“Ser un censor, pero también una caja de resonancia de lo que se está viviendo en el país y poder articular temáticas sentidas y relacionadas estrechamente con la vida pública”. Así describe la académica Fanny Berlagoscky la labor y el espíritu que la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende de la Universidad de Chile le ha querido imprimir a las jornadas en derechos humanos y salud pública que viene desarrollando desde 2013, con la convicción cada vez más clara del deber que tiene de trabajar en vínculo con otras universidades pero sobre todo con la sociedad civil.
Desde el estallido social de 2019, la importancia de relevar el tema de los derechos humanos y su defensa irrestricta se ha vuelto ineludible y este año y en medio de la pandemia, la Escuela de Salud Pública decidió convertirse también en un canalizador de las experiencias que han tenido distintas organizaciones sociales en la lucha por la memoria de aquellas violaciones de lesa humanidad que se sufrieron en el pasado reciente, pero que hoy lamentablemente se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad.
Así este año y en colaboración con la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, la Universidad Austral de Chile, la Red de Sitios de Memoria, la Coordinadora por la Libertad de Lxs Prisionerxs Políticxs 18 de octubre, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile y el Movimiento Salud en Resistencia, la VII versión de las jornadas -que además por primera vez se realiza en formato virtual- tiene como lema central “Chile y Neoliberalismo: protección de los derechos humanos, deudas y desafíos”, con la idea de profundizar en los efectos del sistema en las comunidades desde la perspectiva de los derechos sociales, la memoria, la salud pública, el medio ambiente, el territorio, los pueblos originarios y el arte.
En la segunda jornada de ayer, el panel reunió a parte de la Red de Sitios de Memoria donde conversaron Angélica Navarrete del Museo y Memoria Neltume; Karina Olmos, arqueóloga e investigadora de Sitio Exfosa Clandestina de Pisagua y Haydee Oberreuter, activista de DDHH y ex prisionera política del Cuartel Silva Palma. En tanto, las próximos conversatorios continuarán siendo liderados por organizaciones sociales: el día 13 -titulado “El territorio frente a la defensa de los DDHH: organización y lucha”- reunirá a Pablo Arriagada, cofundador del Colectivo Muévete, eslabón en Ñuñoando y miembro de la Mesa de Movilidad y del Consejo Asesor de Desarrollo Urbano de Renca; Magdalena Chikawal Kilaman, representante de la organización Mujeres Mapuche Autoconvocadas; Galo Muñoz, representante del Observatorio Social Penitenciario y Jaime Rosales Ojeda, representante de la Coordinadora de Defensa del Humedal Angachilla, Valdivia. Mientras que el día 14, se cerrará con un conversatorio en torno al lema: “El camino hacia la salud como derecho social”, con los expositores José Silva González, del movimiento Salud en Resistencia-MSR; Enrique Morales, presidente Departamento de Derechos Humanos Colegio Médico y Alejandra Zuñiga, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso.
“Lo que hemos hecho es recatar a los movimientos sociales, armar un grupo de la sociedad que estuviese realmente imbuido en lo que está sucediendo y en ese sentido la Escuela de Salud Pública también ha estado trabajando en todo el análisis y la mirada sobre la pandemia y también ha estado ligada a lo que sucede en las diferentes comunas. Creo que es nuestro deber ético tener esta posición política sobre todo hoy”, agrega la académica y organizadora del encuentro Fanny Berlagoscky.
Tras cada conversatorio, que se realiza durante la mañana entre 11 y 12.30 horas, cada día se realizan talleres, entre 16 y 18 horas, con temas ligados a cada panel. El 13 se realiza el taller “Derechos básicos y presunción de inocencia: qué hacer a la hora de una detención en el marco de la protesta”, realizado por Josefina Espinoza Loo, procuradora y Carla Verdugo, coordinadora por la Libertad de Lxs Prisionerxs Polítcxs 18 de Octubre; y el 14; “Violencia de Estado: mutilaciones y sus consecuencias” realizado por: Movimiento Salud en Resistencia-MSR. Los cupos son limitados
La impunidad en pandemia
“La pandemia nos ha hecho tomar conciencia acerca de un modelo de sociedad muy defectuoso, con muchos problemas y que hemos tolerado casi sin haberlo discutido. El sistema que se ha implementado en chile es uno que desconoce los derechos de las personas y que genera un sistema disfuncional. Cuánto mejor podríamos haber estado preparados para la pandemia con un enfoque de salud y vida distintos”, dijo en sus palabras de bienvenida al primer panel, el rector de la U. de Chile Ennio Vivaldi. “Uno de los mayores errores ha sido desatender la importancia de la atención primaria en salud, cuán diferente habría sido si hubiésemos salido a los testeos, a la trazabilidad, al aislamiento con una red territorial de atención primaria fuerte que nos estuviera apoyando”, agregó.
