Chile posee más del 50 por ciento de las reservas de litio a nivel mundial, enfocando su producción en el carbonato de litio extraído del Salar de Atacama, al considerarse como el producto con mayor volumen de transacción comercial. El mercado de este mineral ha ido en constante ascenso durante los últimos años frente a la fabricación de baterías usadas para vehículos eléctricos, por lo que en 2016 la demanda global se situó en las 201.000 toneladas de LCE y se espera que en los próximos cinco años crezca entre un 10 y 12 por ciento anual.
En plena discusión nacional sobre la explotación de salares, el Académico de la Facultad de Ciencias, Gonzalo Gutiérrez, participó como representante de la U. de Chile en el Tercer seminario internacional ABC del litio sudamericano: tecnologías, industrias, soberanía y medio ambiente, donde expertos de Chile, Argentina y Bolivia analizaron nuevas posibilidades para transformar el modelo productivo a nivel internacional.
Durante el encuentro desarrollado en Antofagasta entre el 26 y 28 de julio, el Profesor Gutiérrez fue expositor de una charla sobre los aspectos científicos, tecnológicos y políticos del litio, detallando la importancia de este mineral para Chile en términos estratégicos. Además, moderó el foro de clausura donde participó la Diputada y Presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara Baja, Marcela Hernando; la Diputada y Presidenta de la Comisión de Medioambiente de la Cámara Baja, Constanza Pérez; y el Dirigente Sindical de la empresa SQM, Pedro Cortés.
Para el Académico Gutiérrez, “en Chile no existen políticas públicas ni regulaciones adecuadas para promover una explotación más económica y eficiente en este tema. Tampoco hay disponibilidad de recursos económicos y de capital humano para desarrollar tecnologías que agreguen valor a esta materia prima, por lo que aún nos queda mucho por hacer. Debemos trabajar por concientizar sobre la importancia de generar proyectos sustentables y respetuosos con las comunidades, sobre todo con los pueblos indígenas de la zona”.
En diciembre de 2015, la Comisión Nacional del Litio creada en junio de 2014 y compuesta por 22 miembros de distintas sensibilidades políticas y profesionales, realizó el informe “Litio: Una fuente de energía, una oportunidad para Chile”, con propuestas para su manejo y explotación en el país. Entre las conclusiones más importantes del documento destacó la falta de una institucionalidad que aborde el manejo de los salares y propicie el desarrollo de esta industria, considerando los ejes social, económico y ambiental. Además, se detectó la carencia de control y conocimiento por parte del Estado, dificultando el impulso de acciones para su protección, conservación y administración sustentable.
El Profesor Gutiérrez, quien también integra la Comisión Nacional del Litio y el Comité CORFO de Minería No Metálica, puesto en marcha en 2016 y formado por 12 miembros, enfatizó que “la nueva administración quiere desmantelar estas delegaciones y hasta ahora no nos han citado a ninguna reunión para seguir avanzando en el tema. Desde el punto de vista estatal, tenemos una gran preocupación porque no hay fiscalización para los contratos de las empresas SQM y Albemarle, que son las únicas explotadoras de litio en Chile. Esto podría decantar en nuevos fiascos, como los contratos de 1992 que permitieron arrendar sitios en el norte del país para que estos privados explotaran, pero nunca se fiscalizó y el tema quedó a la deriva por muchos años. No se asegura la sustentabilidad ni el respeto de los derechos de la tierra y las comunidades”.
De acuerdo al Vicerrector de Investigación y Desarrollo, Flavio Salazar, “el litio tiene muchas más implicancias que las relacionadas a su explotación como recurso natural estratégico. La discusión impulsada en la Universidad demuestra que también debe incluirse el ecosistema, el impacto ambiental, las capacidades de desarrollo regional y nacional e incluso la innovación. Es fundamental que la institución impulse un equipo multidisciplinario para enfrentar los desafíos de este contexto, pues con una mirada más holística se podrá influir en la creación de nuevas políticas públicas capaces de atender las necesidades reales del país. Hacernos cargo del litio nos permitirá proyectar un mejor futuro para la economía nacional y en este sentido el Profesor Gutiérrez ha sido el puente entre la discusión institucional y gubernamental”.
A modo de ejemplo, en la la U. de Chile se han generado tecnologías vinculadas al litio, como Eli-Batt, una batería modular a cargo del Académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Jaime Aleé, capaz de armarse de forma simple para su uso en bicicletas, autos eléctricos y el hogar. Asimismo, en enero de este año cerca de 20 académicos e investigadores de diversas facultades fueron convocados por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID), para diseñar una propuesta de trabajo que permita construir una red multidisciplinaria generadora de nuevos conocimientos, insumos para políticas públicas y aplicaciones desde disciplinas como la química, ecología, ciencias sociales, ingeniería e innovación.
En tanto, el Profesor Gutiérrez agregó que “las universidades estatales tienen un rol fundamental y estamos al debe, pues no hemos sabido tomar este desafío y hacérselo ver al Estado. La corrupción en la clase política chilena sepultó todos los esfuerzos de la Comisión Nacional del Litio, que ha sido la única agrupación de expertos que concluyó por unanimidad. Por ello, la U. de Chile debe tomar estas recomendaciones con más fuerza, involucrando a Rectoría, al Senado Universitario, a las vicerrectorías y todas sus facultades. Esto significa que se unan los esfuerzos desde la multidisciplina, para saber las líneas bases de medio ambiente; tener claridad sobre la situación jurídica, de las aguas y las comunidades; y agregar valor al litio explotándolo mejor e incorporando tecnología”.
Entre las recomendaciones que concluye el Académico, se enfatiza que el Estado debe tomar en sus manos la situación de los salares y el litio, a través de una participación superior al 50 por ciento en las empresas que los explotan. También crear una empresa nacional que coordine y se asocie con privados; una superintendencia de salares que se encargue de su gobernanza mediante fiscalización; y un centro de investigación estatal enfocado en los salares, donde las universidades estatales se constituyan como los principales organismos que lo nutran.