En octubre del año 2021, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó la propuesta para reconocer que la nueva Constitución "se redacta en un contexto de emergencia climática y ecológica".
Esta declaración establece que se debe tener presente en cada discusión y en todas las comisiones, la relevancia de la protección del medioambiente. De los 499 artículos del primer borrador de la propuesta de nueva Constitución, al menos 50 normas se refieren de algún u otro modo a este tema, según un análisis del Observatorio Constitucional Medio Ambiental.
La urgencia de este ámbito tiene que ver con que el cambio climático es uno de los fenómenos más complejos que enfrenta la humanidad, por lo que la redacción del texto constitucional no solo establecerá el modelo de gobernanza, sino también el futuro de los bienes comunes de la naturaleza.
Ante esto, Beatriz Bustos, Académica del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile e integrante de PROMA, señaló que la constitución propuesta “es un avance a las condiciones que enfrentará el país en los próximos 50 años”.
Reconocer los deberes del Estado en materia de reparación y protección ambiental, poner límites y prioridades al consumo de agua, minerales y suelos, entre otros aspectos, son algunos de los principales tópicos presentes en el borrador que podrían traducirse en avances hacia una mejor relación con la naturaleza.
En esa línea, Ezio Costa, abogado de la Universidad de Chile y director ejecutivo de la ONG Fima, señaló que esto no solo “se va a manifestar en regulaciones o en una mayor fiscalización, sino que también debiera manifestarse en la forma con la cual el Estado toma decisiones”, dijo.
“Los derechos de la naturaleza van a jugar un rol importante como límite a las actividades que podemos llevar a cabo. Abre el espectro de posibilidades en torno a las acciones que pueda llevar el Estado y los privados para su protección”, agregó el co-autor del ‘El asilo contra la extinción’.
Sin embargo, todo dependerá del próximo 4 de septiembre, cuando la ciudadanía se enfrente a una papeleta para aprobar o rechazar el texto constitucional propuesto por la Convención.
Un país vulnerable al cambio climático
El cambio climático definirá las condiciones de habitabilidad sobre la Tierra para las especies. Intensificar las medidas para frenar la variación global del clima es crucial para que la temperatura no aumente más de 1,5 ºC, es uno de los desafíos a abordar en lo que queda de la década.
Por su geografía, Chile se encuentra entre los diez países más vulnerables a la amenaza climática, en particular, con más de una década de sequía en la zona centro-sur del país,
Para Rodrigo Fuster, académico del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables e integrante de PROMA, el modelo de desarrollo de las últimas décadas se configuró “en base a nuestros recursos naturales renovables y no renovables. La fuerte orientación económica de este modelo se refleja, por ejemplo, en el caso del agua donde su uso como un insumo dejó de lado los efectos sobre los ecosistemas y agotamiento de los ríos”.
De acuerdo a Bustos, que la propuesta se reconozca como plurinacional y ecológica “debiese ayudar a cambiar el marco epistemológico desde donde nos relacionamos”, ya que, “la naturaleza, los animales y las generaciones futuras como sujetos de derecho, principios del derecho ambiental y la responsabilidad del Estado a adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación, son parte de algunos de los avances del borrador constitucional”, agregó la académica.
En ese sentido, el académico de Derecho U. de Chile destacó que la “arquitectura de la constitución ecológica que está quedando es muy importante” y es un avance para el derecho ambiental global.
“Va a ser observada por el resto de los países como tal, porque es la primera constitución que reconoce una crisis climática y ecológica y plantea obligaciones para el Estado como para las personas de la protección ambiental”, aseguró.
Un nuevo modelo de desarrollo
Las consecuencias al legado ecológico del modelo neoliberal y sus efectos han sido ampliamente observados como la pérdida de suelos, zonas de concentración de degradación ambiental, efectos en la salud de las personas, deforestación, pérdida de biomasa y biodiversidad.
A juicio del ingeniero agrónomo, si bien con el pasar de los años se fueron considerando elementos de la naturaleza y evidenciando las necesidades sociales asociadas al agua, como por ejemplo el derecho humano al agua y el saneamiento, “gran parte del territorio sufrió cambios tanto ecológicos como sociales producto de la transformación productivista”, señaló.
Por su parte, Costa advirtió que la restauración “se debería pensar en un mediano plazo”, ya que la crisis del agua está “muy relacionada con la pérdida de espacios naturales y de ecosistemas permiten a los ciclos hídricos funcionar adecuadamente”.
En ese sentido, según Bustos “toda acción humana tiene un impacto ambiental”, por ende, la única forma de que no ocurriese sería detener estas actividades. “La única forma de evitarlos sería no realizar dichas acciones. La constitución propuesta no es un cambio radical pero sí un avance y actualización gigantesca a las actuales dinámicas de explotación de recursos naturales”, concluyó.