Reforma tributaria, reforma educacional y nueva Constitución. Esos fueron los tres grandes ejes con los cuales Michelle Bachelet llegó a La Moneda –por segunda vez– en marzo de 2014. Su programa de gobierno, amparado en la coalición de la Nueva Mayoría, proponía al país una serie de reformas estructurales al modelo económico y social que se sustentaban, como una parte esencial, en la elaboración de una nueva Carta Fundamental, demanda ciudadana que se venía expresando –con mayor o menor intensidad– desde los movimientos estudiantiles de 2006- 2011.
Sin embargo, la historia se escribió de otra manera. Si bien la exmandataria presentó al país una propuesta de texto –a pocos días de dejar las dependencias de Palacio– este material fue desechado por su sucesor, Sebastián Piñera, y ni siquiera fue revisado por el Congreso Nacional, por lo que se guardó de forma permanente en la oficina de partes. Pero hoy, a cuatro años de ese hito constitucional, tanto la propuesta de contenidos como la forma en que se hizo podría cobrar nuevamente relevancia, ahora como insumo para el nuevo proceso que debiese comenzar en los próximos meses, luego de que las fuerzas políticas con representación parlamentaria logren sellar un acuerdo.
¿Cómo fue el proceso de Bachelet?
La campaña de Michelle Bachelet en su segunda aventura presidencial tuvo un sello muy definido: el carácter ciudadano. Esto fue algo que intentó reflejar, también, en la elaboración de un proceso constituyente que tuviera como actor principal –justamente– a las y los chilenos. Así fue como se crearon distintas instancias y herramientas de participación para que el texto fuese capaz de reflejar el sentir de la ciudadanía.
En ese sentido, tras el trabajo de una comisión de expertos que analizó las diferentes herramientas para desarrollar el proceso, durante el año 2015 se establecieron diversas instancias de participación ciudadana que se realizarían por medio de las siguientes etapas:
- Consulta individual
- Encuentros Locales Autoconvocado
- Cabildos provinciales
- Cabildos regionales
En abril de 2016, la Presidenta Bachelet hizo un llamado a la ciudadanía para hacerse parte de este proceso constituyente, que entraba en su etapa crucial. En su discurso, la mandataria estableció los principios que debían guiar el desarrollo de este histórico y novedoso proceso, nunca visto en la historia chilena. "Esta nueva Constitución no solo debe ser nueva en su contenido, sino también, debe ser nueva en la manera en que se discute y elabora", dijo la Presidenta en aquella ocasión.
De ese modo, y tras una intensa campaña informativa y de educación cívica, se inició la esperada etapa de consulta, la que se trabajaría con altos estándares metodológicos, tanto en la elaboración de cada uno de los encuentros, como también en la etapa de sistematización de los insumos ciudadanos que se extraerían de estos encuentros. Finalmente, según los registros oficiales, 204.402 personas participaron en las consultas individuales, los Encuentros Locales Autoconvocados y los Cabildos.
Las bases emanadas de la participación ciudadana fueron entregadas en enero del año 2017, bajo el compromiso de La Moneda de que el proyecto de nueva Constitución que se presentaría a la ciudadanía reflejara, en gran medida, las conclusiones de ese proceso ciudadano de debate y deliberación. Según el informe de sistematización del proceso constituyente elaborado por la Secretaría General de la Presidencia (2017), la ciudadanía marcó las siguientes prioridades en materia de derechos fundamentales: salud, seguridad social, igualdad ante la ley, vivienda digna, seguridad social, libertad de expresión, medio ambiente y finalmente el derecho a la vida.
Sin embargo, pese a que en su momento el proceso se consideró como un éxito por sus niveles de participación, el tema constitucional se fue diluyendo por complicaciones de orden político que hicieron que, pese a todo el esfuerzo del proceso, la cuestión constitucional se alejara de las prioridades de Palacio. La Nueva Mayoría fue mostrando sus diferencias internas, sobre todo entre las alas opuestas, de la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, lo que mermó la ejecución de los acuerdos políticos necesarios para el arribo a puerto de la propuesta.
