Por René Saa

Contribuciones al debate constitucional n°6: desalinizado de agua de mar

Chile es uno de los países del mundo más afectado por el cambio climático, experimentando en estos últimos años una severa sequía. Diferentes estudios climáticos prevén que la disminución de las precipitaciones se acrecentará en el futuro, limitando seriamente la disponibilidad de agua dulce para consumo humano, agricultura, actividades industriales y mineras. Las soluciones ante este problema se han centrado en regular su uso, construir tranques o embalses, y explotar fuentes de agua subterránea. Sin embargo, persiste el problema de la falta de agua dulce para consumo humano y la actividad agropecuaria, una de las principales usuarias de este recurso.

La administración y propiedad del agua, es una de las principales preocupaciones de los constituyentes, y se espera que en la nueva constitución quede resuelto el conflicto entre los usuarios de este recurso.

Geográficamente Chile tiene una posición privilegiada para el uso del agua de mar. Dispone de una costa de más de 4 mil kilómetros y a menos de 200 kilómetros de ella se localizan los principales centros urbanos, actividades comerciales, industriales y mineras.

El desalinizado de agua de mar con el paso del tiempo y mejoras tecnológicas se ha transformado en una alternativa factible. Los costos de desalinización de agua de mar han bajado y continuarán bajando. Al año 2016 las estimaciones de costo en US$/m3 eran de 0,8 a 1,2, al 2021 habían bajado de 0,6 a 1 US$/m3 y se estima que al año 2040 el costo en US$/m3 será entre 0,3 a 0,5 US$/m3[1]. Por otra parte, la tecnología de “osmosis inversa[2]” ha mejorado en el desarrollo de filtros más eficientes y menor empleo de energía.

Nuestro país no ha estado ajeno a implementar esta tecnología en gran escala. La minería es una actividad productiva que requiere importantes cantidades de agua (4% de la demanda nacional), por lo que ha entrado en conflicto con otros usuarios de este recurso, lo cual ha derivado a la desalinización de agua de mar y su traslado a kilómetros al interior del territorio para uso minero y humano. Algunas mineras han desarrollado tecnologías que les permite utilizar agua de mar sin necesidad de desalinizado.

El norte del país es una región que posee condiciones climáticas desérticas y en la que existe una fuerte demanda hídrica para los centros poblados. El agua dulce para consumo humano se ha captado de los cursos de agua que nacen en la cordillera de Los Andes, siendo posteriormente traslada por cientos de kilómetros en acueductos a los centros de consumo. En algunos casos el agua proveniente del interior está naturalmente contaminada con elementos dañinos para la salud humana, como, por ejemplo, el arsénico.

Para obviar este problema desde hace algunos años ciudades del norte del país comenzaron a establecer plantas desaladoras de agua subterránea (Planta Lluta y San Pedro de Atacama) para abastecer a la población y agricultura, y desaladoras de agua de mar para proveer agua potable a los grandes centros poblados. Así, las ciudades de Antofagasta y Tocopilla con una población cercana a las 400.000 personas se abastecen en un 85% y 100% de agua potable proveniente de plantas desalinizadoras respectivamente, situación nunca antes vista en nuestro país. Lo mismo ocurre en Caldera, específicamente en Punta Zorro (región de Atacama) donde está localizada la primera planta desaladora estatal del país, que asegura el suministro hídrico para las comunas de Tierra Amarilla, Copiapó, Caldera y Chañaral, entregando agua potable a cerca de 220 mil personas.

En perspectiva están los proyectos de plantas desalinizadoras de agua de mar ubicados más al sur para abastecer de agua potable a las comunidades de Limarí, Choapa y La Ligua-Petorca. Un proyecto minero de desalinización de agua de mar de los Bronces podría, además, complementar el abastecimiento de agua potable al Gran Santiago.

A fines del 2020 en el país, operaban 23 plantas desalinizadoras de diversos tamaños, de un total de 40 concesionadas. De las que se encuentran operando, 14 están en el sector minero y 9 en el sector sanitario urbano o rural, con una capacidad total 5.600 l/s. Además, en proceso hay proyectos con evaluación ambiental favorable por 5.550 l/s adicionales, pendiente la obtención de la concesión marítima necesaria y otros permisos sectoriales. Tres de ellos incrementarían la capacidad en 2.550 l/s[3].

