Este 30 de agosto

Cátedra de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil se refieren a nueva conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

El Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, surgió como iniciativa presentada por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), la que fue acogida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre del 2010 a través de la Resolución 65/209, declarando el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

En Chile, la nómina de Víctimas de Desaparición Forzada, ha sido calificada sucesivamente en los Informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y Comisión Presidencial Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura. Al respecto, el número de personas detenidas desaparecidas reconocidas por estos informes asciende a un total de 1.469 (víctimas reconocidas en el periodo 11 de septiembre de 1973 a 10 de marzo de 1990).

En este día la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, reafirma su compromiso con los actos de memoria de nuestro pasado reciente. Claudio Nash, su coordinador académico, se refirió a esta fecha como un momento de conmemoración nacional e indicó que ha sido y se mantiene como un eje fundamental del trabajo de la Cátedra “porque nos permite no sólo recordar, sino que desde ese recuerdo cuestionar el presente e iluminar el futuro en materia de derechos humanos en Chile”. Además, el especialista destacó que el actual escenario político “es muy complejo para los derechos humanos ya que se ha ido consolidando una regresión autoritaria que, más allá del cambio de gobierno, en sus líneas centrales ha seguido vigente. Por tanto, el compromiso de la Cátedra Derechos Humanos es aportar todo lo necesario para generar una cultura de derechos humanos que sea un dique frente al autoritarismo que ha permeado tan fuerte en nuestro continente”.

En ese sentido, el profesor de la Facultad de Derecho del plantel, agregó que “las desapariciones forzadas son parte de la historia más cruel de este país”, y subrayó que como Cátedra existe “el fuerte compromiso de aportar en todo lo que podamos para que estos crímenes no vuelvan a repetirse y que seamos capaces como sociedad de dar una respuesta en materia de verdad, justicia y reparación a quienes sufrieron este flagelo”.

En línea con el trabajo colaborativo por los derechos humanos en Chile, una de las organizaciones que ha liderado esta agenda es la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), instancia que surgió en el contexto de la dictadura cívico militar, bajo el alero del Comité Pro Paz y que empezó a funcionar con regularidad a finales de 1974. Su actual vicepresidente, Álvaro González, detalló cómo recibe su colectivo este nuevo año de conmemoración, marcado por los desafíos políticos que enfrenta Chile. “Este 30 de agosto estamos en otro escenario, tenemos más esperanzas, porque el gobierno encabezado por el Presidente Gabriel Boric se ha comprometido con la búsqueda de detenidos y detenidas desaparecidas, por lo que es un 30 de agosto distinto, que se une además a la posibilidad de terminar con la Constitución de Pinochet y así avanzar en una nueva Constitución que ponga al centro la promoción y defensa de los Derechos humanos”.

El integrante de la directiva de la AFDD, también indicó su preocupación por la situación actual que vive el país y los hechos ocurridos durante el estallido social en Chile. “Como sociedad estamos al debe en materia de memoria y derechos humanos. Lo sucedido a partir del 18 de octubre y la repetición de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, nos pone el desafío de avanzar hacia una sociedad que no permita bajo ninguna circunstancia la violación de los derechos humanos”. A esto, agregó que como sociedad es un imperativo “trabajar en la memoria, garantías de no repetición y leyes que condenen de manera tajante el negacionismo”.

En relación al trabajo de memoria y derechos humanos, la Secretaría de Memoria y Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, por medio de Pamela Fernández, estudiante de la carrera de Pedagogía de la U. de Chile e integrante de esta organización estudiantil indicó que este día tiene una significación especial. “En primer lugar, significa en parte, la derrota de la desaparición en sí misma y de quienes cometen el crimen, porque el objetivo de negarles se vuelca en este día a recordarles, algo que, en todo caso, las familias, amigos y compañeros hacemos todos los días de nuestra vida, pero este día los traemos socialmente al presente, los hacemos nuestro y nos movilizamos con ellos. Le decimos a la sociedad que aquí están. Y que exigimos que aparezcan. Por otro lado, es el grito de justicia que necesitamos, la exigencia de su búsqueda y por, sobre todo, de que esto no se repita”.

La licenciada en Historia indicó que el proceso constitucional que atraviesa el país es relevante para retomar el diálogo en cuanto a materia de Derechos Humanos, los cuales, señala, se presentan en esta propuesta de nueva carta fundamental. “Trae la esperanza de una sociedad más justa, más solidaria, con un Estado que se haga cargo de los derechos sociales por los que por tanto tiempo hemos luchado, pero por sobre todo y en el marco de este día, la aprobación de los artículos referidos a la desaparición forzada, poniendo en primer lugar el deber del Estado de evitar que estos actos ocurran, de asegurar la justicia, permitiéndonos luchar contra la impunidad con la Constitución en la mano como respaldo”, concluyó.

Según la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, por este concepto se entiende “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o consentimiento del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona”.

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