“Teníamos acceso a todos los servicios básicos; vivíamos bien en un barrio donde existía un mixtura de personas de diferentes clases sociales”, recuerda Marlene Avilés, residente de Talca. Producto del terremoto del 27 de febrero del 2010, comenta que “quedamos en la calle”: la casa patrimonial donde vivía, ubicada en el céntrico barrio de Chorrillos, se destruyó con el sismo que afectó a la zona centro sur del país.
Un cuarto de la población de ese clásico barrio, quinientos habitantes, han tenido que construir su nueva vivienda en la periferia de la capital de la Región del Maule, como explica el profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Jorge Inzulza, quien está investigando el proceso de reconstrucción en esa ciudad. Tal es el caso de Marlene, que hoy, a cinco años del terremoto, ve cómo el sector en el que vivió toda su vida “está lleno de departamentos en altura, de los cuales ninguno fue para las familias de nuestros barrios”.
Con la ayuda del subsidio de la vivienda, adaptado luego del terremoto, Marlene y otras 150 familias de diferentes procedencias, viven en una villa, “en casas pequeñas, lejanas, con falta de servicios donde vivimos en el hacinamiento, casas que no tienen dormitorios en el primer piso, lo que complica a discapacitados y personas de la tercera edad”, hecho por el cual, además de empeorar la calidad de vida y aumentar los gastos de locomoción, “la gente está muy frustrada por vivir en una casa donde no pueden llevar la vida que llevaban antes”.
Para la profesora del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) e integrante de Comisión de Gestión de Riesgos Socionaturales de la Universidad, Paulina Vergara, “los procesos de reconstrucción en Chile han estado focalizados en recuperar las estructuras físicas y se han olvidado completamente de reconstruir la vida de la gente”. En este caso, diagnostica que “con los desastres, la gentrificación se hace mucho más evidente”. Este fenómeno bajo escenarios de reconstrucción “en vez de lograr necesariamente una permanencia de residentes en el centro de la ciudad, sobre todo los de menores recursos, termina siendo un gran motor de desalojo”, agrega Inzulza.
Si bien es enfático en señalar que es “ilusorio y poco justo pensar que las ciudades no tienen que tener cambios socio espaciales”, esos cambios “pueden ser justos o injustos”, dependiendo de ciertas decisiones, como por ejemplo, el tipo de vivendas que se construyen, determinaciones “que muchas veces se toman bajo contextos de mercado inmobiliario y no son resultado de análisis de plantes maestros que permitan que la visión sea la adecuada y la que quiere la gente, sobre todo aquellos que llevan más o menos tiempo en el sector”, como explica el académico.
Gentrificación en Chile
Propuesto por Ruth Glass en 1964, para referirse a la experiencia que estaba sufriendo el centro de Londres, donde personas de menores ingresos fueron desplazadas por otras de mejor situación, el fenómeno hoy se vive de distinta manera. Como plantea Inzulza, actualmente “uno de los principales motores de la gentrificación tiene que ver con la globalización mundial, que se expresa desde el consumo, los modos de vida y las formas en cómo se transan los bienes en el mercado”.
Ahora, “no implica solo un cambio de una clase con respecto a otra, sino que también las maneras en cómo los gobiernos van de alguna forma, sin decirlo, más inconscientes que conscientemente, usando estos fenómenos para hablar de adelanto de barrio o en beneficio de la renovación urbana, o en beneficio del desarrollo urbano, pero una cosa es hacer una buena renovación urbana y otra cosa es hacerla con gentrificación”.
La gentrificación en Chile, explica Inzulza se hace evidente por tres vías: el aspecto normativo –a partir de estímulos a las nuevas construcciones de mayores costos en los centros de las urbes-, uno de tipo espacial –que se ve reflejado en los nuevos tipos de vivienda como condominios cerrados en altura o en extensión-, y otro social -que tiene que ver con un nuevo habitante que puede adquirir una vivienda dependiendo de su capacidad de endeudamiento.
A nivel cotidiano, la gentrificación repercute también en que en barrios donde existía mayor integración social, como el sector Chorrillos donde vivía Marlene Avilés y su familia en Talca, se vean estratificados. Además, no sólo aumenta el valor del suelo, sino que también “el costo de ciudad y de la vida cotidiana”.
Pero no sólo encontramos fenómenos de gentrificación asociados a los procesos de reconstrucción. Inzulza agrega que también en Chile existe “la gentrificación rural”, como en el caso de Chicureo en el sector oriente o en la zona de camino a Lonquén en el sur poniente; gentrificación en el borde costero, como en el caso de La Serena e Iquique y una “gentrificación de orden cultural y patrimonial”, como en el Cerro Concepción de Valparaíso.
Respecto al primer tipo de gentrificación, Marlene Avilés lidera una organización que actualmente está trabajando por mejorar la habitabilidad de sus viviendas definitivas con un proyecto de ampliación de 15 m2. Sobre esto, señala que “nosotros fuimos los que nos organizamos y sacamos adelante los temas, pero las políticas públicas nunca están pensadas para casos de desastres en las personas”, ya que, según comenta, “el terremoto fue para los pobres, pero la reconstrucción fue un negocio inmobiliario”.
Para la académica Paulina Vergara, el caso de Marlene está enmarcado en las consecuencias del terremoto del 2010, pero advierte lo que puede pasar en la región de Atacama, “porque se está considerando una vez más, solamente el factor estructural de construir viviendas, olvidándose que la gente ha perdido trabajo, que es un modo de vida el que se ve afectado; por lo tanto, esto tiene impacto a corto plazo, mediano plazo y largo plazo de manera mucho más profunda”.
“No queremos que esto se vuelva a repetir para ninguna otra persona, tener que dejar el barrio donde habitábamos por una catástrofe, existiendo la posibilidad de podernos quedar”, finaliza Marlene.
El profesor Inzulza concluye que “la nueva construcción de una ciudad, las tipologías de vivienda y de comercio son responsabilidad de la ciudadanía y del gobierno local cómo tiene que hacerse”.