Centro de Derecho Ambiental convoca a expertos internacionales a analizar el contenido ambiental de la propuesta de nueva Constitución

Entre el martes 05 y el viernes 07 de julio el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, llevó a cabo un ciclo de diálogos internacionales titulado “Hablemos de la Constitución Ecológica”, actividad que se realizó en cuatro sesiones y cuatro idiomas, debatiendo en inglés, francés, portugués y español, las normas ambientales de la propuesta de nueva Constitución con expertos en la materia.  

Con las palabras de bienvenida por parte de la profesora Pilar Moraga, Directora del Centro de Derecho Ambiental, se dio inicio a cada una de las sesiones.

La sesión en inglés fue moderada por el profesor e investigador del Centro de Derecho Ambiental Ezio Costa y contó con la participación de Michael Burger, director ejecutivo del Sabin Center for Climate Change Law; David Boyd, relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente (2018-2024) y profesor de Derecho, Política y Sostenibilidad en la Universidad de British Columbia; y Erin Daly, profesora de Derecho en Delaware Law School y cofundadora del proyecto Dignity Rights International. 

La sesión en francés fue moderada por la profesora y directora del Centro de Derecho Ambiental Pilar Moraga y contó con la participación de Dominique Bourg, filósofo y profesor honorario en la Universidad de Lausana; François Gemenne, investigador cualificado del FNRS en la Universidad de Lieja; Marthe Fatin-Rouge Stéfanini, directora de investigación del CNRS y directora del laboratorio de Derecho Internacional, Comparado y Europeo; y Yann Aguila, profesor en Sciences Po París, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Club de Juristas, así como la Coalición del Pacto Mundial. 

La sesión en portugués fue moderada por el profesor e investigador del Centro de Derecho Ambiental Jorge Aranda y contó con la participación de Ana Maria Nusdeo, Licenciada, Doctora y docente por la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo; Carina Costa de Oliveira, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Brasilia; y Airton Berger, Doctor en Derecho en la Universidad del Valle del Río dos Sino.

La sesión en español fue moderada por la profesora e investigadora del Centro de Derecho Ambiental Ximena Insunza y contó con la participación de Óscar Darío Amaya, Doctor en Derecho de las Universidades Externado de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana y del Rosario; Marisol Anglés Hernández, Doctora en Derecho Ambiental por la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante; y Susana Borràs, Máster en Derecho ambiental y Doctora en Derecho y premio extraordinario de doctorado por la Universidad Rovira i Virgili.

A lo largo de las cuatro sesiones, las y los expertos examinaron diversas normas constitucionales de relevancia ambiental, siendo ciertas materias analizadas y destacadas de manera transversal durante todo el Ciclo.

En particular, el reconocimiento que la propuesta hace de la relación indisoluble (individual y colectiva) con la naturaleza fue uno de los temas centrales del debate. Al respecto, el profesor David Boyd manifestó que durante muchos años la sociedad ha perseguido un crecimiento económico infinito, midiendo el progreso en función del aumento del producto interno bruto. Por ello, afirmó que establecer el principio del “buen vivir” en el artículo 8 de la propuesta, es una disposición transformadora que permitirá un cambio social general. En un mismo sentido, la profesora Marthe Fatin-Rouge Stéfanini, mencionó que el elemento más innovador presente en toda la propuesta es la afirmación de interdependencia entre el hombre, los pueblos y la naturaleza, los que forman un todo indisociable, convirtiendo a la propuesta de nueva Constitución en una de las más avanzadas del mundo respecto al tema medioambiental. Sin embargo, advirtió que aún falta esperar el momento donde estas declaraciones se concreten. 

Por otro lado, la profesora Ana María Nusdeo subrayó el vínculo entre medio ambiente y derechos humanos y el tratamiento de la propuesta constitucional en esta materia. A su juicio la crisis ambiental y climática, deja en evidencia esta situación, ya que los problemas ambientales afectan el disfrute de los derechos humanos, el derecho a la vida, a la alimentación, a la vivienda y a la salud. 

