El estudio “Un año del Covid-19” de la consultora internacional Ipsos reveló que Chile es el segundo país a nivel mundial que ha empeorado su salud mental desde el inicio de la pandemia. La encuesta abordó la situación de más de 21 mil personas en 30 países, un 45% declaró que su salud mental empeoró en el último año.
En Chile, un 56% indica un deterioro de su salud física y emocional. Cifra sólo superada por Turquía que reflejó un 61% en este ítem. Sólo un 14% de los chilenos y chilenas declaró que su salud mental mejoró durante los últimos 12 meses.
Una situación que se replica también en el ámbito universitario, el estudio Impacto de la pandemia por COVID-19 en la salud mental de estudiantes universitarios en Chile muestra que un 77,7% de los(as) estudiantes mayores de 18 años percibió que su estado de ánimo estaba peor o mucho peor y solo un 6,6% percibió que estaba mejor desde el inicio de la pandemia.
En esa misma línea, las mujeres declararon tener mayores dificultades asociadas a problemas económicos, clases en modalidad online y problemas de concentración, un 5% más en relación a los hombres.
La directora de Salud de la Universidad de Chile, Viviana Guajardo, coincidió con el panorama que indican las cifras y adelantó un escenario poco auspicioso a futuro. “En pandemia los problemas de salud mental ya constituyen un problema de salud pública, cuyas consecuencias aún no se dimensionan del todo y que tendrá repercusiones no sólo a corto, sino también a mediano y largo plazo”, indicó.
“Se han visto afectadas no sólo quienes previamente no tenían problemas de salud mental sino también aquellos que ya se encontraban en algún tratamiento. También existen poblaciones que han sido más afectadas: mujeres, niños inmigrantes, estudiantes y las personas que han estado en la primera línea como los funcionarios de salud”, agregó.
En Chile, los años de vida saludable perdidos por discapacidad o muerte (AVISA) llegan al 23% por condiciones neuropsiquiátricas.
Ley de Salud Mental
En marzo se aprobó la denominada Ley de Salud Mental, que se encuentra próxima a su promulgación. Una ley cuyo objetivo es reconocer y garantizar el derecho a la integridad física y psíquica, y la libertad personal de quienes viven con una enfermedad mental o una discapacidad psíquica o intelectual.
La nueva normativa impedirá realizar intervenciones irreversibles, tales como esterilizaciones o cirugías, sin el consentimiento de los y las pacientes, ni tampoco realizar hospitalizaciones involuntarias sin la autorización de los tribunales de familia.
Además, la ley incorpora y reconoce el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser informados y escuchados para decidir sobre los distintos procedimientos terapéuticos.
“La ley se enfoca en regular la hospitalización psiquiátrica, por ejemplo, y no viene a resolver otros temas como son promociones de salud, regulación de prestaciones de salud mental, que tengan que ver con el interceptor y fuera del contexto psiquiátrico hospitalario. Por lo tanto, es un aporte, un avance, pero no es propiamente una ley de salud mental, ni tampoco viene a aportar nuevos recursos que son tan necesarios para esta temática”, indicó la directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes (Imhay), Vania Martínez.
Se trata entonces de una ley que regula las prestaciones de salud y protege los derechos de los pacientes con enfermedades de salud mental. Sin embargo, no aborda otras materias relacionadas a la promoción y prevención y mantiene vigentes mecanismos de tutela y voluntades subrogadas, brechas de género, acceso a la salud, estigma de la población, entre otras.
La Salud Mental en la nueva Constitución
La redacción de la nueva Constitución surge entonces como una alternativa para incorporar las garantías que hasta ahora no se encuentran de manera explícita en la carta fundamental y en las normativas vigentes.
“Me parece que en el proceso constituyente podría permitir colocar la salud mental como eje del bienestar biopsicosocial de los ciudadanos y debiese tener cabida en nuestra carta fundamental. Desde ahí avanzar en la prevención y promoción de la salud mental, haciendo énfasis en mejorar la calidad de vida de las personas”, comentó Viviana Guajardo, psiquiatra y directora de Salud de la Universidad de Chile.
En ese sentido, desde la Red de Organizaciones para la Abogacía por la Salud Mental "Salud Mental es Salud" entregan dos propuestas de cara a la discusión sobre salud mental en la carta magna.
En primer lugar, proponen un aumento del presupuesto a un 6% para inversión en salud mental, que es lo que promueve la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, se destina una cifra cercana al 2,5% en esta materia, una cifra muy inferior considerando que hace cuatro décadas el porcentaje era de un 1%, es decir, un 1,5% de aumento en 40 años.
En segundo lugar, plantean lograr una paridad entre la cobertura de prestaciones de salud mental, respecto a las de salud física. Sobre todo, en un momento donde la situación económica de los grupos más vulnerables del país se agudizó producto de las restricciones derivadas de la pandemia de Covid-19.
“El proceso constituyente es una oportunidad, no solamente para salud mental, sino para repensar el sistema de salud en general como una garantía de derechos para la población, para discutir acerca de un seguro de salud universal, para poner énfasis en promoción de salud en general y específicamente en promoción de salud mental”, destacó la académica de Cemera, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Vania Martínez.
La académica también agregó que el rol de las instituciones académicas y de investigación va a ser fundamental para que la salud mental se aborde desde todas sus aristas y su acceso a la salud sea una garantía para todos y todas.