Centro de Análisis de Políticas Públicas

Energía y medio ambiente en la propuesta constitucional para Chile

Contexto

El tema energético constituye uno de los más relevantes al momento de plantearse un modelo de desarrollo que conduzca a una mayor sustentabilidad ambiental del país. Fundamentalmente, porque la opción al utilizar la energía necesaria para el crecimiento económico y la mejora del bienestar social, a través de los procesos productivos relevantes, no es ajena a los efectos sobre el medio ambiente en un estadio preciso del desarrollo. Como ha sido en la historia de la humanidad, y lo sigue siendo hasta el presente, las variantes energéticas elegidas, o adoptadas, por un país, territorio o continente, descontados los eventos naturales imponderables, son la causa principal de un medio ambiente de mayor o menor calidad.

El uso intensivo de la biomasa boscosa para uso energéticos ha transformado territorios alguna vez fértiles en verdaderos desiertos, amén de degradar los suelos y las cuencas hidrográficas. El uso masivo de combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón, ha generado una contaminación atmosférica global que ha obligado a costosas acciones paliativas, que nunca terminan por llegar a resultados satisfactorios. Esto amén de provocar daños a la ecología en torno a los yacimientos y el trayecto de los gasoductos, y en la salud en los hogares. La energía nuclear por su parte, no ha logrado tampoco deshacerse del fantasma de los accidentes, y la energía hidroeléctrica sigue siendo un tabú en muchas regiones por sus daños ambientales, poblacionales y culturales.

La energía en Chile

Los datos que siguen muestran la situación de la energía primaria en Chile, o sea aquella que entra directamente a la matriz energética, desde la naturaleza (el medio ambiente), para ser transformada en energía útil en los procesos productivos, el desarrollo y el bienestar social.

Según datos de septiembre 2021, provenientes del Ministerio de Energía, las energías renovables no convencionales (ERNC: solar directa y eólica) aportan un 3% de la matriz energética primaria. Las energías renovables convencionales (ERC: biomasa e hidroelectricidad), contribuyen con un 23% y un 5% respectivamente. Las energías fósiles constituyen el 68% (petróleo crudo 30%, carbón 22%, gas natural 16%).

Respecto de la energía destinada a la generación de electricidad, más o menos la mitad corresponde a renovables (ERNC y ERC) y la otra mitad a fósiles. Siendo opciones competitivas, en muchos casos hay un tema de precios relativos que condiciona su participación relativa en el mercado.

Cada una de estas fuentes tiene impactos ambientales diferentes a nivel nacional, e implicancias internacionales si consideramos el tema del calentamiento global (cambio climático, o crisis climática como se le llama en la propuesta de Constitución). De allí que los cambios en este perfil energético pueden significar rumbos importantes en el futuro del medio ambiente en el país. ¿Qué se debe hacer? En términos sintéticos, éstas serían las grandes tareas:

  • Buscar formas de impulsar la introducción de ERNC (solar, eólica).
  • Hacer más sustentables las ERC (biomasa, hidráulica).
  • Reducir o al menos controlar el uso de energía fósil (petróleo y derivados, carbón).
  • Promover la eficiencia energética en los procesos productivos y la economía doméstica.

¿Qué plantea el proyecto de nueva Constitución?

El proyecto de nueva Constitución (PNC) releva la educación pública como eje de su concepto educacional, sin mención de las potenciales iniciativas privadas tradicionales. Dentro de sus principios señala: “El Estado garantiza una educación ambiental que fortalezca la preservación, la conservación y los cuidados requeridos respecto al medioambiente y la naturaleza, y que permita formar conciencia ecológica”.

Sin duda es un elemento importante, que se transformaría en un precepto constitucional que no podrá ser soslayado por las autoridades públicas educacionales (y los prestadores privados, de existir) para no abandonar la educación ambiental, que tuvo algún auge en los primeros gobiernos democráticos y después perdió momento. Esto debe incluir la temática de la energía, que como se ha dicho tiene implicancias ambientales diferenciadas.

