Contexto
La biodiversidad es un rasgo estructural de los ecosistemas, pues cumple funciones vitales para su equilibrio, regulación y correcto funcionamiento.
A su vez, los ecosistemas representan un elemento integral de la biodiversidad, pues a través suyo ésta otorga los bienes y servicios ecosistémicos necesarios y vitales para el sostenimiento de la especie humana y para el soporte de la vida en el planeta. La biodiversidad entrega a la sociedad beneficios directos, que se extraen principalmente de plantas y animales del ecosistema en forma de alimentos, medicinas, materias primas y recursos genéticos; y beneficios indirectos, que surgen de las interacciones y retroalimentaciones de los organismos que componen el ecosistema, tales como purificación de aire y agua, control de la erosión, almacenamiento de agua, polinización y dispersión de semillas, entre otros.
En general, el crecimiento económico provoca una mayor presión sobre los ecosistemas y el medio ambiente, por lo que el estado de la biodiversidad depende crucialmente de la presión que la actividad humana ejerce sobre ella. En función de los beneficios que otorga la biodiversidad, ésta puede ser considerada como un patrimonio que paradójicamente se encuentra amenazado, por lo que el resguardo de ella como capital natural representa un intento de asegurar y perpetuar los beneficios que genera para la sociedad.
Actualmente, muchos países en vías de desarrollo carecen de institucionalidad y políticas apropiadas para mantener y conservar la biodiversidad lo que provoca un uso intensivo de este recurso natural para producción o exportación. Estimaciones como la del Informe Planeta Vivo publicado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, alertan del estado de la biodiversidad en Chile, ubicándolo entre las 50 naciones menos sustentables, con una tasa de consumo de recursos naturales de 2,6 ha globales/persona, superando a la tasa estimada de 1,9 ha globales/persona que la tierra puede soportar.
Sin embargo, y aunque es posible desarrollar políticas para mejorar la institucionalidad y el nivel de gobernabilidad en general, la discusión se ha centrado principalmente en cómo desarrollar políticas públicas que promuevan el crecimiento económico incorporando la dimensión medio ambiental y en cómo asignar los recursos adicionales generados por este crecimiento de una manera más eficiente desde el punto de vista de la economía y del bienestar de la población.
El valor económico total de la biodiversidad se compone de distintas formas de valor que los individuos y la sociedad le asignan a los diversos bienes y servicios otorgados por este recurso. De estos bienes y servicios, existen los que son transados regularmente en el mercado cuyo valor no es difícil estimar puesto que su precio revela la valoración otorgada por la sociedad.
No obstante, existen muchos otros bienes y servicios que no presentan un mercado explícito lo cual dificulta la estimación del valor que la sociedad les asigna. En la mayoría de los casos se valora la biodiversidad sólo a partir de sus beneficios más directos y tangibles, por lo cual se subvalora su contribución efectiva a la economía y a la cadena de generación de valor social, provocando una asignación de recursos ineficientes para la sociedad y una mala gestión de la biodiversidad permitiendo su sobreexplotación. Por esta razón, la economía ambiental ha desarrollado varias metodologías que permiten estimar el valor de los bienes y servicios intangibles que provee la biodiversidad o que simplemente no cuentan con mercados explícitos.
En los últimos años se ha avanzado mucho en la estimación del valor económico de diferentes servicios ecosistémicos y ambientales de la biodiversidad, desarrollándose diversas metodologías para aproximarse a estimar el valor económico total de los ecosistemas y las áreas naturales.