Fuera de estas grandes plantas desalinizadoras de agua de mar construidas por las mineras o empresas de agua potable, existe en el país tecnología para generar agua potable por osmosis inversa a pequeña escala, como ocurre con las plantas desaladoras localizadas en las caletas pesqueras del país entre Atacama y Chiloé operadas con energía solar[4]

El proceso de desalinización de agua de mar por osmosis inversa demanda un alto consumo de energía que al año 2016 se estimaba en 3,5 a 4 Kwh/m3. La situación ha mejorado y al año 2021 se estima entre 2,8 a 3,2 Kwh/m3 y se proyecta que el consumo disminuirá al año 2040 a 2,1 a 2,4 Kwh/m3. Cuando la generación de energía para el proceso de osmosis inversa es generada a partir de combustibles fósiles produce un incremento en la emisión de gases de efecto invernadero. Felizmente en Chile, este factor adverso se elimina al utilizar energía fotovoltaica o eólica.

Los costos iniciales de una planta de desalinizado de agua de mar son altos al igual que los asociados a la demanda de energía para el proceso de osmosis inversa. La desalinización conlleva efectos dañinos al medio ambiente. Del 100% del agua extraída del mar, terminado el proceso, un 45% se revierte como salmuera, que requiere medidas ambientales estrictas para ser devuelta al mar a fin de evitar alteraciones en la biodiversidad costera oceánica. Por otra parte, al captar el agua de mar para su proceso se deben aplicar medidas especiales en los métodos y procedimientos en la extracción de agua, para evitar que la succión acarree peces, plancton u otras formas de vida marina.

El volumen de agua desalinizada en el país es bajo. En el sector sanitario, la capacidad instalada de desalinización equivale al 1% de la capacidad total de producción de agua potable. En el sector minero, el uso de agua de mar equivale al 5,8% total del consumo de agua del sector y a nivel nacional, la capacidad instalada de desalinización permite abastecer el 0,8% de la demanda total de agua[5]. En la medida que se amplíe el volumen de agua desalinizada se liberarán derechos de agua que podrán ser utilizados en el abastecimiento de agua potable para la población o por la agricultura.

A pesar de que el volumen de agua desalinizada de mar en el país es pequeña comparado con grandes proyectos de desalinización de agua de mar en Europa y Medio Oriente, Chile requerirá utilizar esta tecnología en volúmenes de agua desalada de mar en gran escala, no solo para minería y agua potable, sino para actividades agropecuarias.

En la actualidad la autorización de una planta desaladora de agua de mar es una a una, desligadas de un proceso de ordenamiento del territorio, sin una visión de conjunto de las concesiones, siendo necesario establecer y robustecer un marco legal, institucional y regulatorio para la desalinización, abarcando todos los aspectos dada la naturaleza multisectorial y los altos costos asociados de la solución, junto a la distribución del agua desalinizada a los diferentes usuarios, incentivando un sistema eficiente para la conducción del agua y evitar duplicidades de matrices[6]. Por otra parte, de acuerdo con la opinión de Magaly Espinoza (asesora del Ministerio de Obras Públicas (MOP)) en la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del 22 de agosto de 2017:

“las diferencias en los territorios, las tendencias de la población, el desarrollo económico y su estructura, el sistema energético, y los efectos del cambio climático, requieren de una política pública que fije los estándares para el desarrollo armónico de la desalinización en Chile.[7]

Considerando que el desalinizado de agua de mar es un tema del presente, pero de gran impacto en el futuro cercano y en el marco de las discusiones de la Convención Constituyente respecto al agua, se sugiere que el desalinizado de agua de mar quede incorporado y regulado. Las inquietudes más apremiantes son:

  • Elaboración de una política nacional de desalación de agua de mar o de pozos profundos para proveer agua potable para el consumo humano y otras actividades económicas.
  • Proteger las fuentes naturales de agua dulce, combinar su uso con desalación de agua de mar o subterránea y el reúso.
  • Diseñar un marco regulatorio de desalación de agua de mar para grandes, medianas y pequeñas empresas desaladoras, con una visión integradora y ordenada del territorio.
  • Crear un sistema integrado de plantas de tamaño grandes a pequeñas de desalinizado de agua de mar con redes centrales de matrices de distribución en comunidad.

Documento elaborado por René Saa Vidal, investigador y docente del Centro de Análisis de Políticas Públicas (CAPP).

Notas:

[1]Marín, M. Joaquín “Seminario MOP Desalinización como fuente del recurso hídrico”.

[2]Este proceso de tratamiento de agua se realiza gracias al aporte de energía exterior en forma de presión, y que vence a la presión osmótica natural presente en dicha solución.

[3]Mesa Nacional del Agua Acta Sesión N°35 – 02 de noviembre de 2020.

[4]Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso del agua. 2019. Presentación a la Comisión del Senado en recursos hídricos.

[5]Mesa Nacional del Agua Acta Sesión N°35 – 02 de noviembre de 2020

[6]Informe de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, BOLETÍN N.º 9.862-33.

[7]Informe de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, BOLETÍN N.º 9.862-33.

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