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En instituciones públicas

Dictamen de Contraloría plantea continuidad del pago de sala cuna a madres trabajadoras

La entidad fiscalizadora estableció que procede entregar un monto en dinero que equivalga al beneficio de sala cuna al personal que se encuentra realizando labores en la modalidad de trabajo remoto. En conocimiento de este fallo, la Universidad de Chile emitió un oficio, el cual señala que para solicitar el beneficio, la funcionaria/o deberá adjuntar una declaración jurada simple que señale a la persona que cuida o cuidará a el o la menor.

Tras este fallo, la U. de Chile emitió un oficio, el cual señala que para impetrar el beneficio, el o la funcionaria debe presetar una declaración jurada simple que señale al cuidador/a del menor.

Tras este fallo, la U. de Chile emitió un oficio, el cual señala que para impetrar el beneficio, el o la funcionaria debe presetar una declaración jurada simple que señale al cuidador/a del menor.

El documento, dado a conocer este 21 de enero, responde a los requerimientos presentados por trabajadoras/es de distintos organismos públicos que han debido sobrellevar el período de pandemia ejerciendo sus funciones laborales y de cuidado simultáneamente, debido a los cierres de salas cunas y jardines y cuarentenas.

El dictamen en cuestión sostiene que las instituciones públicas cuentan con presupuestos para solventar el pago de las salas cunas, siempre que no se encuentren pagando a un establecimiento por ese servicio. Por ende, existen fondos para dar cumplimiento a este beneficio.

“En ese contexto, y armonizando los bienes jurídicos protegidos en cuestión, esto es, el bien superior del niño y la niña, la salud de la madre trabajadora, el derecho de las mujeres a trabajar y a desarrollarse laboralmente, el debido resguardo de la salud pública y la continuidad del servicio público, esta Entidad Fiscalizadora no advierte inconveniente en que se entregue por concepto del beneficio de sala cuna consignado en el artículo 203 del Código del Trabajo, una cantidad en dinero que equivalga a esa prestación, con la finalidad de contribuir en los cuidados del menor en su hogar, mientras su madre cumple labores en modalidad de teletrabajo o trabajo remoto durante la pandemia”, señala el texto.

Consultada sobre este pronunciamiento, la docente de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, Rocío Lorca, sostiene que -pese a su demora- es un fallo positivo, que podría dar pie a la generación de políticas institucionales que vayan más allá de la pandemia en materia de cuidado.

“Todos sabemos que es la red de cuidado la que permite a la mujer entrar al mundo laboral, eso fue lo que permitió que entráramos a trabajar, hace varias décadas. Y luego nos hemos tenido que enfrentar a una serie de dificultades, para tener igualdad de trato con los varones, y se invisibilizan una serie de otros problemas que tenemos. Pero la pandemia nos ha devuelto a lo que era hace 50 años atrás. Es un dilema, o somos madres o tenemos carrera o trabajamos. Trabajar o cuidar, como si fuera un dilema. Yo creo que ha sido muy fuerte para todas las mujeres, de manera transversal, perder eso que era como lo más básico, la plataforma desde la cual estábamos haciendo avances en igualdad de género”, comenta.

En conocimiento de este fallo, la Universidad de Chile emitió un oficio, el cual señala que para impetrar el beneficio, la funcionaria/o deberá adjuntar una declaración jurada simple que señale la persona que cuida o cuidará al o a la menor de dos años, quien también puede ser un familiar que asista a la madre en esa labor, y sin que sea necesario acompañar un contrato de trabajo.

Además, se refiere al caso del beneficio de jardín infantil, señalando que “si bien no existe regulación legal para la entrega del beneficio de jardín infantil, aquellos organismos públicos que tengan disponibilidad presupuestaria y no estén pagando un contrato para la entrega de esa prestación, pueden regularlo aplicando los mismos criterios indicados anteriormente para la sala cuna, esto es, a contar de la fecha de este pronunciamiento podrán entregar un monto en dinero por dicho beneficio a los funcionarios que lo soliciten, los que deberán adjuntar a su solicitud una declaración jurada simple que señale la persona que cuida o cuidará al niño o niña, sin que sea necesario acompañar un contrato de trabajo”.

Miriam Barahona, presidenta de FENAFUCH, sostiene que “estamos en conocimiento de una funcionaria que hizo la consulta ante el organismo contralor. Esta es una situación que afecta a muchas funcionarias y funcionarios, por lo que valoramos el fallo, así como la iniciativa de la Contraloría de U. de Chile, que lo hace extensivo a las trabajadoras/es a honorarios y no sólo a quienes están en un régimen de contrata o planta. Esto no es sólo un beneficio de los/as trabajadoras, sino una medida de protección para los niños y niñas, y sus derechos”.

“Sin embargo, nos preocupa por una parte la voluntariedad de la medida, y en ese sentido, esperamos que el plantel tenga el presupuesto para que se pueda ejecutar, y el monto que se asigne sea similar al que se le entrega al establecimiento. Pero también, que esta situación se circunscriba al periodo de pandemia. Posterior a la emergencia sanitaria, pensamos que los y las menores deben ir a un establecimiento para garantizar su derecho a la educación y el aprendizaje”.

Finalmente, Rocío Lorca va mucho más allá del dictamen, apuntando derechamente a la problemática del cuidado y explica que las mujeres “hemos estado completamente entregadas a “sálvese quien pueda”, del cómo lo hacemos”. No ha habido hasta ahora, una política pública que haya planteado el tema durante casi un año de pandemia. “La responsabilidad de las instituciones es que ellas no tienen que dejar de cuidar a las mujeres que cuidan”.

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