El pasado 3 de noviembre, a través de una investigación periodística, Interferencia dio a conocer que Carabineros de Chile espió una actividad en conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido y la Detenida Desaparecida, organizada por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile (Vexcom) y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
La revelación no sólo motivó la presentación de una querella por parte de la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zeran, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Emilia Schneider, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, y otras organizaciones de derechos humanos, sino que también alertó y abrió reflexiones sobre la actividad permanente de vigilancia por parte de Carabineros de Chile, la función que cumplen los archivos de inteligencia y la noción de orden público que manejan dentro de la institución.
Para debatir sobre estas y otras interrogantes, la licenciada en Historia del Arte de la Universidad de Chile, integrante de la organización Archiveras sin Fronteras y especialista en archivos de derechos humanos, Paulina Bravo; la licenciada en Antropología por la Universidad de Buenos Aires y especialista en control social, orden y seguridad, Eva Muzzopappa; y la académica de la Universidad de Chile e integrante de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vexcom, Alicia Salomone, se reunieron en el conversatorio “Archivos de inteligencia: ¿qué son?, ¿cómo entenderlos?”, organizado por la Cátedra de Derechos Humanos, Archiveras sin Fronteras y el Programa de Psicología Social de la Memoria.
“Sin archivos, no hay evidencia”
La filtración de documentos secretos de Carabineros “alertó sobre la actividad permanente de vigilancia a dirigentes sociales, frente a lo cual se desató mucho escándalo, protestas y se iniciaron algunas acciones legales. Sin embargo, lo que echábamos de menos era un debate o una discusión que permitiera profundizar sobre qué son los archivos de inteligencia, para qué se hacen, quiénes los manejan y cuáles son sus fines”, explicó la académica Alicia Salomone.
Dentro de los archivos filtrados destacan documentos confidenciales, reservados y secretos como informes de seguimiento a movimientos sociales, información sobre sus dirigentes y actividades e información relacionada con huelgas y actos públicos, entre otros.
Para Paulina Bravo, uno de los elementos centrales a considerar frente a esta filtración es la reflexión sobre las políticas de secreto y eliminación de los archivos de inteligencia. Esto, porque si bien en Chile existe una normativa para que las instituciones públicas transfieran sus documentos al Archivo Nacional una vez que estos han cumplido los plazos de permanencia en sus oficinas, a partir del año 1989 las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública están eximidas de la obligación de traspasar sus documentos e, incluso, están autorizadas por una normativa interna a eliminarlos si cuentan con la autorización de un superior.
“Esta ley de 1989 surge luego de que Pinochet pierde el plebiscito. Antes de la llegada de la democracia hay una disputa sobre los archivos de la CNI y la ley viene a resolver esto, en la medida en que permite quemar o eliminar estos archivos y a partir de ello se comienza a generar una discusión sobre qué hacemos con los archivos de la represión”, explicó la integrante de Archiveras sin Fronteras.
La discusión sobre los archivos de inteligencia se enmarca en la importancia de los archivos para el funcionamiento de las instituciones. “Los archivos no se crean para la historia, ni con una visión de generar patrimonio documental para las instituciones; se crean porque sin ellos es imposible, de manera eficiente, cumplir las funciones asignadas a las instituciones”, asegura la experta en archivos de derechos humanos, agregando que “la mirada desde la archivística es una invitación a ver cómo a partir de este conjunto documental, que sabemos que es una fracción, podemos hacer un análisis sobre las funciones que reflejan esos documentos y, en este caso, y en el contexto en que nos encontramos, sobre cómo se evidencia la función de reprimir".
Además, la archivera explica que en 2014 se realizó una actualización de los plazos de destrucción documental en una circular sobre destrucción de documentos que mantiene la lógica de lo que se denomina “violencia institucional”. “Se eliminan las huellas del actuar policial, una acción que dificulta la rendición de cuentas a las que están sujetas las demás instituciones del Estado, lo que da cuenta de la insubordinación de esta institución de Carabineros al poder civil, ya que, sin archivo, no hay evidencia, y sin evidencia es difícil establecer el ejercicio de cualquier derecho”.
Finalmente, la integrante de Archiveras sin Fronteras enfatizó en la importancia de contar con una ley general de archivos, tomando en consideración su relevancia para el acceso a la verdad y porque hoy estos se posicionan “como herramienta de justicia social y de ejercicio de derechos, sobre todo, y son un eje fundamental para los procesos de elaboración de memoria y de reparación”.
La concepción de amenaza al orden público
Para Eva Muzzopappa, lo central que develan estas filtraciones es que, en definitiva, “no muestran nada nuevo. El problema es, en realidad, esta imposición de un secreto como forma de poder. La filtración de los documentos, lo que muestra es una crítica a Carabineros en la faceta represiva de control del orden, a lo que son sus tareas de inteligencia”.
El problema de la violencia policial como una de las formas de imponer un orden social, explicó Muzzopappa, tiene una faceta que es la realización de tareas de inteligencia. “O sea, el orden tiene un lado represivo, pero también tiene un lado investigativo, y la filtración de los documentos lo que revela es cuáles son esos objetivos de seguimiento que ha tenido Carabineros”.
En esa misma línea, la investigadora afirmó que dentro de la discusión sobre la filtración de estos documentos es necesario “salir de lo que es el contenido para darnos cuenta, en términos generales, de cuáles son las personas y las organizaciones que están siendo seguidas, porque eso da cuenta de cuál es el concepto de orden y de amenaza que se está manejando”.
Esto, tomando en consideración que dentro de las principales organizaciones vigiladas por Carabineros de Chile se encuentra la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el Colegio de Profesores, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Ciclistas Furiosos y el Movimiento por la Defensa del Agua, entre muchas otras.
La pregunta, siguió Eva Muzzopappa, tiene que ver con “quién establece que estas organizaciones representan un atentado contra el orden público y sobre qué es lo que se está considerando como orden público, porque muchas veces la respuesta es que la realización de manifestaciones públicas o de marchas requiere de la presencia de Carabineros, pero lo que develan estos archivos de inteligencia es que existe algo más que la necesidad de cuidar el tránsito y el orden de las manifestaciones”.
Finalmente, la Licenciada en Antropología se refirió a dos cuestiones centrales para el debate y el contexto actual: establecer las responsabilidades políticas y civiles sobre la realización de tareas de inteligencia, “que es algo que con la mera culpabilización de Carabineros, dejamos el 90% del problema de lado. Y un segundo punto es la definición de lo que constituye el orden social y qué es lo que lo altera”.