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Oficina de Equidad e Inclusión

Columna de opinión

Reforma a la ley antidiscriminación: muchos conceptos sin órganos ni presupuestos

El próximo lunes 14 debería ser la sesión en que la Comisión de Derechos Humanos despache el texto final de la reforma: después, sólo dependerá de la voluntad política de los comités y de la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, para que sea puesto en tabla para su votación en sala y así avanzar a su segundo trámite. Si bien una agenda asimilacionista de derechos no terminará ni con los crímenes de odio ni con la marginación de trabajadoras sexuales, trans, migrantes, seropositives, entre otres.

La forma más elocuente de resumir el desdén del Estado a enfrentar vehementemente a la discriminación, es observando cómo la única ley dedicada al tema, no tiene entre sus objetivos erradicarla, pese a que fue aprobada el 2012 a raíz del brutal crimen de odio que asesinó a Daniel Zamudio. En efecto, el artículo 2 de la ley 20.609 indica que su único propósito es "instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria”. El primer grave obstáculo de esta redacción es que entiende la discriminación como una contienda entre privados, que se resuelve en un procedimiento civil, en circunstancias en que se trata de un problema público, por cuanto la vulneración al derecho humano a la igualdad y no discriminación, se previene con políticas públicas y no sólo con denuncias en tribunales.

Aunque el actual proyecto de reforma del Senado modifica esta norma, sólo podrá avanzar en prevención cuando la ley le encargue a un órgano público específico esta tarea. En Argentina, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) existe desde 1995 y el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) de México, desde 2003 y tienen un rol nuclear en la recepción de denuncias y en la promoción de medidas educativas: ambos contemplan la integración tanto de otros órganos o ministerios incumbentes, y de representantes de la sociedad civil entre sus autoridades internas. Sin embargo, en Chile, el artículo 65 de la actual Constitución establece que sólo el presidente puede crear nuevos servicios públicos a través de sus iniciativas de ley, y ello no se hizo en las indicaciones de maquillaje que defiende la Subsecretaría de Derechos Humanos hace trece semanas en la Comisión a cargo del Proyecto de ley que modifica y fortalece la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación.

Con ello, el Gobierno sigue desoyendo al movimiento disidente sexogenérico que, pese a no ser la población que más usa este procedimiento, ha exigido esta institucionalidad hace años porque, a diferencia de otros grupos de protección de la ley, las personas LGBTIQA+ no son el foco de atención de ningún servicio público, pese que a la ley que creó el Ministerio de la Mujer “y la Equidad de Género” buscaba incluirnos en su ámbito de protección. Si bien, este no cumple con ninguna expectativa de los movimientos feministas, su mera existencia junto a la del SENADIS, SENAMA o la CONADI, entre otros, reconocen, pese a sus incontables deficiencias, tanto a las mujeres como a otras poblaciones históricamente discriminadas, como sujetes polítiques que constituyen una agenda ineludible en cualquier administración. En cambio, las lelas, colas, travas, trans y no binaries, dependemos de la simpatía que nos tenga el Gabinete de turno, que cuando no está, puede llevarnos a retrocesos como los que están ocurriendo en Polonia, donde se levantan proyectos de ley que buscan instaurar “zonas libres de LGBT” y pueblos enteros se han declarado “libres de ideología LGBT". Esto ha moldeado el activismo de dirigentes históriques que, al mostrarse cercanes a este agónico Gobierno o a polítiques interesades en el voto rosa, pierden la confianza de quienes verdaderamente viven expuestes a la pobreza y a la violencia callejera. En definitiva, los cambios en la redacción de una norma son inútiles sin diseños institucionales robustos y con financiamiento, que tengan como orientación la promoción de nuestra vida digna para enfrentar nuestras desigualdades.

El segundo obstáculo que advertimos tanto en el artículo 2 como en toda la ley es el mañoso amarre de la palabra “arbitraria”, al concepto de “discriminación”, justificado en que existirían otras discriminaciones legítimas supuestamente no arbitrarias. La Organización de Estado Americanos (OEA) fijó un estándar regional en la materia en un tratado de 2015 y no sólo prescindió del vocablo “arbitraria” sino que fue más allá y reguló tres tipos (directa, indirecta y múltiple). Si bien la reforma avanza en esa dirección, la Cancillería aún no envía al Congreso para su ratificación, la Convención firmada por Chile en 2015 durante el gobierno anterior pese a los dos oficios enviados desde la Cámara que lo exigen.

El próximo lunes 14 debería ser la sesión en que la Comisión de Derechos Humanos despache el texto final de la reforma: después, sólo dependerá de la voluntad política de los comités y de la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, para que sea puesto en tabla para su votación en sala y así avanzar a su segundo trámite. Si bien una agenda asimilacionista de derechos no terminará ni con los crímenes de odio ni con la marginación de trabajadoras sexuales, trans, migrantes, seropositives, entre otres; ya no es sostenible este nivel de desamparo a comunidades ya vulneradas y que, ante la lentitud de la legislación y la ausencia del Estado, intentan resistir al azote de (otra) pandemia desde la autogestión, todo mientras buscamos espacio en las discusiones constitucionales y en algún pedacito de cielo arcoiris en que podamos sobrevivir para después soñar con volar.

Matías Valenzuela Cortez, asesor jurídico de la Asociación OTD Chile (Organizando Trans Diversidades)

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