Mientras que el co-anfitrión, el rector de la Universidad Austral de Chile, Óscar Galindo hizo hincapié en periodo de crisis que aún vivimos, donde sumado al virus persiste la tensión social tras el 18 de Octubre. “Hace casi un año, el movimiento social puso en evidencia la fragilidad de los derechos humanos en nuestra sociedad y en nuestra democracia actual con las nuevas vulneraciones que tantas víctimas ha traído. Desde ahí, es fundamental la relación que existe entre derechos humanos y salud y el rol que han jugado los trabajadores de la salud en la defensa de nuestra población y también en las escuelas e institutos de salud pública de ser espacios abiertos para el debate público, la confrontación de ideas, y formación de ciudadanos”, dijo el rector.
En esa línea se instaló el debate de la jornada inaugural, con la participación central de Marta Valdés Recabarren, vocera de la Coordinadora de Trauma Ocular, quien hizo una sentida exposición de lo que han vivido las víctimas de perdigones disparados por efectivos policiales durante la revuelta social, algunos perdiendo la visión parcial o completa. “El gobierno justificó con la pandemia no hacerse cargo de las víctimas de trauma ocular post 18 de Octubre. Tuvimos retrasos en los tratamientos tanto psicológicos como en las operaciones, muchos estaban en proceso de prótesis, bajo pandemia sólo se atienden urgencias, entonces muchos no fueron atendidos por las lesiones en su ojito, lo que significaba dañar su otro ojito. Ha habido una indolencia absoluta, el gobierno no se ha acercado a las víctimas de manera individual ni tampoco como coordinadora”, acusó Marta. “Sostuvimos una reunión con la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, donde hablamos de los protocolos de uso de escopeta de Carabineros, pidiéndole a ella que nos asegurara o que hiciera algo para que este 18 de octubre no tuviéramos que lamentar más víctimas y ella hizo una negación absoluta de que hubiesen violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, nos dijo que no eran órdenes de gobierno que carabineros violentara a manifestantes. eso nos indignó, es una negación a los hechos, es querer tapar el sol con un dedo”, sostuvo.
En su intervención, la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones Universidad de Chile y Premio Nacional de Periodismo 2007, Faride Zerán aprovechó de recordar las cifras contundentes que organismos locales e internacionales dieron como prueba del accionar de las fuerzas policiales -más de 400 heridas oculares, 28 mil personas detenidas y 26 muertos en contexto de protesta además de 192 personas que denunciaron violencia sexual- e hizo énfasis en cómo la impunidad del paso ha dejado el camino abierto para las violaciones a los derechos humanos en el contexto actual. “El testimonio de Marta es conmovedor porque nos enrostra no sólo las deudas pendientes que aún tiene este país sino el abandono que hoy sufren las víctimas lo que es muy grave. Si hay algo que es evidente es la necesidad de pensar en un Chile sobre las defensa irrestricta a los Derechos Humanos, que sea un elemento central. Frente a la demanda de los pueblos originarios, frente a las demandas sociales, la respuesta del Estado ha sido absolutamente represiva y atentatoria a los derechos humanos. Por eso es necesario pensar en un gran acuerdo de todos los sectores, no se puede pensar en una Nueva Constitución si las bases no están cimentadas en el respeto del otro”, afirmó.
Elizabeth Lira, decana Facultad de Psicología. Universidad Alberto Hurtado y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2017 compartió la visión de Faride Zerán, e insistió en lo importante que es que todos los hechos de violación de lesa humanidad sean investigados y condenados. “Las bases para establecer una sociedad en paz implica saldar las cuentas con el pasado. Cuánto de la verdad que hicimos sobre el pasado requieren ponerse al día con las violaciones a los derechos humanos ocurridas posteriormente. Cuánta reparación ha sido sin lograr profundamente a quienes lo necesitan. Debemos volver a fundar la esperanza de paz en nuestra convivencia en el accionar de los tribunales de justicia. La herencia de impunidad y el hecho de que las autoridades y policías no estén obligados a rendir cuentas es lo que hace que muchos de estos abusos se repitan hasta el día de hoy”, señaló.
Para Marta Valdés de la Coordinadora de Trauma Ocular la clave también está en la acabar con la impunidad y emprender una real búsqueda de la equidad social a todo nivel “Hoy tenemos que encaminar el cambio de la Constitución para que sirva efectivamente y sea una luz de esperanza para que esto cambie la desigualdad a todo nivel que hay en educación, salud, pensiones y sobre todo justicia. Todo esto se consiguió con la movilización social y hay que seguir movilizados”, agregó.
El cierre de la jornada inaugural contó además con la presentación de la cantante Ana Tijoux, quien en vivo desde Barcelona y a capella interpretó los temas de contenido político social; Shock y Cacerolazo.
Revisa el conversatorio inaugural aquí