Desde 2018 a la fecha, el Acuerdo de Escazú cuenta con 24 firmas y 11 ratificaciones para garantizar la democracia ambiental en los países de Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, en septiembre de 2020, Chile decidió restarse de dicho instrumento internacional, pues el gobierno sostiene que podría suponer una amenaza para la soberanía nacional debido a las obligaciones ambiguas que condicionarían las legislaciones ambientales en el país.
Bajo este contexto, académicas y académicos del Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Universidad de Chile, junto a la abogada y negociadora principal del acuerdo de Escazú, Constance Nalegach, elaboraron un documento que ofrece un análisis jurídico y entrega antecedentes para revertir dicha postura. El escrito forma parte de la serie de publicaciones “Perspectivas CDA”, que también cuentan con el apoyo de la Red Transdisciplinaria de Energía Agua y Sustentabilidad (ENEAS), coordinada por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID).
Para el Jefe de Gabinete de la VID, Andreé Henríquez, esta iniciativa forma parte de los objetivos de la Universidad de Chile. “Comprendemos que la academia es uno de los sectores que puede proponer la generación y adopción de políticas públicas basadas en evidencias científicas desde todas las áreas del conocimiento. Como Vicerrectoría, hemos apoyado y fomentado la generación de reflexiones inter y transdisciplinarias que respondan a los desafíos globales, pues como institución pública tenemos el deber de aportar en el entendimiento y resolución de los problemas que nos acontecen”, comentó.
Asimismo, durante 2012, el Senado Universitario de la Casa de Bello aprobó la “Política de Sustentabilidad” aplicable en su extensión, docencia, investigación y gestión. En la misma línea y, con el fin de demostrar compromiso en la materia, en 2018 también se creó el Comité por la Sustentabilidad, dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios (VAEC). Este espacio tiene por objetivo coordinar, apoyar, difundir y hacer seguimiento a las acciones necesarias para cumplir con las obligaciones comprometidas por la institución en medio ambiente, vinculándose directamente con las y los encargados de sustentabilidad que representan a las 14 facultades y cinco institutos, además del quehacer del Programa Académico Bachillerato y el CDA.
Chile debe adherir al Acuerdo de Escazú
El Acuerdo de Escazú también es conocido como el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Este documento se ha posicionado como uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región, debido a su compromiso por avanzar en la implementación de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales.
La decisión de Chile por restarse de este acuerdo no ha quedado exenta de críticas. Para la directora del CDA y profesora de la Facultad de Derecho, Valentina Durán, la serie de publicaciones se instala como una herramienta para entregar posturas académicas en temas contingentes y así informar a la ciudadanía. “Esta iniciativa se enfoca en el desarrollo nacional sostenible, ya que como institución nos hacemos cargo de una discusión de política pública relevante, como lo es el ser o no parte del primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que avanza en democracia ambiental para asegurar el derecho a un medio ambiente sano a más de 500 millones de personas de la región", agregó
A su vez, la académica Durán se refirió al trabajo inter y transdisciplinar para aportar en la materia. “Los estatutos de nuestra universidad señalan que es nuestra misión postular el desarrollo sostenible en el país. En este sentido, creemos en la integración de los diferentes perfiles académicos para coordinar y contribuir desde la docencia, la investigación y la vinculación con el medio. Esto nos permite generar reflexiones y diálogos en la sociedad, ya que como institución estatal no podemos ser neutrales en este tipo de discusiones. Por ley tenemos un compromiso con la democracia y el desarrollo sostenible, por eso es que ante la redacción de una nueva Constitución Política, debemos asegurar la relación con la naturaleza y la protección del medio ambiente desde el catálogo de derechos y sus diferentes secciones”, indicó.
Los próximos números de la serie “Perspectivas CDA” se lanzarán durante el verano 2021, rescatando reflexiones sobre el proceso constituyente que enfrenta el país.
El documento “¿Por qué Chile debe adherir al Acuerdo de Escazú?”, se encuentra disponible para descargar en el costado derecho de la pantalla.