Era enero de 2012. A través de la Ley de Transparencia se publicaron las remuneraciones de los académicos y funcionarios de la Universidad de Chile. Con ello, quedó en evidencia la disparidad de pagos para una misma función, tanto dentro de las facultades como en comparación con otras unidades académicas. A raíz de ello, el Senado Universitario determinó elaborar un Reglamento de Remuneraciones.
El jueves 3 de agosto de 2017, a cinco años del suceso que lo vio surgir, la plenaria del Senado Universitario aprobó en su totalidad el Reglamento de Remuneraciones, tras un largo camino en que la iniciativa de la legislatura anterior fue revisado por la siguiente, abriendo espacio para que la comunidad universitaria influyera en su desarrollo.
Por 26 votos a favor, 2 en contra y otras 2 abstenciones, se acordó aprobar la iniciativa. Asimismo, por 25 sufragios favorables, 2 negativos y 3 abstenciones, la plenaria acordó "solicitar al Rector que emita, dentro de 15 días hábiles el respectivo decreto de Reglamento de Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile".
En la ocasión, tanto el Vicepresidente del organismo superior, Juan Carlos Letelier, como el presidente de la Comisión de Prepuesto y Gestión, Daniel Burgos, se manifestaron agradecidos por la labor del Senado en sus dos legislaturas y calificaron la jornada como "un día histórico" para la Universidad, que ha perseguido dotar de mayor equidad y objetividad la entrega de remuneraciones de su personal, en línea con los objetivos estratégicos planteados por el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI).
En qué consiste el Reglamento
El Senado Universitario ha sido enfático en sostener que esta normativa no va a definir ninguna remuneración, pues solo establece los criterios y parámetros para evitar arbitrariedades en el pago de éstas. En este sentido, los únicos encargados de definir los montos seguirán siendo el Rector y el Consejo Universitario, esto dentro de los marcos generales que establece el Reglamento.
La normativa contiene la instauración de una Escala Única de Sueldos dentro de la Universidad, además de las respectivas diferenciaciones en las asignaciones exclusivas según estamento. Esto abarca también a las que son comunes para todo el personal y las relativas a ciertos cargos o funciones.
Asimismo, se abordan puntos generales como el carácter imponible y tributable de las distintas remuneraciones que se establecen en el texto.
En el documento se establecen las asignaciones Profesional y para el Aseguramiento de una Remuneración Mínima, ambas exclusivas para el personal de colaboración. Se abordan, además, las asignaciones de Responsabilidad Directiva y de Responsabilidad Superior.
Con respecto a las que sufrieron modificaciones tras el proceso de socialización del Reglamento, una de ellas dice relación con una rebaja del monto máximo que el personal de la universidad puede recibir por conceptos de Asignación de Productividad en un año, reduciendo el número de 36 a 24 veces el sueldo base mensual.
Además, el Senado decidió eliminar, entre otras, la Asignación de Interés Institucional, que según parte de nuestra comunidad incorporaba un alto grado de subjetividad y discrecionalidad en su otorgamiento.
Por otra parte, se añadieron la Asignación Universitaria de Proyecto Académico y la Asignación Universitaria de Actividad Destacada.
El largo proceso que culminó con la aprobación
La penúltima plenaria de la legislatura anterior del Senado Universitario, en junio de 2014, se aprobó el proyecto original, elaborado por la Comisión de Presupuesto y Gestión, entonces encabezada por el Senador Universitario Prof. Hugo Sánchez. Durante el segundo semestre de ese año, y ya con el cambio completo de los integrantes del Senado Universitario, se decidió "abrir un proceso de discusión más amplio, nunca antes desarrollado por el organismo superior normativo, en la cual se generó una fuerte socialización de este Reglamento de Remuneraciones y se llamó a la comunidad universitaria a presentar indicaciones", como comentó el Senado Burgos en la última plenaria.
Es así como se recibieron 550 indicaciones, 50 de las cuales fueron generales y otras 500 particulares, las que fueron presentadas en su totalidad en la plenaria del 15 de enero de 2015. De este modo, comenzó la revisión de cada una de las observaciones, lo que duró todo ese año y el siguiente.
En octubre de 2016, la Comisión de Presupuesto y Gestión presentó en plenaria el documento que revisó cada una de las indicaciones. Posteriormente, con la colaboración del abogado del Senado Universitario, Gustavo Fuentes Gajardo, las normas del proyecto se dividieron en cuatro colores: verdes (que no sufrieron modificaciones), amarillas (que sí fueron modificadas), rojas (las que fueron eliminadas de la iniciativa original) y azules (que fueron incorporadas en el texto).
Las normas de color verdes fueron aprobadas en la sesión del 2 de marzo de este año. Las amarillas lo fueron el 23 de ese mismo mes. En tanto, la eliminación de las normativas originales, las de color rojo, fueron aprobadas en la sesión del 6 de abril.
Las normas azules fueron presentadas por el trabajo la comisión, pero dado que no habían pasado por los integrantes del Senado, se estableció que serían revisadas previamente. En esta etapa se introdujeron los últimos cambios. Finalmente, el 6 de julio fueron aprobadas por la sesión plenaria.
Antecedentes de la normativa
Ante las dudas e inquietudes que comenzaron a surgir en la comunidad con la publicación de las remuneraciones, el tema fue instalado por el Senado en las discusiones del Presupuesto Universitario del año 2012 y 2013. De ello, el año 2013 se creó la Comisión Tripartita de Remuneraciones, conformada por representantes de Rectoría, el Consejo y el Senado Universitario.
En dichas instancias el Senado planteó un diagnóstico que constató la existencia de desigualdades no justificadas en las rentas, estableció que el componente de éstas con mayor variabilidad es la Asignación Universitaria Complementaria (que va de 0 a $7.358.666 mensuales, sin importar el grado o jornada) y evidenció diferencias de género.
Debido al cambio de autoridades, la Comisión Tripartita de Remuneraciones suspendió su trabajo, sin embargo se alcanzó a realizar un valioso levantamiento de información que no fue publicado. Por su parte, el Consejo de Evaluación diseñó un completo informe sobre la materia, coincidente con aquellas conclusiones.
Al interior del Senado, en tanto, y con el fin de profundizar el análisis, la Comisión de Presupuesto y Gestión revisó información institucional, la normativa de otras universidades y entrevistó a autoridades y representantes gremiales, logrando constatar la existencia de un amplio margen de discrecionalidad de las rentas. Luego de ello, la comisión presentó en junio de 2014 un Proyecto de Reglamento de Remuneraciones del Personal, cuyos principios rectores fueron los de alcanzar mayor claridad y objetividad al momento de determinar las remuneraciones.