Con la participación de las y los académicos de la Universidad de Chile, Rodrigo Vargas del Centro de Estudios en Derecho Informático (CEDI) de la Facultad de Derecho y Patricia Peña de la Facultad de Comunicación e Imagen (FCEI), el director de Incidencia de Derechos Digitales, Vladimir Garay, y la especialista en Public Policy para Latinoamérica y el Caribe de la Fundación Wikimedia, Amalia Toledo, se desarrolló el encuentro que tuvo como objetivo generar un espacio para la discusión y la reflexión respecto de los desafíos y oportunidades en torno al avance en materia de reconocimiento de derechos culturales, en relación al nuevo ciclo político, social y cultural que vive el país.
Como objetivos específicos para la actividad se destacaron el realizar un diagnóstico conjunto del contexto, las oportunidades y las distintas necesidades en torno a los derechos culturales en el país; Esbozar líneas de acción en favor de un reconocimiento amplio y robusto de los derechos culturales y finalmente, estrechar lazos entre distintos individuos, grupos y organizaciones trabajando sobre estas materias.
Patricia Peña, académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, destacó en su presentación que Chile tiene, por lo menos, tres proyectos en materia de acceso a la cultura, que, según sus palabras, han sido pivote cultural en este tiempo: “La biblioteca Pública Digital es un ejemplo único de cultura tecnológica autónoma y soberana, potenciada por el sector público. Luego, tenemos hace muy poquito el soporte de la plataforma Onda Media, que es un tremendo aporte en cuanto a una cantidad inmensa de creaciones, que, siendo financiadas por el Estado, a partir de los fondos concursables únicos, nos pone a disposición hoy día como nunca una plataforma donde consumir o acceder a películas. Luego, tenemos a Memoria Chilena, que sigue siendo hoy en día la plataforma pivote en materia de acceso a la cultura”.
Por su parte, Amalia Toledo, especialista en Public Policy para Latinoamérica y el Caribe de Wikimedia Foundation, valoró el espacio de discusión generado en el conversatorio y recalcó la importancia de la difusión de los conocimientos. “Desde la Fundación está clarísimo que el acceso al conocimiento es un derecho humano y para nosotros, al entenderlo como un derecho humano necesitamos defenderlo, promoverlo, fomentar esto. Pero al mismo tiempo, sabemos que hay muchos riesgos y necesidades, tanto técnicos como legislativos”.
Posterior a la actividad, el investigador del Centro de Estudios en Derecho Informático, Rodrigo Vargas, señaló que el principal desafío futuro para mejorar las condiciones en que las personas ejercen sus derechos en el ámbito digital “viene dado por la manera en que se implementen estos cambios, no basta solo con asegurar derechos en el papel, sino que se deben crear políticas públicas y regulaciones que le den operatividad a estos derechos. El caso emblemático en esto es la necesidad de contar con una Agencia de protección de datos, pero también podemos hablar de la necesidad de establecer políticas públicas de conectividad universal, de ver en qué manera garantizamos el acceso y la participación en la cultura, entre otras”.
En segundo lugar, el especialista destacó que un consejo clave para la población a la hora de hablar sobre seguridad en el tratamiento de datos personales, sería desarrollar medidas de autocuidado digital. Por ejemplo, “no compartir contraseñas con terceros, utilizar mecanismos de autenticación como la verificación en dos pasos, y en general, tener consciencia de los datos e informaciones que uno comparta en las redes. En estos momentos, como no tenemos un regulador que conozca materias de protección de datos y seguridad digital, solo podemos actuar dentro de nuestras capacidades como ciudadanos para protegernos de los abusos en el tratamiento de datos y los riesgos en materia de seguridad de la información”.
Vladimir Garay, director de Incidencia en Derechos Digitales, indicó que “la tecnología cumple cada vez un rol más preponderante en un mayor número de aspectos de nuestras vidas y, por lo tanto, se transforma en habilitador -y muchas veces en condición de posibilidad- del ejercicio de derechos fundamentales”. En ese sentido, el investigador también se refirió a cuál debiese ser la principal preocupación en cuanto al resguardo de información en internet. En ese sentido, destacó que esta apunta a “cómo poder ejercer control sobre nuestra información personal y defender nuestro derecho a la privacidad”.