En la Nueva Constitución

Los elementos centrales para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y del pueblo afrodescendiente chileno

Constitución: claves para garantizar derechos de pueblos indígenas
Uno de los puntos centrales en el debate sobre una nueva Constitución es el reconocimiento de los pueblos indígenas y del pueblo afrodescendiente chileno.
Uno de los puntos centrales en el debate sobre una nueva Constitución es el reconocimiento de los pueblos indígenas y del pueblo afrodescendiente chileno.
Verónica Figueroa Huencho, académica del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile.
Verónica Figueroa Huencho, académica del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile.
Claudio Millacura, coordinador académico de la Cátedra Indígena de la Facultad de Ciencias Sociales.
Claudio Millacura, coordinador académico de la Cátedra Indígena de la Facultad de Ciencias Sociales.
Claudio Alvarado Lincopi, historiador e integrante de la Comunidad de Historia Mapuche.
Claudio Alvarado Lincopi, historiador e integrante de la Comunidad de Historia Mapuche.
Otra de las demandas principales de los pueblos indígenas y del pueblo tribal afrodescendiente es el reconocimiento de un Estado plurinacional.
Otra de las demandas principales de los pueblos indígenas y del pueblo tribal afrodescendiente es el reconocimiento de un Estado plurinacional.
"Todos los pueblos son depositarios del derecho a la libre determinación, es decir, a definir desde sus propias miradas y estrategias cómo quieren ser representados", asegura Verónica Figueroa.
"Todos los pueblos son depositarios del derecho a la libre determinación, es decir, a definir desde sus propias miradas y estrategias cómo quieren ser representados", asegura Verónica Figueroa.
Frente a un Estado "estructuralmente racista, colonial y patriarcal, hay una necesidad de superar estos nudos que impiden a los pueblos desatar sus procesos democráticos", dice Alvarado.
Frente a un Estado "estructuralmente racista, colonial y patriarcal, hay una necesidad de superar estos nudos que impiden a los pueblos desatar sus procesos democráticos", dice Alvarado.
Una de las preocupaciones desde la academia y las organizaciones sociales es cómo ingresarán los tratados internacionales a la normativa chilena, tales como el Convenio 169 de la OIT.
Una de las preocupaciones desde la academia y las organizaciones sociales es cómo ingresarán los tratados internacionales a la normativa chilena, tales como el Convenio 169 de la OIT.
Ante la nula incorporación del pueblo afrodescendiente chileno en la discusión actual, Camila Rivera asegura que esto da cuenta de la "invisibilización y blanqueamiento que existe en nuestro Estado".
Ante la nula incorporación del pueblo afrodescendiente chileno en la discusión actual, Camila Rivera asegura que esto da cuenta de la "invisibilización y blanqueamiento que existe en nuestro Estado".
Claudio Alvarado Lincopi explica que la nueva Constitución debe tener un espíritu que busque superar la vieja lógica del siglo XIX de "un Estado, una nación".
Claudio Alvarado Lincopi explica que la nueva Constitución debe tener un espíritu que busque superar la vieja lógica del siglo XIX de "un Estado, una nación".

Las revueltas indígenas de los últimos 30 años en América Latina han posicionado en diferentes países la necesidad de reconocer y garantizar los derechos de los pueblos originarios, logrando su reconocimiento constitucional en una parte importante de ellos, a excepción de Chile.

“El 1 de diciembre de 1989 los pueblos indígenas que lucharon contra la dictadura militar acordaron con el, en ese entonces, candidato presidencial de la Concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Aylwin, distintas medidas para construir un nuevo tipo de relación entre la República criolla y los pueblos indígenas. Una de ellas fue el reconocimiento constitucional”, señala el libro Nueva Constitución y pueblos indígenas (Pehuén, 2016) (adjunto). Hoy, 30 años después, la situación de dichos pueblos continúa en las mismas condiciones, al igual que la del pueblo tribal afrodescendiente chileno, que recién en abril de este año fue reconocido legamente.

Frente a la posibilidad histórica de elaborar una nueva Constitución que garantice los derechos de los pueblos indígenas y del pueblo afrodescendiente chileno, los académicos de la Universidad de Chile, Verónica Figueroa Huencho y Claudio Millacura, junto con el historiador e integrante del Colectivo de Historia Mapuche, Claudio Alvarado Lincopi, la abogada e integrante del Colectivo de Mujeres Luanda, Camila Rivera Tapia, y la presidenta del Instituto de Arte, Cultura, Ciencia y Tecnología de Santiago (IACCTIS) e integrante de la comunidad andina de la Región Metropolitana, Jeannette Pacheco, se refieren a los principales puntos a considerar durante el proceso constituyente.

