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A partir de la Cátedra de Derechos Humanos y Defensoría Jurídica

Universidad de Chile realizó contundente exposición frente a Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Representantes de ambas instancias universitarias denunciaron las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el marco de las movilizaciones sociales actuales. Además, en alianza con organizaciones de la sociedad civil, nuestro plantel solicitó al organismo internacional efectuar una serie de medidas a corto y largo plazo, cuyos objetivos son la protección de los derechos fundamentales y la profundización de la supervisión internacional atendida la gravedad de lo que está sucediendo en nuestro país.

Delegación de la Universidad de Chile, compuesta por la Defensoría Jurídica y la Cátedra de DD.HH., junto a representantes de organizaciones de la civil y otras instituciones.

Delegación de la Universidad de Chile, compuesta por la Defensoría Jurídica y la Cátedra de DD.HH., junto a representantes de organizaciones de la civil y otras instituciones.

Los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no sólo escucharon atentamente, sino que también felicitaron la presentación de la sociedad civil y de la Defensora de la Niñez.

Los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no sólo escucharon atentamente, sino que también felicitaron la presentación de la sociedad civil y de la Defensora de la Niñez.

La instancia, presidida por Esmeralda Arosemena de Troitiño, abrió con la exposición de las organizaciones de la sociedad civil.

La instancia, presidida por Esmeralda Arosemena de Troitiño, abrió con la exposición de las organizaciones de la sociedad civil.

Posteriormente fue el turno del Estado, representado por Mijail Bonito y Hernán Salinas.

Posteriormente fue el turno del Estado, representado por Mijail Bonito y Hernán Salinas.

Finalizaron el Instituto Nacional de Derechos Humanos, representado por Branislav Marelic, y la Defensora de la Niñez, Patty Muñoz.

Finalizaron el Instituto Nacional de Derechos Humanos, representado por Branislav Marelic, y la Defensora de la Niñez, Patty Muñoz.

Las organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la CIDH indicar el cese inmediato de las violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos en Chile.

Las organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la CIDH indicar "el cese inmediato de las violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos en Chile".

La instancia contó con la presencia de la jefa del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros de Chile, Coronel Karina Sosa.

La instancia contó con la presencia de la jefa del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros de Chile, Coronel Karina Sosa.

Durante la audiencia, la CIDH aceptó realizar la visita in loco a nuestro país.

Durante la audiencia, la CIDH aceptó realizar la visita in loco a nuestro país.

La directora del Centro de Derechos Humanos, Nancy Yáñez, estuvo presente en la audiencia y fue parte del equipo de la Defensoría Jurídica.

La directora del Centro de Derechos Humanos, Nancy Yáñez, estuvo presente en la audiencia y fue parte del equipo de la Defensoría Jurídica.

Dentro del público asistente se encontró Juana Calfunao Paillalef, una de las principales autoridades de la comunidad Juan Paillalef, reconocida por su defensa de las tierras ancestrales.

Dentro del público asistente se encontró Juana Calfunao Paillalef, una de las principales autoridades de la comunidad Juan Paillalef, reconocida por su defensa de las tierras ancestrales.

Este lunes 11 de noviembre se desarrolló en la ciudad de Quito una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para analizar la situación que vive nuestro país en el marco de las multitudinarias movilizaciones sociales y la fuerte violencia estatal. La instancia, presidida por Esmeralda Arosemena de Troitiño, abrió con la exposición de las organizaciones de la sociedad civil que solicitaron a la Comisión indicar “el cese inmediato de las violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos en Chile” y establecer mecanismos para determinar la verdad de lo sucedido, asumir las responsabilidades correspondientes y comprometer la reparación hacia las víctimas. 

En esta ocasión, y de manera extraordinaria, la Universidad de Chile tuvo doble representación: a través de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y la Defensoría Jurídica de la Facultad de Derecho, dos unidades que han venido trabajando en la férrea defensa y protección de los Derechos Humanos, y cuyo trabajo ha sido reconocido y valorado por organismos internacionales, como la CIDH.

El coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos, Claudio Nash, aseguró en su intervención que el orden público no se restablece “ni con la tortura, ni con las ejecuciones extrajudiciales, ni con la violencia sexual, de eso estamos hablando y por eso estamos aquí, si no, estaríamos discutiendo esto políticamente en Santiago y llegamos aquí porque hay una situación gravísima”.

“La dictadura militar chilena quedó marcada en la historia por la desaparición forzada de personas como un instrumento de terror: este gobierno pasará a la historia por los cientos de jóvenes que vivirán con mutilaciones oculares como consecuencia de la violencia opresiva. No estamos hablando de casos aislados, estamos ante el terror instalado como práctica sancionatoria y atemorizante. Desde la antigüedad que la humanidad no veía un uso semejante de la ceguera como instrumento para callar a la ciudadanía”, cerró el también académico de la Facultad de Derecho.

En representación de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, el presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, Vicente Bustos, explicó que “hoy exponemos un balance de lo que hemos observado en las calles, cuarteles policiales y hospitales. Nuestras cifras, obtenidas autónomamente y sólo para casos en Santiago (salvo excepciones), evidencia patrones comunes en la represión estatal a la protesta social que configuran un escenario de violaciones graves, masivas y sistemáticas de los DD.HH.”. 

“Se sigue justificando el actuar en la seguridad y permanece el relato del enemigo interno, de una guerra que no es tal. Además, el gobierno sigue invisibilizando la violencia sexual, la tortura y la práctica generalizada de detenciones ilegales”, explicó Magdalena Garcés, abogada de la Fundación Londres 38 e integrante de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile.

