Televisión Nacional de Chile comenzó con las gestiones para vender o arrendar su emblemático edificio de Bellavista 0990. La empresa Colliers, dedicada a este tipo de negocio con grandes propiedades, es la encargada de llevar a cabo el proceso.
La presidenta del directorio del canal estatal, Anita Holuigue, afirmó que el costo de mantención anual del inmueble es de $2.600 millones, “lo que equivale a 26 mil ingresos de emergencia”, indicó a La Tercera. La ingeniera comercial señaló que el mandato a la corredora de propiedades fue acordado con el directorio a inicios de año y que la posibilidad de venta o arriendo se da por el amplio espacio físico que no es utilizado para el desarrollo de sus programas. Cabe destacar que si en 2015 TVN requería 1.500 personas para su funcionamiento, hoy sólo lo hace con 630.
Mal diseño administrativo y oportunismo
Carlos Saavedra, Director de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de Chile y Co-director de series como Pueblos Originarios y Frutos del País, que se transmiten por TVN, también indicó que la situación es grave y que hay que pensar en la misión de un medio de comunicación público: “Todos debemos estar de acuerdo de velar porque exista al menos un medio de comunicación nacional que permita el derecho a la información. Por lo tanto, cualquier indicio de perder eso es nefasto”.
Asimismo, quiso distinguir entre la misión de los medios públicos y su administración, al sostener que “uno puede estar de acuerdo en exigir medios públicos en la lógica que estaba hablando anteriormente y además muy de acuerdo en criticar la administración de TVN en el último tiempo. Si uno tuviera acceso a datos de dónde se puso el dinero en el canal, seguramente veremos que la mayoría no se fue a la elaboración de nueva programación, o crear departamentos en esa línea, si no que se fueron a pagar grandes sueldos de animadores o rostros. Cuando defendemos el derecho a tener un canal público, no se defiende ese mal diseño”.
Saavedra comentó que anunciar la decisión durante una crisis social es sospechoso: “En los momentos en que más necesario se hace un canal público y pluralista para entender los procesos históricos y contextuales, cuando más se requiere, es cuando las autoridades deciden terminarlo. Eso sólo puede traducirse como oportunismo”.
En tanto para Tania Tamayo, Directora de la Escuela de Periodismo, la decisión del directorio sobre los inmuebles de TVN es preocupante en muchísimos aspectos, “primero porque se da en un contexto de secretismo que no es recomendable para la televisión pública, y en segundo lugar porque evidencia una posterior privatización de un canal que a duras penas ha podido decidir su programación en medio de la obligatoriedad del autofinanciamiento. La televisión pública y sus contenidos no pueden seguir siendo sometidos al mercado. Esta noticia es triste, pero esperamos que la venta del edificio -que tanto costó- no vaya de la mano con algo más amplio y de trasfondo”.
Durante el primer trimestre del año, el medio tuvo pérdidas por $1.469 millones de pesos. Si bien son pérdidas, éstas fueron menores a las registradas en igual período del 2019, cuando se anotaron $3.037 millones de saldo negativo.
Derecho humano a la información vulnerado
Javiera Olivares, profesora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y coordinadora del Programa de Libertad de Expresión de la Escuela de Periodismo, adviirtió que es “gravísimo que en el marco de una pandemia, donde los esfuerzos están enfocados en otros ámbitos, se tome una decisión de estas características para una institución pública. Después de una serie de medidas que se han ido tomando a lo largo de estos años para jibarizar al único medio público que va quedando”.
Para Olivares es muy grave que no se pueda socializar o conversar abiertamente sobre las decisiones y lo que debe hacerse con un medio que pertenece a todas y todos los chilenos: “No puede producirse sin un debate nacional amplio, porque se está amenazando con el derecho humano de conseguir información veraz, oportuna, de interés público, ecuánime y sin discriminación. Esto es un imperativo ético para cumplir por el Estado, no por los privados. Entonces, si no tenemos medios de comunicación estatales que puedan ayudar a cumplir este derecho, éste se verá más amenazado de lo que ya está en el marco de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación”, aseveró.