Entre el 2008 y el 2016

Acceso a anticoncepción de emergencia habría evitado más de 27 mil hospitalizaciones provocadas por abortos

Hasta el 2008, la llamada “píldora del día después” no estaba completamente disponible en Chile o estaba disponible solo por ventanas cortas y para casos limitados como, por ejemplo, violación. Pero a partir de ese año, comenzó la expansión de su acceso en centros municipales de atención primaria, una medida que hacia el 2011 se consolidó con la aprobación de una ley que modificó el Código Sanitario para permitir que fuese proporcionada sin restricciones. Desde ese momento, la anticoncepción de emergencia experimentó un crecimiento hasta alcanzar, hacia el 2015, una distribución de 25 mil píldoras en 346 municipios.

Esta expansión en la oferta habría tenido una incidencia directa en la tasa de morbilidad por aborto, específicamente en la cantidad de mujeres que se hospitalizaron por circunstancias asociadas a la interrupción del embarazo. Así lo plantea un estudio desarrollado por Damian Clarke, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, junto a la profesora del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica, Viviana Salinas, un trabajo publicado en la revista científica internacional Demography, la más importante del mundo sobre investigación demográfica.

De acuerdo al artículo, el aumento en el acceso a la anticoncepción de emergencia, a través de los centros municipales de Atención Primaria de la Salud (APS), redujo la morbilidad por abortos en alrededor de un 10 por ciento. Es así como durante el período anterior al inicio de la entrega de píldoras anticonceptivas, entre 2001 y 2008, la cantidad de mujeres atendidas por esta causa osciló entre 31 mil y 29 mil. Desde 2008, en cambio, el crecimiento en la distribución de este método de interrupción del embarazo significó una progresiva reducción en la morbilidad que llegó hasta cerca de 22 mil casos en 2017.

El trabajo se concentró en estadísticas públicas sobre atención no ambulatoria en hospitales que fueron codificadas directamente como embarazos que concluyeron en aborto. Sin embargo, también observó la evolución de egresos hospitalarios codificados como hemorragia temprana en el embarazo, categoría que también incorporaría una cifra indeterminada de prácticas abortivas. En este ámbito, el registro bajó desde un promedio cercano a los 4.200 casos antes de 2008 hasta cerca de 1.200 en el año 2017, cifras que dan cuenta de una caída que supera el 71 por ciento. Al respecto, Damian Clarke indica que este indicador solo puede ser utilizado como referencia complementaria, ya que no es posible relacionar de manera directa y absoluta esta disminución de casos de eventuales abortos con el acceso a la anticoncepción de emergencia.

El académico de la Universidad de Chile explica que la investigación utilizó cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) disponibles hasta el año 2016-2017 para analizar la incidencia de la píldora anticonceptiva antes de la entrada en vigencia de la Ley de Aborto por tres causales, promulgada en septiembre de 2017. No obstante, afirma que "el impacto de esta norma es muy menor. En 2018, por ejemplo, se registraron 632 abortos por tres causales y se estima que ocurren entre 60 mil y 70 mil interrupciones del embarazo al año en el país. Es un número muy bajo en relación a la cifra total de abortos, así que no incidiría de manera importante en las cifras de morbilidad". Destaca, por otra parte, que “las cifras de aborto son altas, si se piensa que la cantidad de nacimientos al año está en torno a los 200 mil”.

Impacto en la salud pública

El profesor Clarke señala que el caso chileno es interesante porque permite entender el impacto de la pastilla anticonceptiva de emergencia en un momento donde no había ningún otro tipo de control de fertilidad postcoito, particularmente desde 2012, momento a partir del cual todos los municipios contaron con acceso gratuito a la anticoncepción de emergencia. En este sentido, plantea que la progresiva implementación de esta medida habría evitado más de 27 mil hospitalizaciones generadas por abortos. De esta manera, la política no solo habría tenido un efecto directo sobre la salud de miles de mujeres, también permitió disminuir los niveles de saturación en hospitales, una consecuencia que ayudó de forma insospechada en tiempos de pandemia.

Por otra parte, la medida habría significado un importante ahorro para el Estado y para las miles de mujeres que no llegaron a hospitalizarse por complicaciones médicas asociadas al aborto. “Si miramos las compras de Cenabast, el valor promedio que el Estado paga por una pastilla anticonceptiva de emergencia es más o menos entre 5 a 6 mil pesos, mientras que el costo referencial de una noche cama es cerca de 43 mil pesos. Entonces, lo que estamos viendo es que en definitiva el acceso a estos medicamentos evita noches camas y se pagan por sí mismos varias veces”.

Los resultados del estudio indican que la expansión en el acceso a la anticoncepción de emergencia mejoró la salud de las mujeres al reducir el número de ellas que se expusieron a los riesgos de salud inherentes a un aborto clandestino. Este hecho significó, en definitiva, una reducción en las tasas de morbilidad por esta causa. Damian Clarke precisa, además, que “las mejoras en la salud reproductiva de la mujer fueron mayores en las áreas del país en que la expansión de la píldora anticonceptiva fue mayor. Nuestros resultados también indican que rechazar su entrega a mujeres no solo atenta contra el derecho de tomar decisiones autónomas sobre sus propios cuerpos, también se asocia a mayores tasas de morbilidad por aborto, probablemente porque las mujeres a quienes se niega terminan usando alternativas más riesgosas para terminar sus embarazos”.

El académico de la Universidad de Chile agrega que este trabajo muestra que “el acceso a la anticoncepción de emergencia puede mejorar la salud de las mujeres en contextos donde el aborto está severamente limitado. A pesar de que en la mayoría de los países del mundo el aborto es legal, al menos en algunos casos, las restricciones de acceso al aborto son no solo comunes, sino que han aumentado en años recientes en varios países, lo que sugiere que los resultados de este estudio podrían ser relevantes en otros contextos”.

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