El pasado 20 de enero en la Casa Central de nuestro plantel se realizó el primer encuentro de oficinas de atención y fiscalías de género de universidades estatales, iniciativa que tuvo como objetivo compartir criterios jurídicos y prácticos ante los principales conflictos sustantivos y procesales que emergen en la tramitación de situaciones de acoso sexual, violencia de género o discriminación por motivos de género.
"La experiencia demostró que se necesitaban oficinas especializadas", afirmó la directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, Carmen Andrade, al introducir el encuentro que tuvo una perspectiva de género y derechos humanos. El siguiente paso en este proceso, según Andrade, debería ser la creación de un colectivo que “genere un cierto ethos de las universidades estatales, que son la base del sistema público de educación superior”.
Presente también en la instancia, Marcela Letelier, coordinadora ejecutiva del Consorcio de Universidades Estatales de Chile, CUECH, señaló que: “Trabajamos con 17 rectores y una rectora, por lo que ha sido muy difícil que estas temáticas se prioricen”. No obstante, enfatizó en que “el CUECH está abierto a las decisiones que ustedes tomen”.
La jornada en la que participaron 33 asistentes, fue convocada por la Dirección Ejecutiva y la Red de Género del CUECH, y organizada por el Departamento “Programa de Género y Equidad” de la Universidad Tecnológica Metropolitana y Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, Digen.
Trabajo en talleres
En la ocasión, abogadas y abogados que se desempeñan en las oficinas de atención de personas denunciantes o afectadas, y/o en las fiscalías o unidades que cumplen roles de investigación en estos casos, desarrollaron espacios de debate e intercambio de experiencias sobre aspectos que se presentan de manera recurrente y problemática en los procesos de atención y/o de investigación de estos casos.
A través de un trabajo de talleres y plenarias, se reflexionó en torno a los principales conflictos sustantivos y jurídicos procesales, normativos y prácticos, y acerca de las formas de abordarlos considerando las especificidades de las universidades estatales.
Para motivar y orientar el debate se presentaron algunos dilemas éticos y normativos, como la obligación de denuncia penal y voluntad de la víctima; el ámbito de competencia disciplinaria universitaria (en espacios y/o actividades externas a la Universidad); las consecuencias de la implementación de la Ley de Universidades del Estado en el desarrollo de procedimientos disciplinarios; medidas y procedimientos en casos de trabajadores/as a honorarios, entre otros. Por último, se realizó un taller de análisis de casos enviados previamente, en el que se debatió acerca de los criterios jurisprudenciales utilizados en las sentencias.
Para las abogadas Vanessa Doren, de la Oficina de Atención de Acoso Sexual de la Digen, y Karla Escobar, del Departamento “Programa de Género y Equidad” de la UTEM, ambas organizadoras de la jornada, ésta resultó “un valioso espacio colaborativo en el cual se pudo compartir inquietudes, nudos críticos y avances, tomando en consideración que se trata de una temática nueva a nivel universitario, donde aún no están todas las respuestas”.