Es motivo de gran orgullo que nuestra Universidad de Chile sea la institución anfitriona del Primer Encuentro de la Red de Universidades Estatales Chilenas por la Inclusión de Estudiantes en Situación de Discapacidad (2019).
Queremos agradecer la creación de esta instancia tan relevante, en la que el Senado Universitario no dudó en participar, ya que surge de la necesidad de que nuestro sistema de Educación Superior experimente transformaciones institucionales que favorezcan procesos efectivos de inclusión para la población en situación de discapacidad, tanto en el ámbito educativo como laboral.
Según indica el Segundo Estudio Nacional de Discapacidad realizado el año 2015, el 20% de la población mayor de 18 años está en situación de discapacidad. De ellos, solo un 23,4% logra terminar su enseñanza media y un 9,1 % completar sus estudios de educación superior.
Asimismo, la ley laboral actual exige a los empleadores que de 100 trabajadores, un 1% de ellos corresponda a personas en situación de discapacidad.
Cuesta pronunciar estas cifras sin vergüenza. Las universidades del Estado deben seguir otro derrotero, pueden y deben hacerlo de otra manera. La diversidad funcional es una realidad constitutiva de nuestra sociedad y debe considerarse un deber reconocerla y generar las políticas que desestimen juicios minusvaloradores de las personas y por el contrario, no refuercen barreas e impedimentos solidificados en sociedades poco dúctiles y refractarias a la diferencia.
Una educación que, en los hechos, excluye y no cautela ni facilita sino, por el contrario, obstruye la formación de esta parte de nuestra población nacional, no solo vulnera los derechos sociales y culturales y los derechos humanos de personas que son por excelencia sujetos de derecho, sino que muestra su más cruda cara de inequidad y vulnera los principios de igualdad, de solidaridad que deben orientar la vida en sociedad.
Los esfuerzos institucionales realizados por la Universidad de Chile a través del Programa de Apoyo a Estudiantes en Situación de Discapacidad (PAED) (2011); la Creación de Unidad de Aprendizaje del Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos (2013); la Creación de la Oficina de Equidad e Inclusión (2014), y la Constitución de la Comisión de Discapacidad (2015), se han visto coronados el año 2018, con la aprobación, por el Senado universitario, de la Política Universitaria de Inclusión y Discapacidad en la perspectiva de la Diversidad Funcional de la Universidad de Chile. Esta fue resultado de un intenso proceso de elaboración participativa, transversal y con perspectiva de derechos humanos que involucró a la Dirección de Pregrado, la Oficina de Equidad e Inclusión y la Secretaría de Inclusión y Diversidad funcional de la FECH, y en la cual participaron el Programa de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad (PAED), grupo Convive, Núcleo de Desarrollo Inclusivo, las distintas instancias de Rectoría: en particular, la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y la Vicerrectoría de Gestión Institucional. Instancias que fueron coordinadas todas por el Senado Universitario, a través, principalmente, de los senadores Patricio Bustamante y Florencia Infante, a todos quienes aprovecho la oportunidad de volver a agradecer.
Tal como plantea dicha política, las inequidades, dificultades y problemas educacionales, laborales y psicosociales concomitantes que resienten hoy en día las personas en situación de discapacidad representan un desafío ético y de igualdad para nuestras universidades. El establecimiento de principios, derechos, deberes y obligaciones consagrados en instrumentos internacionales -suscritos por Chile; y la misión que tienen nuestras Universidades estatales de compromiso con los principios de dignidad, no discriminación, participación e inclusión plenas y efectivas, y de respeto y fomento de la diversidad de facultades de las personas, deben imponer a nuestras instituciones un ritmo de urgencia en la creación de políticas y acciones tendientes a abordar este tema de manera responsable y eficaz.
Tenemos la oportunidad de convertirnos, estas universidades estatales, en espacios ejemplares que den muestras elocuentes al país de que se puede construir lo público de manera cooperativa, solidaria y en procesos de mutuo apoyo. De convertirnos en referentes educativos de algo tan sustantivo como el respeto de los principios de igualdad de derechos para todas las personas.
Amparadas en la nueva Ley de Universidades del Estado, las universidades estatales -es decir, las universidades que se encuentran en función de lo común, y que se deben al país-, tienen aquí un maravilloso desafío: agruparse y convertirse en referente de una educación superior que renueve su compromiso con la inclusión y el desarrollo de las capacidades creativas de todas las personas, y del especial apoyo a aquellas que se encuentran en diferentes situaciones de discapacidad.
Ese será un paso seguro en la dirección de recuperar la educación pública para lo público, para lo común, para una sociedad de derechos y entendimiento, ya no de privaciones y barreras.
Quienes están aquí presentes seguramente serán los y las primeros y más esclarecidos en mostrarnos el camino adecuado para cumplir con dicha meta. Ustedes tienen la experiencia más valiosa pero además, el compromiso para compartirla. Muchas gracias a ustedes por eso, por su empeño puesto en esta hermosa causa que nos llena de orgullo como Universidad.
Alejandra Bottinelli, Vicepresidenta (S) Senado Universitario.