El centro de la discusión de estos días ha estado vinculado a la voluntad del Gobierno de reformar el sistema de financiamiento para los alumnos. La idea de la autoridad es cambiar la situación actual, en que si bien los planteles tradicionales representan un 20% de la matrícula de primer año en educación superior, sus alumnos concentran el 80% de las ayudas estatales. El planteamiento gubernamental genera inquietud y rechazo entre las organizadas federaciones estudiantiles de las universidades más antiguas del país, pero la necesidad de una reforma en este ámbito parece clara: las cifras señaladas dan cuenta de una evidente discriminación en la asignación de beneficios, donde las posibilidades de un alumno para acceder a ayuda dependen, como factor determinante, no de su condición socioeconómica ni de sus capacidades académicas, sino del tipo de plantel en que estudie.
Pero la discusión sobre la educación superior no se agota en ese tema. Tiene, por ejemplo, mucha razón el rector Pérez al constatar cómo, si bien la ley impide a las universidades tener fines de lucro, en los hechos son recurrentes las noticias sobre millonarias transacciones que involucran a planteles privados. Lo discutible es, sin embargo, cómo enfrentar esa situación: si perseverando en restricciones que se han probado de muy difícil control, o, por el contrario, asumir la realidad y permitir el sinceramiento de los objetivos perseguidos por las distintas universidades, exigiéndoles a la vez mayores grados de transparencia.
En el mismo tema del financiamiento, en tanto, pero desde una perspectiva más global, parece haber cierto consenso en cuanto a que el aporte de recursos que entrega el Estado a la educación superior es bajo respecto del que efectúan los privados (se dan cifras de 30 y 70%, respectivamente), y así lo ha hecho notar incluso la OCDE. Pareciendo, pues, razonable avanzar hacia un mayor compromiso público en esta área, la eventual entrega de nuevos recursos debiera considerar parámetros objetivos, incluidos mecanismos de fondos concursables abiertos a los distintos tipos de planteles.
Por cierto, cabe tener en cuenta la histórica queja de las universidades públicas en cuanto a las trabas burocráticas que dificultan su gestión y que les impedirían competir en condiciones equitativas con las privadas. Tal tema amerita revisión, como también parece ser tiempo -el Ministerio de Educación ha anunciado una auditoría al respecto- de evaluar cómo está funcionando el sistema de acreditación, punto en que los resultados de la última prueba para egresados de carreras pedagógicas abrieron preocupantes dudas. Las altas cifras de deserción -se calcula que alrededor de la mitad de los estudiantes no termina sus carreras- son otro indicador de que la educación superior chilena, pese a logros notables en la ampliación de su matrícula durante las últimas décadas, todavía está lejos de alcanzar niveles óptimos.