Con aplausos fue aprobado el pasado 5 de agosto en el Senado el proyecto que sanciona el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en instituciones de educación superior. Con ello, la iniciativa quedó en condiciones de ser remitida al Ejecutivo para su definitiva promulgación como ley. La norma plantea, entre otros aspectos, que los planteles deberán implementar políticas en este ámbito para acreditarse.
El texto señala que su objetivo es “promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, con la finalidad de establecer ambientes seguros y libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género, para todas las personas que se relacionen en comunidades académicas de educación superior, con prescindencia de su sexo, género, identidad y orientación sexual".
La directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile (DIGEN), Carmen Andrade profundizó en los alcances y desafíos para el país ante este nuevo marco normativo y enfatiza que aún "queda mucho camino para seguir enfrentando la cultura patriarcal".
- ¿Cuál es su opinión sobre la ley aprobada?
Valoramos que se haya aprobado esta ley, aunque nos habría gustado que hubiese sido antes, ya que muchas universidades, incluida la Universidad de Chile, estamos desarrollando políticas de prevención de la violencia y no contábamos con un marco jurídico específico. Destacamos que la ley establezca la obligatoriedad de tener políticas de prevención del acoso y la violencia en las instituciones de educación superior y que esto se vincule con los procesos de acreditación. También nos parece importante que exige políticas integrales con foco en la prevención y no solo en la investigación y el castigo. En este sentido la nueva ley conmina a las instituciones educativas a contar con protocolos, políticas y modelos de atención integrales.
- ¿La Universidad de Chile pudo participar en la discusión durante la tramitación de esta ley?
Eso es efectivo. Fuimos invitadas para explicar cómo estaba abordando el problema la Universidad, a partir de su compromiso explícito con la erradicación de la violencia de género, y la experiencia de estos años con la creación de una Oficina de Atención a personas afectadas, de un Protocolo de Actuación, una Fiscalía especializada y una Política integral de Prevención. Hicimos una serie de observaciones a las definiciones teóricas en que se fundaba la ley, los procedimientos, los alcances y los mecanismos. La mayoría de estas sugerencias fueron incorporadas en el texto.
- ¿Cuál es la situación actual de las universidades respecto al acoso?
El acoso sexual, que afecta principalmente a las mujeres y disidencias sexuales, es un problema de larga data en las instituciones de educación, al igual que en el país. Durante décadas en las universidades se encontraba invisibilizado y se normalizaba, por lo que existían muy pocas denuncias e investigaciones, lo que generaba impunidad para los agresores y desprotección para las afectadas.
La realidad de las instituciones de educación superior es diversa. Hoy la mayorías de ellas han elaborado protocolos de actuación y desarrollan múltiples actividades de sensibilización. Pero los protocolos por si solos son insuficientes si no hay cambios de fondo. Lo que se requiere es hacer mucha prevención, formación, capacitación, debate para cambiar patrones culturales. Y sancionar cuando corresponde. Hay un sistema, una formación que legitima este tipo de violencia. También hay instituciones que han avanzado en la formulación de estas políticas integrales contra la violencia de género. El movimiento feminista estudiantil jugó un rol clave justamente para exigir estas respuestas institucionales.
Hoy día, en la Universidad de Chile, por ejemplo, contamos con una fiscalía especializada que realiza las investigaciones, con abogadas expertas en derechos humanos y violencia de género. También existe una Oficina de Atención que asesora y orienta a las víctimas, una Unidad de Salud Mental y estamos iniciando un módulo socioeducativo para estudiantes hombres que han tenido conductas violentas.
A través de la Red de Unidades de Género del Consejo de Rectores (CRUCH) y de la Red de Unidades de Género del Consorcio de Universidades del Estado (CUECH) tenemos una coordinación donde realizamos actividades conjuntas y compartimos nuestras iniciativas y aprendizajes. Nos parece muy importante, ir trabajando en el conjunto del sistema universitario para avanzar en la erradicación de la violencia de género.
- ¿Entonces son necesarias otro tipo de iniciativas?
Las situaciones de acoso y abuso contra las mujeres ocurren en todos los espacios y tienen múltiples manifestaciones. Las hemos conocido en las iglesias, en el transporte público, en los medios de comunicación, en los espacios laborales. Es un problema que está muy enraizado en la sociedad y ha sido tolerado. En los últimos años empezamos a hablar de ello como si fuera algo nuevo.
Creemos que es importante esta ley, pero no es suficiente. Hace muchos años se viene peleando por la aprobación de la ley integral denominada “Por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, que está desde el 2017 en el Congreso, y aborda los distintos tipos de violencia.
La violencia de género es producto de la situación generalizada de desigualdad y discriminación de género presente en nuestra sociedad y también en las universidades. En las aulas, se presentan prácticas que discriminan a las mujeres o a las disidencias sexuales; las mujeres ganamos menos; el desarrollo de la carrera enfrenta múltiples barreras, entre otros. Por ello, tenemos que ir avanzando en varios aspectos simultáneamente, y es esencial la institucionalización de las políticas y planes de igualdad que aborden el acoso, las remuneraciones, la formación, la investigación, es decir, todo el quehacer universitario. En eso, la Chile ha avanzado, pero queda mucho camino para seguir enfrentando la cultura patriarcal.
Alcances de la ley
- Se define acoso sexual como cualquier acción o conducta de naturaleza o connotación sexual, sea verbal, no verbal, física, presencial, virtual o telemática, no deseada o no consentida por la persona que la recibe, que atente contra la dignidad de una persona, la igualdad de derechos, su libertad o integridad física, sexual, psíquica, emocional, o que cree un entorno intimidatorio, hostil o humillante, o que pueda amenazar, perjudicar o incidir en sus oportunidades, condiciones materiales o rendimiento laboral o académico, con independencia de si tal comportamiento o situación es aislado o reiterado.
- Para ello, las instituciones de educación superior deberán adoptar todas las medidas que sean conducentes para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, promoviendo -en particular- las relaciones igualitarias de género.
- Las instituciones de educación superior deberán contar con una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, que contendrá un modelo de prevención y un modelo de investigación y sanción, construido con la participación de todos los estamentos. Además, tendrán que contar con unidades responsables de la implementación de sus políticas y protocolos.
- El proyecto señala que las instituciones que no adopten una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, no podrán acceder u obtener la acreditación institucional establecida en la ley de Aseguramiento de la Calidad de la educación superior.
- Las casas de estudios superiores tendrán el plazo de un año desde la publicación de la ley para implementar los modelos de prevención y de sanción construidos participativamente.