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Columna de opinión

Contra el adoctrinamiento en educación

"Como cuando entran los payasos a distraer al toro que ha corneado al torero, esta ley sobre adoctrinamiento en el sistema escolar amenaza con distraernos de lo importante hoy: reflexionar en todas las escuelas, liceos y hogares de Chile sobre el valor intransable de los derechos humanos", dice en la siguiente columna de opinión publicada por CIPER, el académico de la U. de Chile, Cristián Bellei, respecto a la iniciativa de ley propuesta recientemente por la ministra de Educación, Marcela Cubillos, para colegios y jardines infantiles.

En medio del estallido social la ministra de Educación lanza al ruedo una iniciativa de enorme impacto comunicacional y mínimo o inexistente valor real, explica el académico Cristián Bellei.

En medio del estallido social "la ministra de Educación lanza al ruedo una iniciativa de enorme impacto comunicacional y mínimo o inexistente valor real", explica el académico Cristián Bellei.

Bellei agrega que se trata de una actitud irresponsable, ofensiva, que pone un manto de desconfianza sobre los profesionales a los que  las familias entregan a sus hijas e hijos para su formación.

Bellei agrega que "se trata de una actitud irresponsable, ofensiva, que pone un manto de desconfianza sobre los profesionales a los que las familias entregan a sus hijas e hijos para su formación".

En momentos en que el país vive un proceso histórico gatillado por las masivas y sostenidas movilizaciones sociales que han abierto la posibilidad de poner fin a la Constitución de 1980, y en que la ciudadanía y el mundo observamos con estupor e indignación las masivas y brutales violaciones a los derechos humanos ocurridas en múltiples lugares, la ministra de Educación lanza al ruedo una iniciativa de enorme impacto comunicacional y mínimo o inexistente valor real. Se trata de combatir el adoctrinamiento político en el sistema escolar y dictar una ley para sancionarlo.

Normativamente es innecesario, porque la misma Constitución ya señala que la enseñanza reconocida oficialmente no puede orientarse a propagar tendencias político partidistas, y el Ministerio de Educación y la Superintendencia tienen instrumentos para supervisar, corregir y eventualmente sancionar una falta a esta norma, que por lo demás se refiere a los proyectos educativos, no a las prácticas individuales. La ministra ha dicho que no cuenta con sanciones específicamente asociadas a esta falta. Seguramente es así porque en realidad este jamás ha sido un problema en Chile.

En un sistema escolar donde trabajan decenas de miles de educadoras y educadores es imposible garantizar que acá o allá no suceda que alguien se desvíe de la norma en algún momento, pero esto es completamente marginal en nuestra experiencia. Pretender que se necesita una ley para atacarlo es sacar un tanque para matar una mosca.

Chile tiene en sus profesoras y profesores un activo invaluable en esta materia. Se les ha criticado que les falta preparación, que no son efectivos en el aula, que requieren innovar en la pedagogía, en fin, pero jamás autoridad alguna acusó a nuestros educadores de aprovecharse de la autoridad pedagógica delegada por toda la sociedad en sus manos para manipular las consciencias de sus alumnos. Salvo la dictadura de Pinochet. Se trata de una actitud irresponsable, ofensiva, que pone un manto de desconfianza sobre los profesionales a los que día a día todas las familias entregan a sus hijas e hijos para su formación. El sentido de la ética profesional de maestras y maestros chilenos ha sido impecable al respecto.

El único aspecto en que el sistema educacional chileno ha demostrado debilidad para garantizar el pluralismo y la tolerancia de ideas ha sido la defensa distorsionada de la libertad de enseñanza que algunos han hecho para justificar masivas discriminaciones contra familias por no seguir un credo religioso, o alumnos por su orientación sexual o su vestimenta, por nombrar sólo algunos ejemplos. Observado el sistema escolar en perspectiva comparada, el asunto más controversial en materia de libertad de conciencia es precisamente el que el estado financie escuelas religiosas de la misma manera que financia a las escuelas públicas abiertas a todos. Ese podría ser un asunto que preocupe al gobierno.

Como cuando entran los payasos a distraer al toro que ha corneado al torero, esta ley sobre adoctrinamiento en el sistema escolar amenaza con distraernos de lo importante hoy: reflexionar en todas las escuelas, liceos y hogares de Chile sobre el valor intransable de los derechos humanos.

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