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Diego Piñol sobre incorporación de Fuerzas Armadas a lucha contra el narcotráfico:

"Cualquier evidencia en cualquier país del mundo nos dice que esto no funciona"

La firma por parte del Presidente Sebastián Piñera de un decreto que autoriza a las Fuerzas Armadas a participar en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en las fronteras del país generó una amplia discusión entre partidarios y críticos de la medida. Desprofesionalización, abusos, violencia y conflictos a nivel constitucional son algunos de los elementos críticos que Diego Piñol, coordinador de Investigación del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, INAP, expone en esta entrevista al cuestionar el paso anunciado por el gobierno.

La iniciativa busca incorporar a las FF.AA. a las tareas de resguardo de las fronteras para combatir el narcotráfico.

La iniciativa busca incorporar a las FF.AA. a las tareas de resguardo de las fronteras para combatir el narcotráfico.

Diego Piñol cuestiona la propuesta por sus consecuencias tanto para las FF.AA. como para el país.

Diego Piñol cuestiona la propuesta por sus consecuencias tanto para las FF.AA. como para el país.

La lucha contra el narcotráfico es uno de los principales desafíos en materia de seguridad que deben enfrentar los gobiernos, que se enfrentan al riesgo de que ese tipo de estructuras criminales se extiendan con los males asociados que arrastran: corrupción y violencia en distintos ámbitos y niveles al interior de la sociedad. Es por eso que el debate sobre cómo hacerle frente ha sido intenso, sin existir consenso de cómo lograr el objetivo.

En ese contexto, el pasado 9 de julio el Presidente Sebastián Piñera firmó un decreto que autoriza la participación de las FF.AA. en tareas de vigilancia, apoyo logístico, transporte y tecnología en todo lo relacionado con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en las fronteras del país, que hasta el día de hoy estaba limitado a Carabineros y la Policía de Investigaciones.

La medida, en la línea con políticas implementadas en el pasado por países como México o Colombia en esta misma materia, ha sido duramente criticadas por distintos actores políticos y civiles ligados a temas de seguridad, por sus eventuales consecuencias negativas.

Para Diego Piñol, coordinador de Investigación del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del INAP de la Universidad de Chile, existe no sólo un conflicto en materia de los objetivos definidos en la Constitución para cada institución involucrada, sino también serios riesgos para las mismas FF.AA. y para la sociedad.

Una de las críticas que se han emitido al decreto es que involucra a las FF.AA. en materias que no les corresponden institucionalmente

Efectivamente aquí se traslapan distintos objetivos institucionales, e incluso constitucionales. Si le estamos traspasando cierto nivel de responsabilidades que hasta ahora ha tenido Carabineros a las FF.AA. eso significa cambiar de manera radical la forma como pensamos la labor de las policías, y también modificar el objetivo de las FF.AA. en el sentido de la proteción de la soberanía. 

No hay funciones específicas de estas instituciones armadas que puedan relacionarse con estas funciones, y en el decreto no queda claro tampoco cómo se coordinarán con la PDI, Carabineros y el Ministerio Público. ¿Cómo se resguardarán los principios y garantías de las persoans que entrarán en contacto con el personal militar? porque su foco está centrado en el combate a un enemigo, no en el resguardo del debido proceso y los DD.HH. en una investigación.

¿Están preparadas las FF.AA. para hacerse cargo de este tipo de funciones?

La verdad conviene cuestionarse si su personal tiene la capacitación para enfrentar procesos resguardados por garantías procesales y constitucionales. La detención y procesameinto de personas, la entrega de evidencia al Ministerio Público son procedimientos que no conocen los integrantes de las FF.AA., no tienen contacto con una investigación policial, no conocen los estándares establecidos ni los derechos de los detenidos, y esta formación no se entrega en una inducción de un par de horas, sino que son elementos que están en la base de la formación en las academias policiales.

¿Hay entonces un problema más de fondo respecto a cómo se trata este tema desde el Estado?

Seguimos pensando en la lógica de la persecución, además tenemos una imagen de este fenómeno que es muy distinta a la que se expresa en Chile. De acuerdo a los informes que ha entregado el Observatorio de Narcotráfico de la Fiscalía, la composición de quienes comercian droga en Chile no responde a una lógica tan jerárquica, piramidal y compleja como uno tiene en la cabeza, son muchas veces organizaciones de tipo familiar, más centradas en lo local, donde la estrategia es distinta a la que supone la persecución y vigilancia a través de frontera, FF.AA. etc.

Los delitos de narcotráfico se han perseguido de esta manera durante los últimos 40 años y no se ha tenido éxito, pero seguimos haciendo las mismas cosas porque hay una mirada errónea sobre las políticas de droga y cualquier evidencia en cualquier país del mundo nos dice que esto no funciona, no se ha entregado ninguna evidencia que permita pensar que esta medida va a resolver en algo el problema.

¿Cual es la experiencia internacional al respecto?

A mi me ha tocado revisar la experencia de México y Colombia, y se repite el mismo corolario: se habla de la "guerra" al narcotráfico y quien termina sufriendo y pagando los platos rotos es la ciudadanía y las comunidades, los pequeños eslabones de la cadena.

De hecho cuando las FF.AA. se han involucrado en estas tareas en otros países los resultados han sido su desprofesionalización, y violencia, y hay que cuestionarse si se van a lograr los objetivos que queremos, porque, por ejemplo, en Chile si uno ve la aplicación de la Ley 20.000, ésta se ha centrado en la persecución de consumidores y microtraficantes. Aunque la política de droga se llena de discursos rimbombantes, terminan afectando la vida de personas que sufren y mueren sin que sean tocados nunca los grandes eslabones de la cadena.

¿Por qué entonces hay gente que reclama la participación de las FF.AA. no sólo en este caso, sino también en la Araucanía en el conflicto entre el Estado y comunidades mapuche?

En Chile hay cierto porcentaje de la población que aún ve la Dictadura Militar con buenos ojos, con un resabio de pensar que los militares pueden cumplir ciertas funciones civiles, el problema es que la visión más general de Estado parte por reconocer las violaciones a los DD.HH. de ese período,  también tiene que tener una mirada crítica sobre las funciones actuales de las FF.AA., porque si tenemos un historial de vulneración de DD.HH. donde el Estado persiguió, mató y encarceló a un número importante de personas, pensar que cumplir funciones civiles no viene provisto de esta carga me parece cuestionable.

Siempre es posible que una parte de la población demande medidas de este tipo y mañana pueden pedir pena de muerte u otras cosas, pero el Estado tiene que velar por el cumplimiento del bien común y resguardar un debido proceso, para eso justamente hemos elegido nuestros gobernantes: para que protejan los valores fundamentales, entonces caer en estos populismos penales porque la población lo ha solicitado es abrir la puerta a cualquier cosa.

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