La Universidad de Chile, encabezada por su Rector y representada en el Comité de Coordinación Institucional, instancia que reúne a sus máximos organismos, ven con profunda preocupación que el proyecto de Ley de Universidades del Estado, presentado por el Gobierno ante la Cámara de Diputados, no expresa una voluntad clara de fortalecer a las universidades estatales, mediante condiciones de gobernanza, régimen del personal y financiamiento recurrente y progresivo.
Esas condiciones, que deberían restituir el valor y el papel diferenciado de las Universidades del Estado en el desarrollo de formación, investigación y vinculación con el medio en Chile, no encuentran en el actual proyecto de Ley una versión acorde a las necesidades del país y de su desarrollo social y cultural.
El propósito de crear una Ley de Universidades del Estado es considerado como un avance en la intención de fortalecer a dichas instituciones. Sin embargo, su expresión en el proyecto actual atenta contra la autonomía de las universidades y deja pendiente el establecimiento de criterios comunes de gobierno, participación democrática, lógicas de gestión, régimen del personal, financiamiento estable y ampliación de la matrícula. Sin eso no se puede asegurar una verdadera restitución de un sólido sistema público y nacional de educación superior, hasta ahora debilitado por las lógicas privatizadoras y mercantiles instaladas en la sociedad chilena por más de treinta años.
La Universidad de Chile no ha solicitado ser excluida de las normas comunes de gobierno que debieran aplicarse a todas las universidades estatales. Por el contrario, desea que se establezca una fórmula que permita a cada universidad, de manera flexible, contar con el gobierno universitario que mejor responda a la voluntad de su comunidad, en el marco de principios y criterios generales que resguarden su autonomía, la participación y el cumplimiento de su misión.
El fortalecimiento de las universidades del Estado requiere del financiamiento necesario para aumentar su peso relativo dentro del conjunto del sistema, de forma de contribuir con el desarrollo del conocimiento, del patrimonio cultural, la formación de personas y el perfeccionamiento del sistema educacional del país. Lo anterior, implica el aumento de la matrícula, el mejoramiento de la infraestructura y del equipamiento, el reforzamiento de su cuerpo académico. Cabe señalar que actualmente la matrícula de los estudiantes de pregrado en universidades del Estado apenas alcanza a un 15 por ciento de la educación superior. Tenemos grandes esperanzas en que la creación de un Comité de Coordinación de Universidades estatales impulse la articulación efectiva entre las universidades estatales y el resto del sector público.
La iniciativa para las universidades del Estado no puede analizarse sin considerar el Proyecto de Ley sobre Educación Superior radicado en el Senado de la República. En efecto, este consagra dos regímenes de financiamiento según la institución adscriba o no a la gratuidad. El régimen privado sin gratuidad dispondrá de mecanismos de becas y créditos estatales, sin restricción de cupos de matrícula ni arancel; en contraste, las instituciones del Estado tendrán limitaciones en ambos ámbitos. Además, estas entidades privadas seguirán exentas de los controles que rigen en el sistema estatal, como por ejemplo, la Ley de Transparencia y Chilecompra. En consecuencia, tendrán plena libertad de crecimiento, con financiamiento público y con menor control.
La Universidad de Chile, fiel a su misión de contribuir no solo a su desarrollo, sino a la educación pública del país, expresa su decidida voluntad de colaborar para que ambas leyes contribuyan efectivamente al fortalecimiento de las instituciones del Estado y del sistema de educación superior en su conjunto.
Queremos ser claros, se necesita ahora una ley para las universidades estatales, pero esta sólo es aceptable si recoge los principios que hemos expuesto y que cuentan con el apoyo histórico de las comunidades universitarias del país.
Invitamos al Gobierno, al Congreso, a las Universidades del Estado y a sus comunidades al necesario y urgente debate para contar con leyes que, corrigiendo las graves limitaciones e insuficiencias de los proyectos actuales, se traduzcan en la recuperación y el fortalecimiento del sistema de educación pública del país.
POR EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR PUBLICA POR UNA LEY DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO
Ennio Vivaldi, Rector de la U. de Chile
REPRESENTANTES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
María Olivia Mönckeberg, directora del Instituto de la Comunicación e Imagen
Davor Harasic, decano de la Facultad de Derecho
Santiago Urcelay, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
Roberto Aceituno, decano de la Facultad de Ciencias Sociales
REPRESENTANTES DEL SENADO UNIVERSITARIO
Guillermo Soto, vicepresidente del Senado Universitario
Claudio Olea, Florencia Infante, Daniel Burgos, Patricia Gómez, senadores universitarios
REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN
María Cecilia Hidalgo, presidenta del Consejo de Evaluación
Luis Valladares, vicepresidente del Consejo de Evaluación
REPRESENTANTES GREMIALES
Daniel Andrade, presidente de la Fech
Héctor Díaz, presidente de la Acauch
Myriam Barahona, presidenta de la Fenafuch
Vicente Neira, presidente del Sitrauch