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Comité por la Sustentabilidad

Columna de opinión

TPP-11 y su amenaza frente al cambio constitucional

El CPTPP, o más conocido como TPP-11, "es un ambicioso acuerdo comercial que involucra a 11 países y su objetivo es contribuir al crecimiento económico", según se describe en la página web de la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, pero este tratado, que tiene alrededor de 700 páginas, ¿es solo comercial?

Loreto Paillacar S. es delegada de Medioambiente FECh e integrante del Comité por la Sustentabilidad de la Universidad de Chile.

Loreto Paillacar S. es delegada de Medioambiente FECh e integrante del Comité por la Sustentabilidad de la Universidad de Chile.

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El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11) todavía no está en la tabla del Senado, pero la suma urgencia impuesta por el Gobierno sigue vigente, a través de presiones y negociaciones con parlamentarios, a espaldas de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil para asegurar su ratificación.

Un punto importante para considerar en esta discusión son los tratados ya firmados por Chile, especialmente, en relación a los derechos humanos y ambientales, como el Convenio 169 de la OIT, ya que este acuerdo puede tener graves repercusiones sobre estos derechos.; materia que la administración de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera se negaron a discutir.

El artículo 1.2 del tratado indica que "si una Parte considera que una disposición de este Tratado es incompatible con una disposición de otro acuerdo (...) consultarán con el fin de alcanzar una solución mutuamente satisfactoria. Este párrafo es sin perjuicio de los derechos y obligaciones de una Parte conforme al Capítulo 28 (Solución de Controversias)". Es decir, indica que para los países partes, en principio, no hay tratados de mayor jerarquía que el TPP-11 y que, si un país miembro apela a la mayor jerarquía de un determinado acuerdo, puede ser llevado ante el sistema de resolución de controversias o ante paneles de resolución de disputas Estado-Inversionistas.

Debemos evitar que Chile se convierta en un país donde exista sobreexplotación y producción con ambiguas o nulas regulaciones ambientales, ya que la Ley 21.200 en su Art. 135 establece que la Convención Constitucional deberá tener presente los tratados internacionales ratificados. Dicho de otra manera, si se aprueba el CPTPP, la discusión en torno a la consagración y resguardo de los derechos a constituirse en una nueva Carta Magna se verán afectados por los límites interpuestos por este tratado.

Tampoco se ha informado de los peligros que este "acuerdo comercial" crea para el funcionamiento o hasta la supervivencia de las empresas estatales. El Capítulo 17 pone severas restricciones al fomento y apoyo a estas entidades y actividades comerciales de las mismas, puesto que prohíbe la llamada "asistencia no comercial". En otras palabras, limita la posibilidad de proteger y fortalecer empresas públicas, favoreciendo a las trasnacionales, mediante las cortes de arbitraje internacional.

¿Estamos dispuestas y dispuestos a transar nuestra soberanía por el "crecimiento económico"? Por mencionar un ejemplo, alrededor de 100 empresas a nivel mundial son las responsables de más del 70% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Este tratado sólo seguirá aumentando la fortuna de los más ricos, a expensas de la degradación de los ecosistemas y el bienestar de las personas.

No olvidemos que nuestro actual Gobierno no ha mostrado intenciones de ratificar el "Acuerdo de Escazú", que garantiza el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Por lo tanto, tenemos el deber de reaccionar frente a la incapacidad de nuestras autoridades para impulsar políticas públicas que aspiren a cambiar el modelo extractivista.

En plena revuelta social, se dejó en claro que queremos una Constitución sin TPP-11, libre de "trampas", porque no podemos quedarnos indiferentes ante las crisis social, climática y ecológica. Si queremos realmente que Chile cambie, necesitamos analizar este tema con seriedad y adquirir compromisos frente a este tratado y otros que atentan contra la democracia, sin olvidar que el proceso constituyente fue exigido en las calles para que los mismos de siempre dejen de gobernar a espaldas del pueblo. En ese sentido, debemos avanzar hacia una nueva Carta Fundamental que resguarde nuestros derechos, la biodiversidad y ecosistemas en la Tierra.

Por Loreto Paillacar S.
Delegada de Medioambiente FECh e integrante del Comité por la Sustentabilidad de la Universidad de Chile.

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