El ciclo de conversaciones sobre “Unificación del procedimiento administrativo”, realizado en nuestra Facultad los días 14 y 19 de octubre pasado, tuvo como objetivo general analizar el estado actual del proceso contencioso administrativo en Chile y someter a examen el conjunto de acciones que pretenden controlar judicialmente la actividad administrativa.
En el encuentro, organizado por los Departamentos de Derecho Público y de Derecho Procesal, y patrocinado por el Consejo de Defensa del Estado, la reflexión giró en torno a la necesidad de unificar un conjunto diverso de contenciosos administrativos especiales que se encuentran dispersos en distintos cuerpos legales sin una mayor coherencia, con distinta regulación en cuanto a plazos y pasos procesales.
Entre otras consideraciones, en las presentaciones se constató la variedad de acciones de impugnación de actos de la administración que conviven en nuestro ordenamiento jurídico: recurso de protección, contenciosos administrativos ante tribunales especializados (tales como el Tribunal de Contratación Pública, o los Tribunales Ambientales o el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia) y la acción de nulidad de derecho público.
La sesión inaugural contó con la participación de diversas autoridades, todas las cuales compartieron un diagnóstico crítico sobre la ausencia de un contencioso-administrativo general y la dispersión de contenciosos administrativos especiales de impugnación de legalidad de actos de la administración. Se distanciaron, sin embargo, en la entidad de los problemas que aquello acarrea y en las propuestas concretas que cada uno presentó desde sus respectivas visiones institucionales. Intervinieron en el panel inaugural Pablo Ruiz-Tagle Vial, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Hernán Larraín Fernández, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Sergio Muñoz Gajardo, Ministro de la Excelentísima Corte Suprema, y Juan Antonio Peribonio Poduje, Presidente del Consejo de Defensa del Estado.
En la primera sesión, titulada Las necesidades de lo contencioso-administrativo hoy, expusieron Silvia Diez Sastre, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid; Julio Pallavicini Magnere, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile; y Cristián Maturana Miquel, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, siendo moderada por Ruth Israel López, profesora del Departamento de Derecho Procesal y Abogada Procuradora Fiscal de Santiago. A más de brindar un panorama general e histórico desde el punto de vista procesal y administrativo, los ponentes, en particular la profesora Diez, articuló su exposición en torno a la pregunta ¿Qué necesita un sistema de justicia administrativa hoy?, centrándose en tres elementos esenciales: constitucionalización, especialización y eficacia y eficiencia.
La segunda sesión se tituló La unificación de contenciosos administrativos especiales y en ella intervinieron tres profesores que participaron en una mesa de trabajo convocada durante el 2019 por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y que evacuó un informe titulado “Consideraciones de la mesa de trabajo para una propuesta de unificación del procedimiento contencioso administrativo”. Así, resumió las conclusiones de este informe Enrique Navarro Beltrán, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile; Alicia de la Cruz Millar, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad Alberto Hurtado, quien se centró en el rol que podría tener la Contraloría General de la República en un contencioso-administrativo unificado; y Cristián Román Cordero, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, que se refirió a distintas condiciones que debieran tenerse en cuenta para una tal unificación (tribunal competente, competencia, manera de realizarla, entre otros). La mesa fue moderada por Luis Cordero Vega, Profesor de Derecho Administrativo, Universidad de Chile.
En la tercera sesión, se abordaron las Condiciones procesales óptimas de un contencioso-administrativo unificado. El profesor Juan Carlos Ferrada Borquez, profesor de Derecho Administrativo, se refirió a siete cuestiones que debieran tenerse en cuenta para un contencioso-administrativo unificado. A continuación, el profesor Alejandro Romero Seguel, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de los Andes, se refirió a condiciones de debido proceso y a la necesidad de revisar la posición de la administración en un proceso judicial que controle su actividad. Flavia Carbonell Bellolio, profesora y Directora del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, finalmente, se centró en la necesidad de combinar, como condiciones óptimas de un contencioso-administrativo, la identificación de las garantías de un debido proceso y las necesidades de la administración. Moderó la mesa Natalia Muñoz Chiu, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile.
El seminario generó un interesante debate entre profesores, abogados, jueces y decisores públicos y contó con una alta participación.