Este 21 de octubre los habitantes de las comunas de Las Condes, La Reina y Providencia están llamados a participar en una consulta para aprobar o no el proyecto propuesto por el alcalde Joaquín Lavín de construir una laguna de agua cristalina en el interior del Parque Padre Hurtado.
Las nuevas instalaciones –parte de un proyecto mayor de intervención en el parque- estarían abiertas a quienes deseen bañarse en sus aguas durante el verano, o practicar deportes náuticos en invierno, luego de pagar una entrada de 6.500 pesos por persona, lo que ha sido cuestionado por agrupaciones ciudadanas y concejales de los municipios involucrados.
Esta iniciativa nace a partir de un problema que se arrastra hace tiempo, y afecta no sólo a este parque: la falta de recursos para poder mantener los parques públicos y áreas verdes en nuestro país, sobre todo en los municipios que cuentan con menos dinero, ante lo cual la alternativa de concesionar parte de los mismos ha ido ganando terreno.
El académico del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), Alexis Vásquez, aseguró que esta modalidad de gestión “se ve hace tiempo y no sólo en esta materia, sino que es una lógica instalada también en otros aspectos de infraestructura, como las carreteras. El Estado y los gobiernos locales no cuentan con los recursos para satisfacer necesidades básicas en las ciudades y buscan inversión privada otorgándoles ciertas condiciones beneficiosas para hacer negocios en los espacios públicos”.
Esto, a pesar de los numerosos beneficios entregados por los parques públicos, tanto para la salud -disminuyendo el estrés y como espacio para hacer ejercicio, disminuyendo la incidencia de enfermedades como la obesidad o diabetes-, como para el medio ambiente, filtrando el aire y mejorando su calidad, ayudando a disminuir el escurrimiento superficial y la posibilidad de inundaciones y protegiendo la biodiversidad.
Debido a ello, el profesor Vásquez se pregunta si este modelo es el más adecuado para mantener y mejorar estos espacios que deberían beneficiar al conjunto de la comunidad, ya que conllevan cobros que terminan excluyendo a parte de las personas que disfrutaban con los parques anteriormente. “Si pones este modelo de concesiones, solamente podrían acceder a estas actividades y lugares quienes tengan suficiente poder adquisitivo, y el resto quedaría afuera, incluso de manera solapada como cuando algunos municipios cobran por la instalación de ferias o eventos en los parques cerrando partes de las instalaciones al público en general”, profundizó.
Al respecto, el académico explicó que "el Estado debería buscar otros mecanismos para que desde su misma institucionalidad pueda satisfacer estas necesidades. Por ejemplo, podría preguntársele a la población si estarían dispuestos a pagar un recargo municipal bajo pero aplicado a un gran número de personas, para mantener estos parques de acceso público. A lo mejor estarían dispuestos, no se sabe. En la experiencia internacional hay diferentes mecanismos pero la solución que siempre se utiliza acá es el sistema de concesiones".
En la misma línea la profesora Carolina Devoto, del Departamento de Arquitectura de la FAU, recordó que mientras en Estados Unidos existen casos de parques donde se busca rentabilizar cada metro cuadrado, en Europa estos espacios son gestionados de manera pública. "Creo que en este caso la alianza público-privada puede funcionar en temas puntuales, por ejemplo en estacionamientos, o la concesión de áreas deportivas, que es algo más tradicional", detalló.
Consultada sobre el marco legal que regula la administración de estos espacios, Devoto alertó sobre la falta de una normativa adecuada en materia de áreas verdes urbanas, que si bien se encuentran reguladas a través de la ley de urbanismo y construcción, con una definición de área verde vinculada a la naturaleza y su uso recreativo, ésta se encuentra desfasada. "No se ha modificado la jurisprudencia y normativa incorporando nuevos usos y funciones de las áreas verdes en una ciudad, por ejemplo como regulador térmico, absorción de partículas, biodiversidad, control de flujos de agua etc.".
A ello se suma la existencia de dos programas de mantención de parques públicos. "En la zona oriente por lo general estas áreas están mantenidas por los municipios, mientras que en otras comunas existe un programa que lleva el SERVIU a través del Parque Metropolitano desde los años 90 cuando se fundan parques como La Bandera, André Jarlan o Violeta Parra en comunas donde no había áreas verdes ni recursos municipales para desarrollarlos", explicó.
"En Chile somos buenos para conseguir plata para diseñar y construir parques urbanos, pero tenemos un problema para gestionar y conservar estas áreas después, y eso se debe resolver si no queremos enfrentarnos una y otra vez a este problema", finalizó.