Al respecto y más específicamente se plantea en el PNC: “El Estado regula y fomenta una matriz energética distribuida, descentralizada y diversificada, basada en energías renovables y de bajo impacto ambiental”.  Claramente aquí se formula una opción que es radicalmente diferente de la que ha sido la evolución de la matriz energética nacional. Una revisión histórica muestra una débil tendencia a ampliar la oferta de ERNC, aunque existen a la fecha importantes iniciativas de inversión [privada] en el tema, heredadas del gobierno anterior. Las ERC, sobre todo la biomasa por sus efectos contaminantes, y también la hidroeléctrica, (que tocaría intereses territoriales indígenas), deberían mejorar su comportamiento en el tema para lograr un “bajo impacto ambiental”.

Respecto de las energías fósiles, consideradas en general sucias, contaminantes y responsables del calentamiento global, no tienen mención directa en el PNC. Esto a pesar del peso que tienen en la matriz energética nacional. En todo caso, han ido perdiendo algún espacio (muchas inversiones sobre todo en carbón han sido rechazadas), pero siguen siendo altamente mayoritarias, en parte en desmedro de la hidroeléctrica (varios proyectos importantes fueron desechados en décadas anteriores, sobre todo en Aysén y Magallanes). Como dato de la causa, las energías fósiles siguen siendo centrales en la política energética. Por ejemplo, dos iniciativas importantes del actual gobierno tienen a las energías fósiles como protagonistas: la producción de parafina (kerosene) a bajo precio por parte de la empresa estatal (ENAP), con fines sociales; y los acuerdos con Argentina para retomar la distribución en Chile de su gas natural.

El PNC plantea, por otra parte, un elemento estratégico en materia de energía: “La infraestructura energética es de interés público”. No queda bien claro el significado de esta proposición, que seguramente debería ser materia de leyes y reglamentos. Sin embargo, es importante señalar que hoy en día la producción y distribución de energía está en manos privadas, y, por ende, lo están las instalaciones e inversiones para apoyar esos procesos. Hay aquí un cambio radical que debe ser tenido en cuenta, al menos por dos razones: la necesidad de darle continuidad a la operación de la energía en el país, para el proceso de desarrollo; y la capacidad de lobby del poderoso sector empresarial privado en el rubro energía, que puede encontrar maneras de asimilar el precepto constitucional de la propuesta. El concepto “interés público” es de interpretación diversa y no significa necesariamente el paso a una propiedad estatal de la infraestructura energética.

Finalmente, el PNC expresa: “El Estado fomenta y protege las empresas cooperativas de energía y el autoconsumo”. Un formato importante a desarrollar, por cuanto refuerza el esfuerzo de impulsar las ERNC, que tiene una expresión sobre todo a nivel local. Por ejemplo, el fervor con que se habla del Hidrógeno Verde, que se produciría a partir de ERNC. Esto significa cantidades ingentes de generación de energía limpia, lo que va a depender de su disponibilidad.

Así es el caso de Magallanes, donde se necesita espacio para instalar las granjas eólicas (descartada la solar en esa región), materia también de inversiones (compra de terrenos, instalaciones, tecnología, etc.). Esto sin contar el uso futuro del Hidrógeno Verde (un insumo, no un producto final), que puede estar destinado a actividades productivas no necesariamente compatibles con la sustentabilidad global.

Vale anotar que hay que tener en cuenta otro precepto del PNC: “Son bienes comunes naturales el mar territorial y su fondo marino; las playas; las aguas, glaciares y humedales; los campos geotérmicos; el aire y la atmósfera; la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos; el subsuelo, y los demás que declaren la Constitución y la ley”. La energía está en todas las componentes del medio ambiente señaladas allí.

José Leal, investigador del Centro de Análisis de Políticas Públicas (CAPP). Facultad de Gobierno. U. de Chile

Las opiniones vertidas en esta columna son de responsabilidad de su(s) autor(es) y no necesariamente representan a la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.

 

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