
Agregó que esta situación hace que se mantenga "una persistente disputa sobre la ecuanimidad y objetividad de personas que ahora estamos brindado apoyo técnico a la PSU" y sostuvo que una nueva institucionalidad "es un tema clave para resolver materias técnicas y que esto no se convierta en un campo de batalla".
Beyer: "Se requiere un cambio de verdad"
Harald Beyer criticó ayer que no toda la información referida a la PSU sea completamente accesible, "lo que no permite hacer análisis por colegios, no se pueden cruzar con las bases de datos del Simce, no está disponible la auditoría internacional y uno tiene siempre la duda de ¿por qué?".
Si bien el experto reconoció que existen desigualdades sociales que inciden en los resultados de los postulantes que rinden la PSU, sentenció que "la nueva prueba ha retrocedido en equidad. Estoy consciente que los grandes problemas de equidad no se van a resolver con el cambio de la prueba (...) Un cambio de verdad supone hacer las reformas al sistema escolar que nos permitan que los niños no se vayan quedando rezagados".