La Ley chilena sobre etiquetado y publicidad de alimentos (Ley N°20606) fue aprobada en julio de 2012, luego de una larga discusión y varias modificaciones. Esta normativa establece que cualquier alimento procesado que exceda un cierto nivel de calorías, azúcar, grasas o sodio debe exhibir obligatoriamente un sello de advertencia en la parte frontal del envase.
Esta Ley fue promulgada en el Decreto N°13, publicado en junio de 2015, y su implementación comenzó exactamente un año después. Este Decreto otorgó a las micro y pequeñas empresas (MIPES) procesadoras de alimentos un período de gracia para implementar el etiquetado de sus alimentos. Este gradualismo reconoció que las MIPES, que representan el 97 por ciento del total de empresas en Chile, podrían enfrentar dificultades adicionales para cumplir con la Ley. Por ello, se desarrollaron e implementaron políticas e iniciativas de apoyo para facilitarles el cumplimiento de la Ley, con objeto de evitarles obstáculos.
“En este sentido, documentar la experiencia chilena es especialmente interesante. Chile es el primer país del mundo en contar con etiquetado nutricional obligatorio de advertencia en el frontis del envase para alimentos procesados, y ahora otros países, como Colombia, Uruguay, Perú y Argentina, están también implementándolo”, señaló la profesora Sofía Boza, académica y directora del Departamento de Gestión e Innovación Rural.
Este es el contexto en el cual se genera el proyecto que está desarrollando un equipo académico del Departamento de Gestión e Innovación Rural, compuesto por la profesora Boza y el profesor Marcos Mora, mandatado por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), una iniciativa que tiene por objetivo identificar y analizar las políticas de apoyo a MIPES en el contexto de la Ley 20.606 para el etiquetado nacional.
Como primer hito del proyecto se realizó un taller con expertos y MIPES. En este, se expuso la experiencia de instituciones que han apoyado a estas empresas en el contexto de la Ley 20.606. Participaron representantes tanto nacionales como regionales de entidades públicas, como el Ministerio de Salud, la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y el Ministerio de Economía.
Asimismo, se contó con la participación del Senador de la República Guido Girardi, y las exposiciones de Lorena Rodríguez, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, José Luis Palacios, académico de la Universidad de Santiago de Chile, y Solange Brevis, de la directiva del Colegio de Ingenieros en Alimentos de Chile. Mujeres emprendedoras fueron las encargadas de representar la voz de las MIPES “Sabores de Mataquito”, “Olivar Tío Pedro” y “Agrícola Conales”.
“Como principales conclusiones del levantamiento realizado hasta el momento, se destaca que, desde el sector público, mediante un trabajo colaborativo entre instituciones y también con la academia, se han llevado a cabo en los últimos años, distintas políticas para mejorar la adaptación de las MIPES a la Ley 20.606, las cuales se pueden agrupar en difusión, capacitaciones, asesorías y apoyo a la reformulación de productos”, afirmó la profesora Boza.
De acuerdo a la académica, también se enfrentan importantes desafíos, como la alta informalidad de las micro y pequeñas producciones agroindustriales y las condiciones productivas en las mismas, que -en muchos casos- se manifiestan en una alta variabilidad en cómo se produce. “Es esencial disminuir la brecha en acceso a conocimiento y tecnología por parte de las MIPES, así como mejorar su formalización para abrirles mercados, pero sin que los productos que elaboran pierdan su carácter artesanal, muy valorado por los consumidores”, concluyó la profesora Boza.