Senado Universitario finaliza proceso de aprobación del Reglamento de Remuneraciones

La historia se remonta a enero del año 2012 cuando, a través de la Ley de Transparencia, se publicaron los montos correspondientes a diversas remuneraciones de trabajadores de la Casa de Bello, evidenciando disparidad de pagos –entre quienes ejercían las mismas funciones– al interior de los organismos universitarios y entre unidades académicas.

A raíz de ello, el Senado Universitario determinó elaborar un Reglamento de Remuneraciones, que fue aprobado –tras un proceso donde participó la totalidad de la comunidad universitaria– el 3 de agosto de 2017. Además de acoger la iniciativa, el órgano triestamental solicitó al Rector la emisión, dentro de 15 días hábiles, del respectivo acto administrativo.

A pesar de la insistencia por parte del Senado y la solicitud formal de todas sus mesas directivas, recién el pasado 19 de noviembre de 2019, en pleno auge de las movilizaciones ciudadanas, el Rector Ennio Vivaldi –durante la ceremonia del aniversario número 177 de la Universidad– reconoció que la agenda nacional por un nuevo acuerdo social impulsaba a las autoridades de la Casa de Bello a "acelerar y robustecer la equidad interna". En este sentido, destacó la necesidad de que la Universidad contara con un Reglamento de Remuneraciones y anunció el envío de una propuesta de modificaciones con el objetivo de aplicar los últimos ajustes antes de su oficialización.

El 30 de diciembre de 2019 el Rector entregó al Senado Universitario una propuesta que contenía 15 indicaciones al Reglamento. Al poco andar, y tras sostener una serie de reuniones con la plenaria del órgano triestamental y su Comisión de Presupuesto y Gestión, la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la U. de Chile (Fenafuch) y la Asociación Nacional de Funcionarios Académicos de la U. de Chile (Acauch), éstas fueron retiradas.

Tras esta serie de reuniones, las 15 indicaciones se transformaron en 21. El 23 de enero de 2020 el Senado Universitario aprobó reabrir el debate respecto a las 21 indicaciones enviadas por Rectoría y el 30 de enero, en la última sesión antes del receso universitario, fueron enviadas para su discusión y análisis a la Comisión de Presupuesto y Gestión.

Última etapa

En plena pandemia por COVID-19 el trabajo del órgano normativo no se deutvo. Tras discutir y procesar la información durante los meses de marzo y abril de 2020, la Comisión de Presupuesto y Gestión, conforme al mandato de la Plenaria, realizó un exhasutivo informe en torno a las 21 indicaciones de Rectoría. En él, sus miembros concluyeron aprobar, sin cambios, 19 de las 21 indicaciones. Las dos restantes fueron modificadas para una mejor aplicación. El citado informe fue expuesto el 23 de abril por el senador Daniel Burgos, presidente de la la Comisión de Presupuesto y Gestión, a la totalidad del Senado.

Al cabo de una semana, en la Plenaria virtual efectuada el jueves 30 de abril, se procedió a su votación. Los senadores/as tuvieron que pronunciarse –a favor, en contra o abstenerse– respecto a cada una de las 21 indicaciones planteadas por Rectoría. Tras un proceso que se extendió por más de seis horas, la Plenaria del órgano triestamental aprobó –con amplia mayoría de los presentes– 19 de ellas y adoptó, para sí, la nueva redacción de las dos restantes, según lo propuesto por la Comisión de Presupuesto y Gestión.

"La aprobación de este reglamento ocurre en tiempos donde –producto del estallido social y la crisis sanitaria– domina la incertidumbre y la desconfianza. Así, la nueva normativa trae consigo certezas que eliminan las antiguas arbitrariedades y, sobre todo, aumentan los grados de equidad. Su aprobación coloca, nuevamente, a la Universidad de Chile a la vanguardia de las universidades del Estado, permitiendo a sus trabajadores y trabajadoras seguir cumpliendo con excelencia sus funciones por el bien del país", celebró el Vicepresidente del Senado, Luis Felipe Hinojosa.

Una vez que el Rector Ennio Vivaldi dicte el decreto correspondiente, el reglamento será revisado por la contraloría interna y, después, por la Contraloría General de la República. Si esta última toma razón antes de fin de este año, la nueva normativa entraría en vigencia el 1 de enero de 2021.