Finalmente, el 7 de marzo de 2018, a solo días de entregar la banda presidencial a Sebastián Piñera, Michelle Bachelet –en una sobria ceremonia en La Moneda– hizo entrega oficial de la propuesta de texto constitucional al Congreso Nacional, el que jamás sería tramitado. En dicho momento, la Presidenta destacó la importancia del proceso participativo detrás de la elaboración de este texto: “En la elaboración de la Constitución de 1833 participaron 36 personas; en la de 1925, 122 personas; en la Constitución de 1980, fueron 12 personas. Y en este proceso constituyente, son más de 200 mil personas, con 260 mil ideas o argumentos los que un comité de expertos debió sistematizar para la entrega del insumo con el cual se elaboraría una propuesta de texto constitucional”, expresó ese día la mandataría.
¿Qué decía la propuesta?
La propuesta consideraba, en líneas generales, la ampliación de derechos fundamentales como: derecho al debido proceso, el derecho a huelga, derechos políticos, el derecho a la libertad individual y a la seguridad personal, derecho a la protección de los datos privados, derecho a la calidad en la salud pública y la educación, a la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, entre otros.
También, se buscaba incluir el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios con sus derechos, su identidad, su cultura y su legítima aspiración de tener una representación en el Congreso. En temas políticos, por ejemplo, se eliminaba, el quorum supramayoritario en las leyes, junto con restringir el control preventivo voluntario del Tribunal Constitucional. En cuanto al sistema político, en tanto, se mantenía el modelo presidencial, así como la existencia de un congreso bicameral.
La importancia de la participación ciudadana
Quizás uno de los legados del proceso fue la forma en que definió la participación ciudadana. Este trabajo se desarrolló siguiendo procesos metodológicos avanzados, que tenían como objetivo representar lo más fidedignamente posible las demandas de la ciudadanía expresadas en los cabildos o encuentros. En este proceso, participó como integrante del Comité de Sistematización la académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, María Cristina Escudero, quien destaca el arduo trabajo que significó levantar toda la información emanada desde la ciudadanía, algo que se podría replicar hoy, pero con algunas diferencias:
“Rescataría, de todas maneras, las bases ciudadanas: el texto que se hizo con la sistematización de todos los encuentros autoconvocados y los cabildos regionales y provinciales. Allí, hay mucho material sobre los principios y valores, los derechos, las obligaciones, y las instituciones a las cuales aspiraban y propiciaban las y los chilenos. Además, fueron muy masivos. Hay bastante, también, que se puede rescatar sobre la metodología que se utilizó para los encuentros autoconvocados y los cabildos. Habría que hacerlo, eso sí, en forma más acotada, pero lo que más aprendimos es la necesidad de planificación de este tipo de metodologías, porque requiere ser sistematizado, se necesita una técnica adecuada y requiere tiempo”, comenta.
La profesora Escudero agrega que “es necesario tener mecanismos de participación, y una de las cosas que aprendimos de ese proceso es que fue guiado: había un documento de trabajo y había una forma de presentar los resultados que se hicieron en los cabildos, para facilitar su sistematización”.
Respecto al momento constituyente actual, y las lecciones que se pueden extraer de lo vivido durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que pudiesen ayudar en este nuevo intento por generar una Constitución, plantea que “el camino a tener una nueva Constitución es un camino acumulativo que ha estado presente en todas las partes donde se ha reemplazado la Constitución. Son procesos largos, que requieren de maduración. Todos son procesos distintos, en los cuales la ciudadanía va aprendiendo, se va formando una opinión hasta que se logra reemplazar una Constitución El camino chileno ha sido difícil, porque -en realidad- ha tenido hitos importantes, pero no ha tenido resultados concretos; pero sí ha tenido aprendizajes. Y la relevancia que el proceso de Bachelet tuvo justamente es esa: el aprendizaje. Por ejemplo, que la ciudadanía sí fue capaz de debatir y deliberar sobre temas constitucionales, que sí puede hacer un aporte en forma ordenada y constructiva y que, además, hay un interés en hacerlo. También, agregar de que Chile cuenta con la capacidad de sistematizar, organizar y hacer un aporte metodológico para este tipo de instancias ciudadanas”, afirma.