Iniciativa fue aprobada en particular en Comisión de Forma de Estado:

Norma constitucional que fortalece universidades estatales en regiones llega al Pleno de la Convención

Un nuevo e importante pasó consiguió la norma de iniciativa popular presentada por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), referida al fortalecimiento de las entidades públicas estatales a lo largo de todo el país. En una primera etapa, esta norma —que contó con más de 15 mil firmas de apoyo ciudadano, lo que le permitió entrar a la discusión constitucional— fue aprobada en general por la Comisión de Forma de Estado, mientras que este miércoles 6 de abril logró sortear por una amplia mayoría (21 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención) la barrera de la votación en particular. Con esto, la norma queda lista para ser ingresada en un nuevo informe de normas que emitirá la Comisión, para ser deliberada y votada en el Pleno de la Convención Constitucional, última fase para convertirse en un artículo más para la hoja en blanco de la nueva Constitución.

La norma pretende establecer un rol más activo y preponderante de las universidades públicas estatales en cada región del país. El diagnóstico, que plantea el articulado, parte de la inexistencia de normas constitucionales que garanticen la descentralización de las universidades estatales y la coordinación y relación preferente que estas deben tener con las demás instituciones públicas para satisfacer los intereses y necesidades del país y sus regiones. Ante ese escenario, el espíritu de la iniciativa busca consagrar en la nueva Constitución el rol que cumplen las universidades estatales en la organización y funcionamiento del Estado y su vinculación con los demás entes estatales.

El artículo aprobado en particular solo fue sujeto a una indicación que agrega que, además de las universidades, deben estar contemplados en este nuevo cuerpo normativo institucional los centros técnicos de educación superior. La norma suscrita al artículo 141 quedó de la siguiente manera para ser deliberada y votada en el Pleno:

“En cada región autónoma existirá, al menos, una universidad estatal, funcionalmente descentralizada, que actuará con plena autonomía académica, económica y administrativa y formarán parte de la Administración del Estado. Se relacionarán de manera preferente y coordinada con las instituciones estatales, autoridades regionales, autoridades comunales y con otros servicios públicos con presencia regional, para contribuir al desarrollo de sus funciones propias y en la elaboración, ejecución y evaluación de políticas y programas de desarrollo local, regional o nacional. La ley fijará un estatuto especial para el cumplimiento de las tareas universitarias. Del mismo modo, en cada región existirá, al menos, una institución de formación técnico profesional de nivel superior, de acuerdo con sus necesidades y requerimientos”.

Sobre la relevancia de esta norma y del avance que continúa dando al interior de la Convención Constitucional, el Rector de la Universidad de Chile y presidente del CUECH, Ennio Vivaldi, destacó la necesidad de establecer universidades estatales que sean verdaderamente públicas en la nueva Constitución. “Es muy importante volver a tener universidades verdaderamente públicas y nosotros interpretamos que el Estado tiene un rol en entregar una educación superior de calidad, a lo largo de todo el país, de manera descentralizada y conectada con las necesidades de las regiones, y además en conexión con el resto del aparato estatal, con miras a entregar soluciones y responder a los desafíos de manera integral. Celebramos que esta norma propuesta por las universidades estatales haya sido aprobada por la Comisión y esperamos confiadamente que el Pleno compartirá la misma visión”.

Por su parte, la directora ejecutiva del CUECH, Alejandra Contreras, valoró que se esté avanzando en una norma que busca dar valor a los planteles estatales para el desarrollo del país y de los territorios. Esta norma, planteó, "es muy importante porque reconoce la necesidad de que existan instituciones de educación superior públicas en cada una de las regiones del país y, además, las vincula en un trato preferente y coordinado con las autoridades regionales comunales y otros servicios públicos para contribuir al desarrollo de cada uno de los territorios. De esta forma, se materializa en una norma constitucional algo que las universidades hemos venido señalando desde hace mucho tiempo, que es -justamente- esta misión que tienen las instituciones de estar al servicio del desarrollo del país, de los territorios y del cumplimiento de las políticas públicas. Asimismo, se reconoce que es una ley la que debe fijar un estatuto especial para estas instituciones, dado que, si bien son entes públicos, tienen características propias que deben ser reconocidas por la ley de forma de que puedan operar y funcionar de la mejor manera posible”, comentó.

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