Estado plurinacional y reconocimiento constitucional

Para el coordinador académico de la Cátedra Indígena de la Facultad de Ciencias Sociales (Facso), Claudio Millacura, el proceso de elaboración de una nueva Constitución supone imaginarse cómo vivir en comunidad y establecer los acuerdos de convivencia. Para esto, asegura, “hay que reconocer que en este territorio que vivimos no todos somos iguales, sino que también hay diferencias como la religiosidad, la lengua, la forma de producción económica, el cómo nos relacionamos con los territorios. Cuando uno empieza a imaginar eso se va dando cuenta de que la forma habitual que nosotros tenemos de entender un país, un Estado, una nación, no nos sirve porque eso tiene que ver con lo que existe, y en ese escenario de lo que existe los pueblos indígenas no tienen ninguna relevancia”.

El historiador e integrante de la Comunidad de Historia Mapuche, Claudio Alvarado Lincopi, explica que la nueva Constitución debe tener un espíritu que busque superar la vieja lógica del siglo XIX de “un Estado, una nación”. “La forma en que se ha elaborado la Constitución desde el siglo XIX y el XX ha establecido que hay un eje hegemónico de conformación nacional que ha estado articulado en función de los intereses de nuestras elites blancas y, por lo tanto, ha dejado fuera todas las otras posibilidades de producción del saber, de construcción epistemológicas, del vínculo con la realidad”.

En ese sentido, Alvarado señala que “cuando nosotros intentamos decir plurinacionalidad, lo que también estamos intentando es que aquél pueblo chileno que no se siente interpretado por la forma de construcción nacional de las élites también tenga cabida en el espíritu de la comunidad política que estamos forjando todos y todas al calor de la movilización”.

La académica del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, Verónica Figueroa Huencho, afirma que el primer punto a garantizar es el reconocimiento de un Estado plurinacional. “En el artículo 5 de la Constitución se establece que la soberanía radica en la nación, por lo que para nosotros es muy importante que se reconozca que se trata de un Estado plurinacional, es decir, que existen y coexisten múltiples naciones y que cada una de ellas es depositaria de derechos específicos y que en el caso de los pueblos indígenas tiene que ver primero con su preexistencia”.

En abril de este año, el pueblo tribal afrodescendiente chileno fue reconocido legalmente a través de la Ley 21.151. Para la abogada e integrante del Colectivo de Mujeres Luanda, Camila Rivera Tapia, este es un elemento central para determinar que el Estado tiene una obligación con este pueblo.

“Sin perjuicio de que este reconocimiento legal recién salió en abril, no quiere decir que nuestra presencia en el Estado y en la construcción del mismo no haya existido, muy por el contrario: nosotros estamos aquí desde la época de la colonia, incluso aún más. Nuestros ancestros y ancestras vinieron como personas esclavizadas, las cuales contribuyeron, a través de sus cuerpos y su fuerza de trabajo, a la construcción de lo que hoy se conoce como la República de Chile. Entonces la presencia del pueblo afrodescendiente chileno en el territorio es histórica y hemos ayudado a construir de manera económica, política, social y cultural lo que es el Chile de hoy, a pesar de que exista una invisibilización”, explica.

La presidenta de IACCTIS e integrante de la comunidad andina de la Región Metropolitana, Jeannette Pachecho, explica que ser reconocidos dentro de la Constitución es garantizar que los pueblos indígenas tendrán acceso a elementos que para el mundo occidental son recursos, como es el caso del agua. Por lo mismo, a su juicio, “el Estado debe proteger el agua, las tierras y ejercer control sobre las mineras para evitar la extracción indiscriminada del agua, la contaminación de las tierras, de las napas subterráneas y del aire”.

Autodeterminación de los pueblos

“Si bien generalmente hay un desconocimiento y un miedo porque muchas personas en la sociedad piensan que es como la desintegración del Estado, la libre determinación es un derecho que está reconocido en los convenios y pactos que el Estado de Chile ha ratificado a la fecha. Por lo tanto, todos los pueblos son depositarios del derecho a la libre determinación, es decir, a definir desde sus propias miradas y estrategias cómo quieren ser representados, cómo quieren participar de la toma de decisiones y cómo ven su desarrollo social, político, económico, cultural, en igualdad de condiciones”, explica Verónica Figueroa.

Claudio Alvarado asegura que avanzar hacia la autodeterminación política es una profundización democrática. “Hoy estamos abriendo un proceso de radicalización de la democracia en Chile, una democracia que ha sido entendida por dos siglos como únicamente un voto, profundamente concentrada en Santiago y también en un sector de Santiago, en una casta, en una élite. Creo que defender la democracia hoy es profundizar la democracia, y desde nuestro punto de vista eso se logra fortaleciendo los procesos de toma de decisiones desde los territorios”.

