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Concluye estudio presentado por la U. de Chile

Concentración del mercado editorial y colonialismo cultural caracterizan gasto público en programas para el libro y la lectura

"Brechas en el ecosistema del libro" -editado por Lom y JC Editor- se titula la investigación de Andrés Fernández, integrante del Observatorio del Libro y la Lectura de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. El trabajo fue presentado hoy en un panel donde se discutieron las falencias que tuvo la aplicación de la Política Nacional del Libro y la Lectura 2015-2020, las que revelan desigualdades en la compra de libros y problemas en la democratización del acceso a ellos a nivel regional.

Según el estudio, las bibliotecas públicas siguen recibiendo menos financiamiento que las privadas y su presencia en el país aún no alcanza los estándares internacionales.

Según el estudio, las bibliotecas públicas siguen recibiendo menos financiamiento que las privadas y su presencia en el país aún no alcanza los estándares internacionales.

Andrés Fernández Vergara, autor del libro es investigador y Magíster en Gestión y Políticas Públicas.

Andrés Fernández Vergara, autor del libro es investigador y Magíster en Gestión y Políticas Públicas.

María Eugenia Domínguez, académica y coordinadora del Observatorio del Libro y la Lectura de la U. de Chile.

María Eugenia Domínguez, académica y coordinadora del Observatorio del Libro y la Lectura de la U. de Chile.

Paulo Slachevsky, editor de Lom y consejero del Observatorio del Libro y la Lectura.

Paulo Slachevsky, editor de Lom y consejero del Observatorio del Libro y la Lectura.

Constanza Symmens, investigadora e integrante del OLL.

Constanza Symmens, investigadora e integrante del OLL.

Habían existido iniciativas anteriores de políticas públicas en torno al libro. En 2006, de hecho, se lanzó la primera. Sin embargo, las 87 medidas contenidas en la Política Nacional del Libro y la Lectura (PNLL) 2015-2020, elaboradas con la participación de 500 actores del mundo editorial, prometían cambiar radicalmente la industria editorial chilena, diversificando el gasto y democratizando el acceso.

Pese a ese impulso, hoy, cuando ya se comienza a trabajar en una nueva hoja de ruta para el 2022, los balances de la PNLL 2015-2020 no son tan positivos. Así lo deja claro la investigación “Brechas en el ecosistema del libro”, realizada por Andrés Fernández Vergara, integrante del Observatorio del Libro y la Lectura (OLL) de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la U. de Chile, quien analizó datos sobre las compras públicas en el área durante este período. En su trabajo, constató que el gasto no se condice con la estrategia esbozada en el papel y que la concentración editorial, la falta de acceso y el escaso financiamiento recibido por las bibliotecas públicas versus las privadas, siguen siendo la tónica de la realidad país.

La publicación fue presentada este miércoles 14 de julio en un panel donde participó María Eugenia Domínguez, coordinadora académica del OLL de la U. de Chile; Paulo Slachevsky, editor de LOM; y Constanza Symmens, investigadora Centro de Sistemas Públicos de la U. de Chile, además del autor del libro (todos integrantes del OLL). En la actividad, expusieron sus visiones a partir del análisis presentado, valorando el documento como una pieza clave para enfrentar una nueva discusión sobre los lineamientos que debe seguir la política pública en torno al libro y también cómo hacerla parte de la nueva Constitución, que hoy concentra el debate nacional.

Realidad del libro en el país

El estudio reveló, por ejemplo, la significativa concentración del mercado editorial por parte de grandes conglomerados, versus el sector local e independiente. Según cifras de 2016-2017, sólo 10 por ciento de los proveedores se llevan el 80 por ciento de las ventas de libros para bibliotecas públicas. En el caso de los textos escolares, tan solo tres editoriales se llevan el 70 por ciento de las ventas. En el orden de la participación de los países de origen de las compras públicas, en tanto, se puede ver que las editoriales chilenas participan solo con un 45 por ciento de los títulos, y luego editoriales españolas participan con casi un 27 por ciento, siguiendo luego los latinoamericanos Argentina (21 por ciento), México (4 por ciento), Uruguay (2 por ciento), y otros.

Para el editor Paulo Slachevsky “hay un tema cultural de fondo que está instalado y es que en vez de potenciar lo propio, se desprecia. Se entiende entonces que el gobierno de Lagos le haya dado una medalla a José de Polancos, dueño de la española Santillana, y no a Eduardo Castro, de Editorial Universitaria. Hay un colonialismo instalado, hay censuras políticas que no se dicen pero suceden y esto se enfrenta haciendo políticas públicas vinculantes, donde exista realmente una visión crítica”, señaló durante el panel.

“Existe una brecha evidente entre la política nacional y el gasto público. Estas dos no conversan, es más, van en direcciones opuestas”, señaló el autor y Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Andrés Fernández, quien planteó que una de las preguntas centrales sería qué se entiende por eficiencia presupuestaria. “No basta con discutir en términos de calidad-precio del libro, que es lo que se suele hacer, tampoco tiene que ver sólo con aumentar el presupuesto porque este puede seguir dirigiéndose hacia la concentración editorial. Lo que hay que hacer es mejorar el gasto, pero mirándolo desde un punto de vista sistémico, cambiar los mecanismos de compra y avanzar hacia una diversificación cultural”, agrega Fernández.

En términos de las traducciones, se puede ver en el estudio que el inglés domina como lengua de introducción (sobre el 50 por ciento de los títulos) y como lengua de extraducción (sobre el 70 por ciento), muy por encima de las lenguas Mapudungun u otras originarias del país. A su vez, Santiago concentra sobre el 80 por ciento de los títulos registrados al año, muy por encima de Valparaíso (5 por ciento) y Concepción (2 por ciento).

En esa línea, la investigadora Constanza Symmens afirmó que es “fundamental la mirada a largo plazo, una política que se traduzca en el plan y los programas”, y que “la orientación del gasto público debe tener pertinencia territorial, integrar a las comunidades en la producción de las decisiones de compra y en la elección del catálogo para que sean contenidos propios, que releven nuestra identidad y que la bibliodiversidad se haga carne”.

El texto muestra, también, que el gasto público está alojado en distintas unidades, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de las Culturas y las Artes, los Programas de las Bibliotecas Públicas, las compras de la Junji, entre otros. Sin embargo, por solo concepto de programas de textos escolares este se lleva el 64 por ciento del gasto público, mientras que el Fondo del Libro representa un 12 por ciento y las Bibliotecas Escolares CRA solo un 10 por ciento, lo que revela que el Mineduc concentra el gasto en al menos un 74 por ciento y, por lo tanto, también la toma de decisiones.

A esto se suman otros datos como que las bibliotecas públicas todavía reciben un escaso financiamiento, comparado, por ejemplo, a lo que se gastan en las librerías privadas, y que el número de bibliotecas públicas en el país todavía no alcanza las cifras de referencia internacionales, a pesar de que el rol de las bibliotecas regionales es un fuerte impulso para el sector.

Según María Eugenia Domínguez “queda claro que el problema no es técnico ni de coordinación, sino que es eminentemente ideológico y político, que juega a favor de la concentración como un fenómeno internacional”. Y advierte que esto “no permite fortalecer la industria local ni tampoco visibilizar la enorme producción literaria en los territorios. Así no hay cómo publicar, cómo dar a conocer, cómo hacer circular esa producción, no hay cómo hacer que la gente del sur conozca lo que ha escrito la gente del norte y viceversa”.

Revisa el panel sobre el lanzamiento de la publicación, aquí

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