Este miércoles 13 de julio, a las 14:30 horas, se presentó el Informe 2021 “Libertad de expresión en Chile”, en el contexto del segundo coloquio de investigación 2022, organizado por la Dirección de Investigación de la Facultad de Comunicación e Imagen y la Dirección de Extensión y Comunicaciones de dicha facultad. El evento fue moderado por el académico del FCEI Juan Enrique Ortega y presentado por las académicas Chiara Sáez y Patricia Peña, y el director del Observatorio del Derecho a la Comunicación, Javier García.
El objetivo del informe fue presentar las vulneraciones a la libertad de expresión que se registraron en Chile durante 2021. Los datos recogidos fueron analizados críticamente a partir de la doctrina internacional de los Derechos Humanos en relación a la libertad de expresión, así como a partir de la legislación nacional y la investigación previa.
Entre los principales problemas detectados durante 2021 se destacan en el informe agresiones a la prensa por agentes del Estado y vulneraciones a la prensa por particulares, acoso legal contra voces críticas (Strategic lawsuit against public participation o SLAPP, como se le denomina a este problema en el lenguaje jurídico internacional), presiones a medios de comunicación, problemas de transparencia en la información gubernamental sobre el Covid 19, proyectos de ley contrarios a estándares internacionales de libertad de expresión y discursos de odio y violencia digital.
Según el informe, durante 2021 se registraron 127 agresiones contra la prensa por parte de agentes del Estado, donde Carabineros de Chile continuó con la práctica de detenciones arbitrarias a la prensa bajo el pretexto de incumplir las medidas sanitarias o ser responsables de acciones contra la autoridad, si bien se han reducido significativamente respecto al año anterior, siendo 33 casos en 2021. Por el contrario, se han incrementado los ataques con gas pimienta a fotoreporteros, con 25 casos, y los actos de hostigamiento a la prensa, con 53 casos, para impedir o dificultar el ejercicio de su labor.
Además, más de un 86% de los registros corresponden a la Región Metropolitana y se refieren, en su mayoría, a agresiones producidas en el contexto de la cobertura informativa de las protestas que se realizan los viernes en Plaza Baquedano y alrededores en las que se pedía la renuncia del Presidente Sebastián Piñera y la liberación de los denominados “presos de la revuelta”.
Por otra parte, las víctimas de los ataques han sido principalmente reporteros freelance y de medios independientes. Piensa Prensa es el medio que registra un mayor número de actos de hostigamiento, con al menos 16 sucesos informados a través de sus redes sociales sobre ataques con gas pimienta, lanzamiento de agua a presión, golpes y empujones, controles de identidad e incluso el uso de linternas por funcionarios de Carabineros para dificultar el registro visual de su actuar. Una veintena de las víctimas registradas son mujeres, 12 de ellas durante el mes de marzo.
En cuanto a la transparencia y acceso a la información, el informe 2021 indica que hasta el momento y pese a seguir todos los conductos formales regulares, ha sido imposible acceder al contenido de las reuniones del Presidente con medios de comunicación en el contexto del estallido. “El caso da pie para cuestionar el funcionamiento del sistema de acceso a la información pública en Chile y su necesario avance a otro estadio más exigente y de mayores garantías para la ciudadanía frente al Estado”, explica la académica de FCEI, Chiara Sáez. Por último, en cuanto libertad de expresión en internet, se destaca como un hecho negativo el alza de ataques hacia los integrantes de la Convención Constitucional a través de redes sociales.
Junto con ello, el informe recalca que durante la crisis sanitaria por la pandemia de Covid19 se han identificado obstáculos a información respecto a la gestión realizada por el Gobierno: criterios de actuación, gastos realizados, contratos con empresas farmaceúticas, etc. En 2021 el Ministerio de Salud ha sido la institución que más reclamos ha recibido ante el CPLT, 472 de la Subsecretaría de Salud Pública y 140 de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Tras reiterados incumplimientos por la falta de respuesta a solicitudes de información se abrieron sumarios y se sancionó a los responsables de ambas subsecretarías.
Asimismo, entre las reflexiones principales del informe, se concluye que el debate sobre el proyecto de ley de plataformas digitales pone en evidencia la necesaria articulación entre academia, especialistas y sociedad civil en relación a la vigilancia, observación de internet y libertad de expresión; además de la consolidación y aumentos de ataques o acoso online, especialmente en Twitter y en particular violencia de género focalizada a mujeres y comunidad LGBTQ+, además de figuras políticas y públicas. Así, se concluye en el informe que la violencia política online de género se constituye como una categoría más de vulneración a la libertad de expresión y al derecho a la comunicación.
Por último, el informe da cuenta que no hay acciones de Twitter en relación a denuncias de ataques masivos desde cuentas bots, para dar de baja las cuentas o eliminarlas, a menos que se hagan acciones colectivas de denuncia usando mecanismos de la plataforma que no consideran la figura de ataque o acoso.