Otros derechos importantes que garantizar, según la académica del Instituto de Asuntos Públicos, son el derecho al territorio, que en el caso de Chile no está garantizado ni en la Constitución ni en las leyes. “En la denominada ‘Ley Indígena’ se habla de tierras pero jamás se han reconocido los derechos territoriales de los pueblos indígenas, por lo tanto, es importante que se reconozca que tenemos derecho al territorio, a la restitución y al control”.

Por último, Jeannette Pacheco apunto a la importancia de garantizar los derechos lingüísticos y culturales de cada pueblo para desarrollar la lengua como base de su existencia, al igual que el acceso a una salud y a una educación acorde a las cosmovisiones de cada pueblo.

Modificar las estructuras del Estado

Para Claudio Alvarado Lincopi diversas organizaciones feministas, socioambientales y de trabajadores están desatando un proceso constituyente que necesariamente debe institucionalizarse. El problema, explica, es que en el camino para realizarlo se ha dejado afuera “toda esta potencia plebeya, esta potencia indígena, esta potencia feminista. Y por eso es importante que se abra ese proceso para arriba, al reconocimiento tanto de las poblaciones indígenas con cuotas específicas para los pueblos indígenas, y por cierto también en paridad de género, con la finalidad de que aquellos cuerpos, vidas y territorios que han sido históricamente negados del relato nacional, tengan hoy cabida en esa reformulación que estamos habitando y estamos construyendo todas y todos”.

En ese sentido, afirma el historiador, y considerando que el Estado es estructuralmente racista, colonial y patriarcal, “hay una necesidad de superar estos nudos que impiden a los pueblos, y a las mujeres por supuesto, desatar sus procesos democráticos”.

“En esta lógica del Estado occidental se ha perdido la riqueza de lo que significa la participación de los pueblos indígenas, de sus saberes y de sus cosmovisiones como alternativas de convivencia, de incluso entender el poder y el desarrollo futuro. Los pueblos indígenas hoy día tenemos múltiples propuestas que dan solución o que plantean alternativas para problemas relevantes y que no tienen que ver con volver al pasado, sino más bien cómo incorporamos, por ejemplo, lógicas colectivas de convivencia, miradas comunitarias de la solución de problemas, cómo podemos tener representaciones de esas miradas colectivas, por ejemplo, en los tres poderes del Estado”, explica Verónica Figueroa.

Camila Rivera cuenta que en el marco de las discusiones actuales sobre una nueva Constitución, “nos ha costado mucho que en el discurso público y político se incluya al pueblo tribal afrodescendiente chileno y nosotros ahí hacemos un análisis de la invisibilización y el blanqueamiento que existe en nuestro Estado. Por eso es tan importante para nosotros tener un reconocimiento, porque de una forma se repara y se integra al discurso nacional la existencia de nuestro pueblo”.

“Lo que hoy día Chile reconoce como nación fue construida sin los pueblos indígenas y en el siglo XIX, donde la creencia decía que los indígenas no tienen nada que aportar. Si nosotros seguimos con esa idea de nación, de administración del Estado, de formas de organizar la convivencia a través de regiones, ciudades, vamos a tratar de hacer un ejercicio inédito con formas viejas que no nos sirven”, enfatiza el académico mapuche Claudio Millacura.

Tratados internacionales

Una de las preocupaciones desde la academia y las organizaciones sociales es cómo ingresarán los tratados internacionales a la normativa chilena, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fundamentado en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas, reconociendo sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo.

Para Claudio Alvarado es fundamental que los marcos internacionales que han abierto procesos de democratización y de respeto a los derechos humanos sean reconocidos por esta nueva Constitución porque “no puede ser, como ha ocurrido con anterioridad a estos procesos de movilización que estamos viviendo, que los pueblos indígenas son consultados únicamente cuando se les quiere instalar un elemento para castigar a sus propias vidas, como la última Consulta Indígena, que tenía que ver con división y ventas de tierra. En esa medida, pienso que es fundamental que estos marcos internacionales tengan cabida al interior de la Constitución toda vez que muchas veces han permitido que los pueblos tengan derecho suficiente en la participación al interior del entramado político del Estado”.

Finalmente, la abogada Camila Rivera enfatiza en la necesidad de que la Constitución “determine que los derechos humanos de los pueblos tengan un reconocimiento pleno y efectivo, en este caso a través del Convenio 169 de la OIT. Sabemos que desde el año 2009 está ratificado por el Estado, pero no se ha hecho efectivo en la normativa interna de nuestro país, lo que sigue generando una desigualdad social y una poca cobertura de nuestros derechos”.