Siendo votado hoy a las 16 horas por el Senado de la República, el TPP-11, se ha posicionado en la agenda pública debido a las miradas contrapuestas del país debido a la intervención económica que implica. En ese contexto, especialistas del Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente de la Universidad de Chile, reflexionaron ante su posible ratificación y los escenarios que conllevaría.
Durante las últimas semanas, el Senado retomó la discusión del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica suscrito por Chile en el año 2018, el cual busca la integración económica plurilateral y el comercio regional, incluyendo cerca de 30 capítulos ligados a ámbitos comerciales, regulatorios, medioambientales, laborales, financieros, entre otras materias.
Pese a que Chile ya cuenta con pactos bilaterales de libre comercio con Australia, Brunei, Darussalam, Canadá, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, el TPP-11 vendría a fortalecer las disposiciones de algunos de esos tratados.
Sin embargo, distintos actores de la sociedad civil han manifestado sus reparos frente al acuerdo debido a sus posibles repercusiones al medioambiente y los recursos naturales del país.
La política ambiental y los inversores en el país
A pesar de que todo tratado comercial puede ceder soberanía ante instituciones supranacionales, uno de los puntos que ha causado mayor debate es el mecanismo de solución de controversias, que establece “tribunales no permanentes” cuando ocurran diferencias entre los estados miembros e inversionistas.
De acuerdo con el académico de la Facultad de Filosofía e integrante del Comité Académico de PROMA, Mauricio Folchi, este tratado se interpone con el desarrollo de la política ambiental. Debido a su “política de atracción de inversión extranjera”.
Agregando que “si hay un tratado como este, la política ambiental se va a encontrar con un obstáculo: empresas que defenderán su derecho a no adaptarse, a seguir operando con las condiciones jurídicas y ambientales que existían en el pasado”.
Esto podría ser un arma de doble filo, pues según el profesor Folchi, existen casos donde distintos países tomaron medidas de protección ambiental y a raíz de eso fueron demandados ante el sistema de arbitraje de diferencias estado-inversor (ISDS por sus siglas en inglés), que estos tratados contemplan.
Un ejemplo de ello es lo que sucedió en Sonora, México, durante 1998, cuando las autoridades del país optaron por no renovar la licencia de operación a una planta de tratamiento de residuos que fue adquirida dos años antes por la empresa española TECMED.
Esto hizo posible que la compañía, apelando a un tratado de libre comercio sostenido entre ambos países, demandara al estado mexicano. El ISDS falló a favor de la empresa y condenó a México a pagar 5,5 millones de dólares.
Esto se debe a que “la política de atracción de inversión extranjera choca con el principio de progresión que debe regir en el desarrollo de la política ambiental”, agregó el académico.
La negociación de las “side letters”
Para abordar la problemática, a nivel nacional, el Gobierno optó por negociar las side letters (cartas laterales en español). Es decir, acuerdos bilaterales entre países signatarios de un acuerdo plurilateral, estrategia que podría facilitar la ratificación del tratado. Esto permite que se generen “negociaciones laterales” con otras naciones mientras se espera la aprobación del TPP-11.
En relación con esto, Viviana Catrileo, integrante de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) y del Consejo Directivo de la Cátedra Campesina a través de la Coordinadora Latinoamericana de organizaciones del Campo (CLOC), declaró que esta no sería “una alternativa viable para nuestro país”.
“Estas cartas laterales no tienen mucha razón de ser (…). Son acuerdos que se hacen, en particular, con los países interesados y los países van a apelar a ese tribunal internacional y no va a pasar la discusión en el país (…). No lo vemos como una oportunidad para ampararnos”, expresó.
Finalmente, Catrileo añadió que “es ahí donde está el foco de interés, en seguir profundizando el extractivismo de nuestro país, la canalización de los recursos naturales que son los bienes comunes. La posibilidad de que las industrias puedan nacionalizarse y promover un desarrollo integral para las comunidades, se aleja cada vez más”.