Entidades trabajan en una propuesta para esta normativa

Archivos en Chile: la necesidad de una ley que proteja la memoria de nuestro país

Archivos en Chile y la necesidad de una ley que proteja la memoria
Este 9 de junio se celebró el Día Internacional de los Archivos, instancia en la que diversas entidades dialogaron respecto a la necesidad de una ley que regule el quehacer de las instituciones.
Este 9 de junio se celebró el Día Internacional de los Archivos, instancia en la que diversas entidades dialogaron respecto a la necesidad de una ley que regule el quehacer de las instituciones.
Claudio Ogass, coordinador del Archivo FECh fue uno de los participantes y organizadores de este encuentro.
Claudio Ogass, coordinador del Archivo FECh fue uno de los participantes y organizadores de este encuentro.
Instituciones públicas y privadas se sumaron al trabajo que concluyó con la creación de una Coordinadora Nacional de Archiveros para avanzar en apoyar una ley.
Instituciones públicas y privadas se sumaron al trabajo que concluyó con la creación de una Coordinadora Nacional de Archiveros para avanzar en apoyar una ley.
Emma de Ramón, directora del Archivo Nacional se refirió a la fragilidad en la que se encuentran los archivos sin una ley que los regule.
Emma de Ramón, directora del Archivo Nacional se refirió a la fragilidad en la que se encuentran los archivos sin una ley que los regule.

Como marcados por la “fragilidad” fue que Emma de Ramón, directora del Archivo Nacional, definió la situación actual de los archivos en nuestro país. Esto porque “no existe un marco legal que los ampare, proteja, reglamente y ordene”, sino que sólo hay un par de lineamientos contenidos en la Ley 20. 285 de acceso a la información pública promulgada el año 2008.

Es por ello que con motivo de la celebración del Día Internacional de los Archivos este 9 de junio, el Archivo Nacional y el Archivo FECh realizaron una jornada de diálogos donde representantes de diferentes organismos públicos y privados dedicados a esta materia se reunieron para trabajar y dialogar respecto a los elementos que debería tener un cuerpo legal que rija a los archivos tanto públicos como privados de nuestro país a partir de un “Sistema Nacional de Archivos”.

Algunos elementos centrales que debería tener esta ley, definidos luego de un diagnóstico realizado entre diversas instituciones dedicadas a la archivística son la descentralización de los archivos ya que en algunos casos los investigadores deben viajar a Santiago para trabajar con materiales correspondientes a la historia local; la profesionalización de los funcionarios que trabajan en la gestión de estos materiales; el tema de la preservación digital; la instauración del acceso a estos documentos como un derecho fundamental; la generación de un marco teórico con definiciones básicas sobre el tema; y la creación de una institucionalidad que fiscalice el ejercicio de esta ley, entre otros puntos.

Como explicó Claudio Ogass, coordinador general del Archivo FECh, hoy las organizaciones dedicadas al tema archivístico están en la postura de pasar del diagnóstico al trabajo concreto, ya que “compartimos el diagnóstico de la precariedad de los archivos, sabemos del abandono en el que están, no sólo los que son parte del engranaje institucional, sino que también de los archivos no tradicionales, como son los comunitarios, instancias donde las personas se organizan para transformar los archivos en herramientas de memoria".

Para Alejandra Araya, directora del Archivo Central Andrés Bello, al no tener una normativa específica en esta materia “estamos obviando un pilar fundamental de la democracia y del fortalecimiento de las instituciones, puesto que contar con archivos permite comprometer a los actores sociales con sus acciones, con sus decisiones, con la transparencia de los procesos, rendir cuenta pública y salvaguardar la memoria histórica”.

“Es necesario y urgente proteger este tipo de archivos ya que son mucho más que un lugar de patrimonio e investigación para adultos e historiadores. La actividad archivística es bastante importante porque es el puente que permite vincular los documentos con la ciudadanía”, señaló Ogass.

Otro elemento fundamental que debiese tener este cuerpo legal, como explicó Araya, es “la definición de documento público, porque eso determina qué materiales deben traspasar a los archivos del Estado y la naturaleza de los documentos a los cuales como ciudadanos tenemos derecho a acceder sin restricciones”.

Tal como explicó Emma de Ramón, hoy las autoridades dan las primeras luces a la creación de un cuerpo legal para este tema, a partir del ministerio de Hacienda, entidad a la que se ha planteado que “la situación de los archivos es compleja porque se pierden inmensos recursos en buscar la orientación que la propia administración pública requiere”, y por la existencia de “una serie de elementos sin ningún tipo de regulación, como por ejemplo, lo que se refiere a archivos electrónicos”.

En relación a este punto, Ogass puntualizó que la profesionalización y uniformación de criterios respecto a qué se conserva y que se elimina a nivel de documentación del Estado es fundamental ya que “el archivero ha ido cambiando desde un guardián a la de un gestor de  información”, figura cuyo trabajo determina “que es lo que la sociedad decide olvidar y que queda”, decisión que hoy muchas veces queda a la discrecionalidad de los funcionarios.

Es por ello que uno de los aportes de la jornada del 9 de junio fue la conformación de una Coordinadora Nacional de Archiveros en que concluyeron distintas organizaciones para avanzar en apoyar una ley de archivos en Chile, entidades que continuarán trabajando para aportar en la creación de esta nueva normativa.