Representantes de la sociedad civil presentan alarmantes cifras

Dentro de las organizaciones que expusieron durante la jornada se encuentran la Articulación de Organizaciones para la Defensa de Derechos Humanos -conformada por diversas organizaciones de la sociedad civil-, Amnistía Internacional, el Colegio de Abogados de Chile y la Asociación de Magistrados del Poder Judicial de Chile.

Francisco Figueroa, representante de la Articulación de Organizaciones para la Defensa de los DD.HH., coordinador de redes de Corporación Opción, y egresado de la U. de Chile, aseguró que “la criminalización del derecho a manifestación y la discrecionalidad del actuar policial no son prácticas aisladas, sino una política de Estado, que a contar del 18 de octubre se extremó para reprimir a una población civil movilizada por derechos sociales y económicos como si fuera un “enemigo interno”.

Por su parte, Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez, expuso como organismo autónomo del Estado entregando alarmantes cifras. En relación a los casos recibidos directamente por la institución, la defensora denunció 174 niños, niñas y adolescentes que han sido víctima de vulneraciones a sus Derechos Humanos a lo largo de Chile. De ellos, 12 han sufrido heridas por balas, 12 por perdigones y cinco han sido víctimas de traumas oculares.

“Acá sólo están expresados los números, pero me encantaría que ustedes pudieran conocer cada una de esas caras, porque para el Estado hablar de cinco o 20 personas tiene que ser hablar de personas que han sufrido directamente del accionar estatal y la frialdad que tienen los números no logra transmitir la brutalidad de la violencia estatal”, expresó Patricia Muñoz.

De acuerdo a cifras entregadas por el Ministerio Público, durante las jornadas de movilizaciones se han verificado 1.089 víctimas de delitos constitutivos de vulneraciones a los Derechos Humanos, de las cuales 161 son niños, niñas y adolescentes. 

“Respecto de los niños, niñas y adolescentes en general, el Estado de Chile ha incumplido su deber de prevenir las vulneraciones a los Derechos Humanos. ¿Dónde está Subsecretaría de la Niñez? ¿Dónde está la Subsecretaría de Derechos Humanos? ¿Qué rol tienen respecto de las acciones que se decretan del Poder Ejecutivo? La delegación que se presenta desde el Estado es la mejor manifestación de la forma que ha elegido el gobierno de Chile para enfrentar una crisis social: la represión policial a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”, cerró la defensora.

Respuesta del gobierno

La exposición del gobierno, representado por Hernán Salinas, embajador de Chile en la Organización de Estados Americanos, y Mijail Bonito, asesor del Ministerio del Interior, se refirió al contexto y la situación de “amenaza excepcional que enfrentó Chile, la cual tiene como antesala una serie de evasiones masivas que se fueron incrementando desde el día 14 al día 17, teniendo el día 17 un total de 92 actos de violencia”, de acuerdo a lo expuesto por el asesor.

“El costo de la violencia, según cifras de Carabineros de Chile, acredita 873 personas heridas al 7 de noviembre, y 1.232 carabineros, policías o militares heridos. La violencia ha generado, además, más de 700 vehículos policiales destruidos”, prosiguió el enviado chileno.

En la misma línea, Bonito señaló que “el INDH señala que hay más de 1.600 personas civiles heridas o lesionadas a la fecha. Sin embargo, olvidan señalar que quien detenta el uso monopólico de la fuerza legítima, que es Carabineros de Chile y las fuerzas de orden y seguridad del Estado, tienen más de 1.200 personas lesionadas hace cuatro días. (…) Aquí se trata de disturbios una violencia sin paragón, y no solamente de manifestaciones pacíficas”.

En respuesta, el comisionado Luis Ernesto Vargas informó que la CIDH aceptó la invitación del gobierno para realizar una visita in loco, y fue enfático al apuntar que “después de todos los hechos que han venido aconteciendo, yo creo que si hubiéramos hecho una revisión de casos con antelación, hubiéramos podido prevenir muchas de las cosas que han venido ocurriendo”.

Asimismo, el también relator sobre los Derechos de los Migrantes aseveró que “mientras la sociedad civil hace una gran cantidad de denuncias, el Estado se toma el tiempo para decir la cantidad de daños materiales que se han producido en el contexto de las protestas sociales y eso, por supuesto, genera una gran distancia entre lo que debe ser un Estado de Derecho y un Estado Social de Derecho. Si importan más los bienes materiales, si importan más estas situaciones que la vida, que la integridad personal, pues ahí se marca una gran diferencia entre las visiones que podamos tener de las cosas”.

Exigencias de la sociedad civil

Las principales solicitudes de la Universidad de Chile y las organizaciones de la sociedad civil son el cese inmediato de la represión y de las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, acompañado de un proceso para conocer la verdad de lo acaecido en Chile, establecer las responsabilidades correspondientes y reparar a las víctimas; y la elaboración de un informe general sobre la situación de los derechos humanos en el país a partir de la visita in loco que realizará la Comisión al país.

En ese sentido, enfatizaron en que esta debe contar con la participación de la sociedad civil y con el apoyo de las relatorías DESCA y Libertad de Expresión, así como las relatorías de Mujeres, Indígenas, LGTBI y NNA.

Finalmente, las instituciones y organizaciones solicitaron que la CIDH considere incluir al Estado de Chile dentro del capítulo IV de su informe anual para dejar una constancia histórica de las situaciones más graves en materia de violaciones de derechos humanos de la región.

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