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Instituto de Asuntos Públicos

Flexibilizar la definición de las policías y frenos al populismo penal: Especialistas dan recomendaciones sobre seguridad en la nueva Constitución

Hugo Frühling (INAP), Antonio Frey (Gobierno Regional RM), Ana María Morales (Paz Ciudadana) y Claudio González (CESC) plantearon separar los roles policiales de los militares en la carta fundamental y exigir racionalidad técnica a la legislación penal.

Como parte de la conmemoración del 20° aniversario del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, especialistas en seguridad y policías reflexionaron en torno a las definiciones que debería contemplar una nueva Constitución en esta materia, en un coloquio realizado el 21 de octubre de 2021.

El encuentro fue coorganizado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) y el Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana del INAP. Moderó la sesión Alejandra Mohor, investigadora del CESC.

El Director del INAP y especialista en la materia, Hugo Frühling, se refirió a las definiciones constitucionales acerca de las policías. A su juicio, la carta fundamental no debería indicar específicamente qué instituciones conforman las policías, "pues ello crea una rigidez que no permite crear policías específicas, por ejemplo, de tránsito o interurbanas. Las normas sobre las policías deberían poder modificarse y no tener una protección mayor".

El profesor Frühling explicó que existe una militarización de la policía en Chile, en dos dimensiones distintas, pero relacionadas: la herencia de la dictadura, que conlleva un alto grado de autonomía constitucional de Carabineros, y una estructura militarizada en términos de mando, estructura y cultura institucional.

"La función policial debería concebirse como distinta a las funciones militares en la Constitución. Esa disociación o diferencia es central para el sistema democrático. El mando directo de la policía puede perfectamente corresponder a un civil, como ocurre en la Guardia Civil española", sugirió.

En esta área coincidió Antonio Frey, ex subsecretario de Prevención del Delito y hoy Coordinador de Seguridad del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. "La constitucionalización de las funciones policiales, más la Ley Orgánica Constitucional y el Código de Justicia Militar hacen que la policía tenga facultades directas sobre la seguridad interior sin pasar por el debido control civil", aseguró.

A su juicio, es difícil explicar por qué estamos "relativamente en el mismo escenario que hace 30 años, a pesar de las reformas constitucionales de 2005" y se le deposita la política de seguridad pública a Carabineros.

 

"Estamos frente a una policía cuyas normas vienen del proceso autoritario y que fueron fijadas por ella misma, lo que las hace ilegítimas. Además, la policía tiene una opacidad tal que, por más que se le pongan objetivos e indicadores, es difícil ver lo que pasa adentro", señaló Frey.

El Director del INAP también planteó que actualmente el General Director de Carabineros tiene "alto grado de poder para determinar acciones, actividades y movilización de recursos por parte de la policía, y atribución para formular la doctrina y establecer la formación" de esta policía, grado de autonomía que no existía antes de 1973.

"Las materias referidas a la formación policial y a la doctrina no pueden seguir entregadas de manera exclusiva al General Director", afirmó el profesor Frühling.

Independencia de las instituciones

Ana María Morales, Directora del área de Justicia y Reinserción de la Fundación Paz Ciudadana, abordó el carácter de varias instituciones vinculadas al proceso penal y planteó la importancia de preservar la autonomía del Ministerio Público y de "consagrar la autonomía constitucional de la Defensoría Penal Pública", para asegurar su independencia.

Uno de los elementos que trató fue el garantizar la independencia del Poder Judicial. "La independencia externa dice relación con realizar su labor sin injerencia de otros poderes del Estado, pero también hay un gran debate que es cómo garantizar la independencia interna, es decir, de los propios jueces respecto de sus superiores. Ahí hay una situación bastante conflictiva, por la confluencia de las labores de juzgamiento con las disciplinarias", apuntó.

El problema de esta situación, según explicó Morales, es que si un juez quiere tener una carrera fluida, probablemente busque no contradecir lo que determinen sus superiores en las otras cortes. "Se pone sobre la mesa el privilegiar la carrera o privilegiar la independencia. Eso no tiene por qué ser así. Se puede repensar una estructura más participativa y que se deje aislada y protegida la labor de juzgamiento", dijo.

Enfrentar el populismo penal

"Pareciera que hoy tenemos un sistema penal fracasado, fallido en diversas áreas", indicó el Director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC), Claudio González.

Uno de sus defectos es lo que denominó “asimetría persecutoria”.

"El sistema penal se centra en las clases marginalizadas y en ciertos delitos tradicionales o clásicos, y la delincuencia denominada como 'delincuencia de poderosos' queda bajo un manto de impunidad, incluso a nivel de persecución penal", aseguró.

Al respecto, el Director del CESC afirmó que es necesario cambiar la configuración de las leyes y criticó el populismo penal y "la ligereza con que a veces se legisla".

"Esta vieja tensión entre la racionalidad y las emociones muchas veces termina decantándose por las emociones. Debemos incrementar la exigencia de racionalidad en la legislación penal para controlar el populismo. No puede ser que todavía tengamos legislación sin memorias técnicas, sin estudios preliminares, sin sistema de evaluación (a diferencia de lo que ocurre con otras políticas públicas)", declaró.

El video del coloquio completo se puede ver aquí.

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