Siete años fueron necesarios para que una normativa antidiscriminación viera luz verde en nuestro país, desde su ingreso en 2005 hasta su publicación el diario oficial en julio del 2012, la ley n° 20.609, que establece normativas en contra de la discriminación. La promulgación estuvo tristemente motivada por la golpiza que recibió el joven gay Daniel Zamudio (por parte de un grupo neonazi), quien falleció posteriormente el 27 de marzo de ese año.
Tanto los medios de comunicación como las autoridades bautizaron al proyecto como “ley Zamudio”, con la finalidad de mostrar aires de progresismo en el primer gobierno de derecha -con spot pro gay de campaña- que gobernaba al país en la tambaleante democracia chilena y que prometía “mano dura” contra la discriminación hacia las diversidades y disidencias sexo-genéricas.
Sin embargo, el hecho que exista en el papel no implica un cambio sustantivo en la realidad material de las personas de la comunidad lgbtiqa+, ya que cada cierto tiempo debemos lamentar la partida de otra persona sexodiversa, las que sufren, a raíz del odio inculcado hacia nuestra comunidad, golpizas, ataques, insultos y en resumen, una vulneración sistemática a sus derechos y libertades.
La discriminación surge a raíz del estigma, el cual, está profundamente arraigado en “lo natural” o el “sentido común”, opera en los valores e interacciones de la vida cotidiana, inclusive en ámbitos institucionales como un reflejo de las relaciones sociales. La discriminación es un proceso social y estructural, dado por el contexto y las creencias de cada cultura que puede demonizar o promover ciertas conductas, en este caso las relaciones afectivas y/o eróticas entre personas del mismo sexo junto con la diversidad de géneros y su expresión.
A la niñez se le enseña que debe actuar como corrector de las conductas “homosexuales” de sus pares, dejarlo al descubierto para que la sociedad corrija -denotando en su memoria la conducta como negativa- su comportamiento y cumpla con los estándares correctos: la masculinidad o feminidad asociada al sexo, junto con la heterosexualidad impuesta como la forma de relacionarse correctamente.
En este sentido, por ejemplo, la educación sexual impartida como política de Estado juega un rol fundamental. Si se le enseña a un infante a respetar un entorno de diversidad, crecerá bajo esas premisas. Por el contrario, si su aprendizaje se encuentra limitado, entonces vivirá bajo estigmas que fomentarán las conductas discriminatorias a lo largo de su vida.
La ley en específico no contempla aspectos de promoción, prevención o diálogo, y pareciera ser una medida motivada por una respuesta reaccionaria frente a situaciones de vulneración de derechos que suman la agravante de discriminación, como fue el caso de Daniel Zamudio, y no con la finalidad de prevenir que la discriminación suceda.
Esta legislación tampoco contempla a un organismo público que vele por la no discriminación de forma activa y transversal en las políticas públicas y programas disponibles como respuesta a la marginación estructural que desborda las relaciones civiles, espacio en donde hoy se encuentra la ley.
Por lo anterior, urge una reforma integral que no espere un acto de vulneración de derechos para sancionar, sino que prevenga; una ley que contemple un organismo público con presupuesto claro para dar respuesta al problema de la discriminación y no sólo un cuerpo legal; una normativa que transversalice la no discriminación como un principio que comprende eliminar barreras para el goce de derechos y libertades. Pero como ya vimos, las leyes no cambian la realidad, el desafío aún es grande para que las personas LGBTIQA+ vivamos en igualdad de dignidad.
Matías Marín y Guillermo Sagredo, miembros del Circulo de Estudiantes Viviendo con VIH (Cevvih)