La académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Teresa Flórez, es una de las expertas convocadas a integrar el Consejo asesor que evaluará el proceso de implementación de la Ley de Nueva Educación Pública. La Ley 21040 exigía un consejo de seis expertos a nivel nacional, quienes de aquí al año 2021 deben entregar un informe de esta primera etapa de trabajo, y cuya labor se extiende hasta el año 2025.
Una de las tareas prioritarias de este Consejo es solicitar y analizar diversos informes que sus integrantes logren reunir entre instancias oficiales y actores educativos, además de convocar y consultar a representantes de profesores, asistentes de la educación y estudiantes, así como a académicos con experiencia en el tema. Con este trabajo se busca conocer los avances, desafíos y dificultades que presenta la implementación de los servicios locales de educación pública. A partir de esa revisión, los y las expertas realizarán recomendaciones, que podrían contemplar propuestas de política pública o modificaciones legales que se requieran para el buen funcionamiento del sistema, entre otras atribuciones.
“También podemos hacer recomendaciones de todo tipo que contribuyan a mejorar el proceso. Un requerimiento del Consejo es que represente una variedad de visiones. Pienso que mi visión es la más cercana a la formación pedagógica y al mundo del aula y la escuela. Ese puede ser el aporte de la Universidad de Chile, contribuir con una visión más crítica que pueda ir más allá de consideraciones costo-beneficio, cercana a las voces de actores relevantes en el proceso”, explica Flórez.
El objetivo del nuevo Sistema de Educación Pública es garantizar calidad de la educación, en un sentido integral y complejo de este concepto, con énfasis en el desarrollo de la autonomía en las comunidades territoriales escolares, desde un sentido democrático, participativo, contextualizado y orientado a las trayectorias de los estudiantes, en función del logro de aprendizajes variados y complejos para el siglo 21 y de una convivencia inclusiva en el aula y el colegio. Una de las políticas que se generan a partir de esta ley es la transferencia de los establecimientos educacionales de 345 municipios a 70 Servicios Locales de Educación.
La profesora Flórez es experta, entre otras áreas, en investigación de políticas de evaluación. Actualmente dirige el proyecto FONDECYT “El proceso de construcción de la política educacional: análisis de textos mediáticos y de política educacional para el caso del SIMCE”, junto con otras investigaciones.
Desde la investigación y estudio de estas políticas, Flórez espera aportar con una mayor complejidad a este proceso, “con una visión desde cómo se vive en terreno, en el aula, y contribuir a los cambios de cultura que se requieren”.
Por otra parte, explica, es necesario precaver que no se generen políticas tensionadas a partir de la nueva Ley. “Con esta Ley con y con la creación de la Comisión hay una buena oportunidad para repensar el sistema de evaluación. Pero es difícil, por ejemplo, mantener esfuerzos de colaboración en red entre establecimientos si los haces competir”, señala.
Flórez advierte que la legislación que se comienza a aplicar tiene muchos aspectos positivos como los principios de autonomía y democracia en las escuelas, “pero hay muchas menciones de que se requiere monitoreo y mejora constante de la calidad. Eso, en potencia, puede ser positivo si desarrollas un sistema de evaluación coherente con los principios de la Ley. Sin embargo, si mantienes lógicas como las del SIMCE y sus políticas asociadas, se puede generar una contradicción, porque van en contra de la autonomía, la contextualización, la diversidad y el concepto más integral de educación que se busca promover”.
Los integrantes de este Consejo son el también académico de la Universidad de Chile Cristián Bellei, sociólogo e investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación; Susana Claro, ingeniera civil de la Universidad Católica y académica de la Escuela de Gobierno UC; Omar Jara, profesor de Estado en Historia y Geografía y ex subsecretario General de Gobierno; Aldo Cassinelli, asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia durante el primer gobierno de Sebastián Piñera; Jorge Barrera, abogado de la U. de Chile y ex asesor legislativo de la senadora Von Baer.