Desde 2008, un equipo de profesionales de la Universidad de Chile de las áreas de la educación y de las Ciencias Sociales, mandatado por el Mineduc y liderado por la Directora del Departamento de Educación, Profesora Mónica Llaña y el coordinador de Relaciones Corporativas de la DBE, Iván Páez, ha desarrollado una serie de iniciativas tendientes a formular una nueva política de convivencia escolar.
La primera etapa fue la realización de un estudio cualitativo, cuyos objetivos generales fueron describir los componentes de la política de convivencia escolar desarrollada desde 2003 y el análisis de cómo los distintos actores del sistema educativo han experimentado la política en su implementación.
Esa investigación consideró la revisión documental de la política, la realización de un seminario de actores relevantes, entrevistas y grupos focales con actores claves a nivel nacional y con diferentes integrantes del sistema educativo en las regiones de Coquimbo, Metropolitana y Bíobío, como también entrevistas en profundidad a actores claves de la implementación de la Política a nivel nacional y consultas on-line a Coordinadores Regionales de Convivencia Escolar -regiones de Arica, Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Metropolitana y Los Lagos.
La información recabada y los análisis desarrollados permitieron sistematizar y analizar la implementación de la Política de Convivencia Escolar 2003; conocer los significados de la convivencia escolar en la vivencia de profesores, estudiantes, apoderado/as y directivos; y detectar los logros y las dificultades de la implementación de la política a nivel de regiones.
En términos generales, los principales aspectos actualizados de esa política, refieren al cambio de eje, desde un enfoque que aborda la convivencia en tanto problema, a un enfoque que se centra en el carácter formativo de la convivencia al interior de los sistemas escolares, reafirmando el carácter pedagógico de la convivencia escolar.
Los resultados de esa experiencia y la nueva narrativa de la convivencia escolar, se comenzaron a transferir a los actores educativos mediante un diplomado con una duración de 4 meses, semi-presencial, dirigido a 80 participantes entre directivos, coordinadores y profesionales ligados a la implementación y ejecución de la nueva política de convivencia escolar, con el fin de empoderar los contenidos significativos de dicha política. Cabe señalar que esos 80 participantes provenían de equipos directivos y/o profesionales de 80 comunas del país.
También se desarrolló un curso de extensión dirigido a 1.000 Asistentes de la Educación a nivel nacional, (Iquique, Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción y Puerto Montt), que consideró como marco teórico básico la política de convivencia escolar actualizada y generó competencias para identificar, caracterizar y abordar situaciones de violencia escolar atendiendo contextos, herramientas formativas y legales.