Otro de los temas transversales debatidos en las sesiones fue el de la crisis climática y ecológica. En relación a ello, la profesora Susana Borrás señaló que el texto de la propuesta de nueva Constitución está integrando uno de los problemas más importantes del siglo XXI, situando al cambio climático en el centro de las políticas del Estado, con lo cual, de aprobarse la propuesta de nueva Constitución, Chile será el primer país del mundo en tener una Constitución que refleja la situación de emergencia climática presente en el planeta, además de contar con una norma constitucional que reconoce  los deberes del Estado de actuar en este ámbito a la luz del principio de acción climática  justa. Sin embargo, la profesora Borrás advirtió que es un reto el interiorizar el problema climático, sobre todo si el modelo de gobernanza actual no está preparado para desarrollar esta acción climática consagrada a nivel constitucional. Esto, a juicio de la profesora Borrás, obligará al Estado a ser proactivo, adoptar decisiones drásticas respecto de las actividades industriales y productivas contaminantes. 

Por su parte, el profesor Yann Águila también destacó los esfuerzos para enfrentar la crisis climática insertos en la propuesta constitucional. Al respecto, se preguntó cuántas crisis climáticas son necesarias para que las políticas ecológicas sean aplicadas en una gobernanza mundial y relevó el rol de los países de América Latina en esta discusión a nivel internacional.

En el mismo sentido, el profesor Michael Burger subrayó el aporte constitucional en materia de litigación climática, la cual ha experimentado un incremento en la experiencia comparada de los últimos años, motivada por individuos, organizaciones ambientales, ONGs, gobiernos nacionales y sectores privados. Por su parte, la profesora Marisol Anglés Hernández destacó la importancia de reconocer a nivel constitucional la diversidad geográfica, cultural y poblacional de su territorio, en un contexto normativo situado en el marco del cambio climático. Lo anterior significa, a su juicio, un desafío en materia de acceso a la energía, fuentes de energía diversas, limpias y descentralizadas, en las que las comunidades, de acuerdo con sus necesidades y disponibilidad de recursos, decidan la forma de generar y acceder a ésta.

Finalmente, otro tema destacado por los panelistas fue la redistribución del poder, la creación de nuevos organismos ambientales para asegurar el equilibrio del mismo y la justicia ambiental

Al respecto, la profesora Ana María Nusdeo señaló que la Defensoría de la Naturaleza le parece una propuesta muy innovadora, indicando que será un desafío la articulación de competencias con otros órganos de justicia, lo que espera se realice a través de un proceso fructífero y no conflictivo. Asimismo, destacó la importancia de la acción de tutela como un mecanismo que favorezca el acceso a la justicia así como la protección de los defensores ambientales. El profesor Airton Berger consideró, por su parte, que la propuesta de nueva constitución es ambiciosa en cuanto al sistema de acceso a la justicia y aborda la cuestión ambiental en la propia definición del sistema de justicia. Para finalizar, la profesora Susana Borrás consideró brillante que la justicia ambiental sea un principio articulador, lo que permite reforzar los derechos y disminuir las desigualdades históricas de aquellos sectores de la población más afectados por la explotación de los ecosistemas, como es el caso de los pueblos indígenas. Opinó que, para que la justicia ambiental y climática sea real y global, el Estado necesita cumplir con tres dimensiones, entre ellas, una dimensión distributiva, al buscar que todos tengan un trato equitativo en el uso y manejo de recursos naturales, considerando a la naturaleza como sujeto de derechos; una dimensión procedimental, en cuanto a quién debe decidir el manejo de los recursos naturales y como se debe realizar, con acceso a la información, participación y justicia; por último una tercera dimensión se vincula con la preservación de la identidad de los territorios y su pasado histórico.

Revisa la propuesta de Constitución ecológica concordada en este enlace

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