Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al 31 de diciembre de 2019, señalan que el total de personas extranjeras residentes en Chile bordea los 1,5 millones, correspondiente a cerca del 8% de la población total del país, siendo una proporción inferior a la exhibida por los países de la OCDE, donde en promedio supera el 10%.
Respecto de la proveniencia, el estudio señala que el 90% son ciudadanos/as de América Latina y el Caribe, siendo los principales países de origen: Venezuela (30,5%), Perú (15,8%), Haití (12,5%), Colombia (10,8%) y Bolivia (8,0%). El informe indica además que la Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de extranjeros residentes, seguida por la Región de Antofagasta y en tercer lugar la Región de Valparaíso, desplazando así a la Región de Tarapacá.
En relación a las motivaciones, los inmigrantes vienen al país fundamentalmente a buscar nuevas oportunidades. Sin embargo, el logro de la meta se ha tornado compleja ya que la situación de la mayoría de los migrantes en Chile se ha precarizado aún más debido a la pandemia. Muestra de ello han sido los centenares de ciudadanos peruanos, bolivianos y venezolanos que acampan fuera de sus respectivas embajadas solicitando su repatriación tras haber perdido sus trabajos y viviendas en Chile.
“Estamos pidiendo nuestras repatriación porque no contamos con los medios necesarios para la subsistencia, no tenemos ingresos por lo menos hace más de 40 días por el tema de la pandemia y actualmente están pernoctando más de 70 personas aquí en situación de calle, tenemos mujeres embarazadas y niños”, señaló el ciudadano venezolano Alejandro Parada, quien se encuentra acampando en el frontis de la embajada de Venezuela.
Para el académico e investigador del Núcleo Milenio de Movilidades y Territorios, Walter Imilan, “la pandemia no ha develado la situación de vivienda precaria de abuso en la que habitan muchos migrantes en nuestro país, sino que nuevamente lo ha puesto sobre la mesa. Existe una base de bastante conocimiento y estudios respecto de estas condiciones, por tanto decir que la pandemia ha develado esta situación es simplemente no querer ver los hechos tal como se han presentado estos últimos años”.
Apreciación que comparte Camilo Arriagada, académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. de Chile (FAU) y autor del libro recientemente publicado “Vivienda Adecuada para migrantes vulnerables en áreas de alta accesibilidad a empleos: Bases para un Sistema de Arriendo Protegido”, quien enfatiza en la necesidad de buscar soluciones inmediatas paras los migrantes en situación de severa vulnerabilidad.
“Lo más urgente hoy es la situación de calle de los migrantes, en las últimas semanas cerca de mil personas han estado acampando frente a sus embajadas. A ellos, se suman los migrantes subarrendatarios que se encuentran en riesgo de desalojo por morosidad y riesgo sanitario por corte de servicios. Por ejemplo, en los hiperguetos de Estación Central ha habido una gran concentración de migrantes subarrendando piezas, lo más probable es que una gran cantidad haya caído en ingresos cero y está próxima a una situación de calle o campamento, ahí hay una situación de riesgo grave. Es urgente implementar albergues o entregar subsidios de arriendo mientras dure la emergencia, tal como se ha procedido frente a desastres naturales, como el incendio en Valparaíso y el terremoto 27F”, señala el académico.
Para la académica Yasna Contreras, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile (FAU) y docente de la cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas y creadora d ela página viviendamigrante, agrega que junto con la discriminación y racismo, “las dificultades para tener su permanencia en Chile, redundan a que acceden a viviendas de menor calidad y en el caso de las zonas más rurales algunos tienen que vivir donde el empleador les diga y bajo sus condiciones. En Chile la movilidad social de los migrantes tiende a la baja, es decir los tiende a empobrecer, al contrario de lo esperado. Esto tiene que ver con que Chile es un país costoso para vivir incluso para la mayoría de los chilenos que no somos parte del 1% más rico, las ciudades son muy costosas para vivir, siendo esta situación aún peor para las familias que son tratadas como otros, como los distintos, como los que traen las enfermedades a Chile”.
