Comienza la recta final para el 4 de septiembre, jornada en la que más de 15 millones de ciudadanos y ciudadanas deberán concurrir de manera obligatoria a las urnas para votar si aprueban o rechazan la nueva Constitución. Uno de los temas que aborda la propuesta de Carta Fundamental es la delincuencia y la seguridad ciudadana, materia de permanente preocupación para la ciudadanía que distintos especialistas plantean abordar desde una perspectiva global.
En esta línea, de acuerdo a las y los expertos, el texto apuesta por un abordaje amplio en torno a estos contenidos. En primer lugar, se pone el foco en la prevención, destacando el artículo 53, que menciona el “Derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia”. Esta norma refuerza el deber del Estado de proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho a todas las personas, a través de una política de prevención de la violencia y el delito que considerará especialmente las condiciones materiales, ambientales, sociales y el fortalecimiento comunitario de los territorios.
La académica de la Facultad de Derecho y experta en Policías y Control de Orden Urbano, Paz Irarrázaval, aclara que la delincuencia tiene orígenes estructurales de desigualdad y exclusión de ciertos grupos sociales. “La nueva Constitución es un avance, porque tiene un enfoque integral, poniendo énfasis en las acciones de prevención y reinserción. Además, aborda delitos que no siempre fueron prioritarios, como la violencia de género y la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes. También hay una desmilitarización de las policías, que permite una forma distinta de cumplir su rol al servicio de la ciudadanía en un contexto democrático”. Por el contrario, agrega, “la Constitución de 1980 no se refiere a la seguridad ciudadana, solo regula a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, apuntando que existen para dar eficacia al derecho y garantizar orden y seguridad pública interior”.
De esta forma, destaca que en la nueva Constitución se pone énfasis en la importancia de las acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos, así como en la reinserción social de las personas condenadas, trabajo que será desarrollado por los organismos públicos que precise dicha Constitución y la ley, en forma coordinada y con irrestricto respeto a los derechos humanos, puntualiza la profesora Irarrázaval.
Por otra parte, Alejandra Mohor, académica del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, plantea que la propuesta de nueva Constitución representa un tremendo avance para nuestro país, ya que “en la actualidad no hay una ley que regule el uso de la fuerza por parte de las instituciones y esto genera un espacio para la vulneración de derechos y el uso abusivo de la fuerza”.
En el artículo 323, el texto se refiere al sistema de justicia, el cual enfatiza que "el Estado debe promover e implementar mecanismos colaborativos de resolución de conflictos que garanticen la participación activa y el dialogo”. Otro de los puntos fundamentales que aborda la Carta es el artículo 338, norma que establece que "el Estado debe velar por la inserción, integración y reparación en el caso de las personas privadas de libertad".
Perspectiva integral sobre la delincuencia
Los especialistas de la Universidad de Chile concuerdan en que el fenómeno de la delincuencia y la percepción del temor tienen que ser abordados desde distintas aristas. Las estrategias, en esta línea, deben salir solo del aspecto punitivo y abrirse a sus causas, como la exclusión, pobreza y falta de acceso a la educación, y reforzar el trabajo coordinado desde los territorios locales.
La académica del Departamento de Ciencias Históricas y Cegecal de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Carolina González, explica lo relevante de salir de la lógica del control y el castigo como modelo para erradicar la delincuencia. “Si bien la criminología crítica hace décadas, como también algunos movimientos sociales han cuestionado las posturas de control, castigo y represión, llena de sesgos de clase, género y raza; lo concreto es que impera lo que algunos autores llaman la razón punitiva de forma estructural, por lo que es relevante incorporar otro tipo de enfoque para abordar el fenómeno social”.
Por su parte, el académico del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno, Diego Piñol, indica que esta temática tiene años de evidencia y una receta que combina la prevención desde distintas aristas. “Es necesaria la prevención integral. El Estado tiene diversas reparticiones en donde se debe trabajar de manera integrada y colaborativa, desde los municipios, ejecutando la política pública desde lo local”.
Finalmente, la académica de esta misma unidad, Olga Espinoza, refuerza la idea de que el Estado es un actor fundamental para abordar las preocupaciones ciudadanas en torno al aumento de la sensación de inseguridad. Al respecto, enfatiza en que “se requieren múltiples acciones para abordarlos, ya que son complejos, como el fortalecimiento de las instituciones que están en el trabajo del control del delito, y también deben tener más protagonismo acciones como la prevención de la violencia intrafamiliar, el bullying en colegios y en espacios públicos que involucren a toda la comunidad”.