El anuncio del acuerdo político alcanzado en el Congreso para recalendarizar las elecciones del proceso constituyente es una buena señal. El plebiscito de abril se retrasará seis meses y tendrá lugar el 25 de octubre. De ganar la opción “Apruebo”, las elecciones de integrantes de la Convención se llevarán a cabo en abril de 2021, junto con la elección municipal.
El 25 de octubre de 2020, entonces, se consultará a la ciudadanía si aprueba o rechaza elaborar una nueva constitución, y si prefiere hacerlo a través de una convención constitucional mixta (mitad de parlamentarias y parlamentarios en ejercicio, y mitad electa) o una convención constitucional completamente electa. Si se elige esta última, tendríamos una Constitución hecha en forma paritaria por representantes hombres y mujeres.
Es muy importante que la reforma constitucional para materializar este nuevo acuerdo se concrete a la brevedad. Cambiar las fechas del proceso requiere los dos tercios de las y los parlamentarios, el quórum más alto de nuestro sistema legislativo. También es urgente decidir cómo incorporar a independientes y pueblos indígenas en la Convención, dos aspectos que han sido asumidos por casi todos los sectores políticos como esenciales para la legitimidad de una nueva Carta Fundamental.
La prioridad de nuestra comunidad política hoy es enfrentar la pandemia y proteger la vida de las personas. Sin embargo, ello no debe generar dudas de que el proceso político continuará su curso por los cauces democráticos. Frente a la amenaza del coronavirus que ha paralizado a parte importante del planeta, postergar el proceso constituyente era una decisión necesaria. Es deber de las autoridades políticas garantizar que esta emergencia sanitaria no sea utilizada para sacar réditos políticos por parte de ningún sector.
La ciudadanía ha reaccionado en forma responsable, postergando la movilización social que originó el proceso constituyente en nombre de un bien superior: proteger la salud de la comunidad y en especial de las personas de la tercera edad, enfermos crónicos y quienes no tienen recursos para acceder a la salud privada en caso de necesitar atención intensiva. Esto no significa que las demandas que motivaron el estallido de octubre hayan desaparecido. Si algo deja en evidencia esta pandemia es la desigualdad y desprotección que imperan en Chile. Mientras unos pueden estar seguros de que tendrán acceso a respiradores artificiales y a su subsistencia material mientras dura la emergencia, otros ven peligrar su vida y el sustento de sus familias. Es contra esa desprotección, hoy más visible que nunca, que se movilizó Chile en octubre del 2019, y es en nombre de las conquistas políticas de la ciudadanía que las autoridades deben hoy garantizar la continuidad del proceso constituyente.