El Programa de Psicología Social de la Memoria, de la Universidad de Chile, condena enérgicamente el actuar de Carabineros de Chile en la Plaza Dignidad el día de ayer, viernes 2 de octubre. En el marco de una nueva jornada de violenta represión por parte de las fuerzas policiales, que deberían ser responsables por el orden y la seguridad pública, uno de sus efectivos lanzó al lecho del río Mapocho a un joven de 16 años desde una altura superior a los 4 metros.
Los hechos –desmentidos por Carabineros– fueron presenciados por observadores/as del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y documentados por testigos del incidente entre los cuales se encuentra la cadena Telesur. En ellos se ve claramente a un uniformado empujando al joven al río, lo que ha sido ya reconocido por el fiscal Patricio Macaya, equipo de Flagrancia de Fiscalía y la Policía de Investigaciones, que establecieron que fue presunto delito de homicidio frustrado.
Este hecho, que ha sido denunciado y condenado por diversas voces, no constituye algo aislado. Como Programa especializado en el estudio de memorias colectivas y violencias políticas, hemos señalado que se trata de una política de Estado, que persigue y castiga la disidencia política a través del uso de la violencia represiva. Dicha política no es nueva en nuestro país. Se ejerció bajo la forma de Terrorismo de Estado durante la dictadura cívico-militar, construyó instituciones y discursos que la legitimaron durante la llamada “transición a la democracia”, y se escuda hoy en la importancia de defender el orden público y la seguridad.
Nuestro repudio es ante el crimen cometido ayer contra el joven de iniciales A.A. y contra toda violencia ejercida por el Estado de Chile. Tanto esta, como la impunidad bajo la cual se desarrolla, atentan grave y sistemáticamente contra los Derechos Humanos, impidiendo la construcción de una sociedad democrática, igualitaria y solidaria, donde haya libertad, justicia y dignidad para todos y todas.
Demandamos que se asuman las responsabilidades penales respecto a este hecho, pero también las responsabilidades políticas por la violación sistemática a los Derechos Humanos que sigue ocurriendo en nuestro país. Estas han sido señaladas en reiteradas ocasiones por diversos organismos internacionales, cuyas recomendaciones han sido reiteradamente desoídas por las autoridades de gobierno.
Emplazamos tanto al gobierno actual como a las diversas fuerzas progresistas a mostrar la firme voluntad de terminar con la impunidad en nuestro país. Para eso es fundamental que se lleven a cabo juicios justos, oportunos y transparentes, y que las violaciones a los Derechos Humanos sean castigadas con medidas penales también oportunas y que respondan de manera efectiva a la gravedad de los hechos.
Exigimos el fin de toda forma de violencia política por parte del Estado, lo que necesariamente implica la creación de una nueva constitución y la disolución de la institución de Carabineros de Chile que existe actualmente.