Así lo ratifica, el estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP) 2019, Inmigración en Chile Una mirada multidimensional, que a pesar de que proporcionalmente los inmigrantes participan más en la fuerza laboral que los chilenos, trabajan más horas, particularmente las mujeres, son sujetos de un castigo salarial que fluctúa entre 9,8 % y 16,9%, es decir que por un mismo trabajo un migrante percibe menos que un trabajador local. A esto se le suma, el tiempo de asimilación económica, esto es la cantidad de tiempo que un inmigrante alcance un salario similar a un local de parecidas características observables. Los resultados indican que en 2017 el periodo necesario para la asimilación económica de un inmigrante era de 9,25 años aproximadamente.
En términos de perspectivas y propuestas, los expertos coinciden en medidas estructurales y una fuerte intervención del Estado y de sus políticas públicas en materia de vivienda y migrantes.
Para Camilo Arriagada, es primordial que a mediano plazo se cumpla con la promesa de política pública e integración social urbana que incluye a esta población, “se trata de implementar programas de vivienda adecuados, lo más urgente es el programa de arriendo protegido que puede materializarse mediante la adquisición y reparación de inmuebles en los enclaves urbanos centrales, donde hoy está operando un negocio de subarriendo de galpones y casas con riesgo de colapso, incendios y graves situaciones de hacinamiento”.
En tanto Yasna Contreras, señala que “se requiere más regulación para propietarios, administradores que arriendan y los que subarriendan que no cumplen ninguna norma, además de una mayor fiscalización. Debemos asegurar que las condiciones de habitabilidad de los inmigrantes sean más seguras, aseguren salud física, salud mental, aseguren un acceso digno a la vivienda, se requiere más fiscalización para ver cómo se hacen las divisiones al interior de las casas, cómo son las conexiones de luz y agua, entre otros elementos”.
Asimismo, Walter Imilan, quien participó en un proyecto del Barrio Yungay que buscaba fiscalizar los arriendos y subarriendos abusivos de cual se ven afectados personas migrantes y no migrantes, cuyos resultados fueron presentados en abril de 2019 a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, explica que la problemática es profunda y requiere de soluciones de gran envergadura.
“Hay una serie de ámbitos que no han podido ser regulados y la fiscalización sobre arriendos abusivos, tanto por el precio como por las condiciones de habitabilidad, es una situación que requiere una reforma mucho más amplia sobre las formas de control sobre el rentismo inmobiliario en la ciudad. Han aparecido una serie de empresarialismo urbano popular, personas que se juntan arriendan un casa la subdividen y las subarriendan a altos precios en relación a la calidad habitacional que ofrecen. En este sentido, se requiere de una reforma mucho más estructural en los sistemas de fiscalización, sistemas de regulación y de tributación. No es sólo fiscalizar, sino que se requiere una reforma mucho más amplia al sistema de renta inmobiliaria que tenemos en el país. Mientras no se reforme no vamos a poder ofrecer un sistema robusto de protección para personas migrantes pero también para personas no migrantes están siendo sometidas a este sistema abusivo de acceso a la vivienda”.
Los Derechos Humanos de los Migrantes
Por su parte, Liliana Galdámez Celada, abogada y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, investigadora titular del Proyecto Migraciones Contemporáneas en Chile: Desafíos para la democracia, la ciudadanía global y el acceso a los derechos para la no discriminación, en una entrevista en el Programa Pensar Habitar de la Radio U. de Chile, del día viernes 15 de mayo, señaló que “hay un concepto clave, que es la vulnerabilidad y es un concepto que desde el Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha llenado de contenido. La idea de la vulnerabilidad es reconocer que dentro de la sociedad hay personas que están más expuestas al riesgo, esa vulnerabilidad implica que hay condicionantes que dificultan el acceso a derechos. Esta misma Corte dice que el Estado debe dar una especial protección, una protección reforzada a esos grupos, a esas personas que están en una situación de vulnerabilidad”.
En el escenario de crisis sanitaria y pandemia, explica la académica, hay grupos y personas que están más expuestas al riesgo, “entre esas personas, las personas migrantes y si escarbamos un poco más, las personas migrantes indocumentadas, están profundamente expuestas a esa vulnerabilidad porque hay problemas para ellos y ellas en los espacios que habitan, en el acceso a la salud, en el acceso a beneficios sociales, como este ingreso mínimo de emergencia, que en el actual proyecto de ley a ellos y ellas no les correspondería. La gente más pobre, con menos ingresos está más expuesta a la enfermedad y con más dificultades de acceso a los sistemas que ayuden a esa recuperación”.