Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana presenta avances del primer Informe de Política Criminal y Seguridad Pública

La unidad, dependiente de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, realizó el seminario “Trayectoria y Transformaciones en la Política Criminal y la Seguridad Pública”, instancia en la que dio a conocer los avances de este documento que analiza la realidad del país en esta materia durante las últimas dos décadas. El trabajo, por otra parte, plantea una serie de desafíos institucionales ante las transformaciones del escenario criminal, como contar con información consolidada, además de mediciones y evaluaciones, tanto del delito como de las políticas públicas.

Con la participación de la ministra de Justicia, Marcela Ríos; el Fiscal Nacional (s), Juan Agustín Meléndez; y el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, la Universidad de Chile presentó un avance del primer Informe de Política Criminal y Seguridad Pública, elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno del plantel, lanzamiento organizado en el marco de la celebración de los 20 años del CESC.

Las autoridades fueron parte de la presentación de estos avances, instancia en la que pudieron comentar algunos de los contenidos del documento y abordar los principales desafíos que tienen las instituciones asociadas a la ocurrencia de delitos, como el Ministerio Público, la Defensoría Nacional, las Policías, el Gobierno y el Congreso. En este contexto, profundizaron sobre la necesidad de adaptarse a los nuevos fenómenos criminológicos que afectan al país, tales como el aumento de los homicidios y del crimen organizado.

“El desarrollo de este informe coincide con un momento en el que estamos viviendo tiempos complejos en el país, enfrentando procesos de transformaciones sociales y políticas, atravesadas por importantes desafíos económicos y sociales”, señaló la Prorrectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala.

Por su parte, el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Leonardo Letelier, destacó el aporte que este trabajo realiza a la discusión sobre política criminal. “Esperamos que se transforme en un documento recurrente, que pueda generar información pertinente y que pueda hacerse cargo del tema desde una perspectiva académica y útil para la toma de decisiones en políticas públicas”, dijo.

Avances del informe

De acuerdo al documento, se observa una serie de nudos críticos institucionales y extra institucionales de larga data: dificultad para medir el delito y recabar más información por parte del Estado; necesidad de una mayor articulación entre agencias del sistema penal; más y mejor medición de las políticas criminales; presión por populismo penal (o irracionalidad al momento de legislar); falta de fundamentación criminológica; infravaloración de los crímenes económicos; y falta de una reforma a las policías, entre otros.

Claudio González, director del CESC, relevó que uno de los principales desafíos que enfrenta el Estado ante el nuevo escenario criminal es contar con información consolidada, así como la medición y evaluación, tanto del delito como de las políticas públicas. “Necesitamos caracterizar muy bien el tema de los homicidios. Sabemos que hay más uso de armas, que estas se distribuyen de forma desigual, con concentración en zonas urbanas y en la zona norte. Sabemos que ha aumentado el crimen organizado, pero no tenemos suficiente información sobre estos temas. El gran desafío es lograr medir los delitos y lograr medir el impacto de las políticas criminales en el abordaje de estos delitos”, sostuvo.

En tanto, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, se refirió a la necesidad de debatir sobre la seguridad con más medición y evaluar frente al actual contexto país. “Tenemos que seguir trabajando en los datos, pero efectivamente en la sociedad, en el debate público, en el Congreso y medios de comunicación, el diagnóstico es que la criminalidad ha aumentado, la violencia y las formas de criminalidad están aumentando”. Por esta razón, indicó, “el desafío es cómo conversamos con ese debate y cómo logramos ponerle más ciencia, más datos y más racionalidad al debate de seguridad”, indicó la secretaria de Estado.

El Fiscal Nacional (s), Juan Agustín Meléndez, se refirió al cambio del escenario criminal en Chile y las dificultades en la persecución de ciertos delitos. Por ejemplo, “se habla de que existirían mayores incidencias de participación de extranjeros en homicidios, pero, de acuerdo a los registros que tenemos, más del 90% son por nacionales. El problema que sí tenemos es la identificación de los extranjeros que ingresan a Chile. Nos cuesta mucho saber quiénes son. La dificultad a nivel internacional es altísima”, explicó.

Finalmente, Carlos Mora Jano, Defensor Nacional, planteó que existe un desafío respecto de la articulación institucional. “Tenemos que ser capaces de mejorar la comunicación entre los actores como el Ministerio Público, la Defensa, las Policías”, expresó. Asimismo, advirtió el impacto de las reformas al Código Procesal Penal. “Como Defensor Nacional estoy cerca de los números y de las estadísticas, y hay ciertas cosas que uno puede reconocer. Por ejemplo, en 2022 ya teníamos un 37,8% de absoluciones respecto al total de causas. Entonces, podemos evidenciar que se reforma el Código Procesal Penal y seguimos con lo mismo. En 5 y 10 años más, van a seguir las reformas, las agendas cortas, y lo que finalmente hemos logrado con tanta reforma a un sistema que entre el año 2000 y el año 2005 cumplía su finalidad -para lo que fue creado nuestro sistema procesal penal, de justicia abierta, con acceso a la justicia, pública, con publicidad- el día de hoy no es así”, agregó.

20 años del CESC

El ex director del CESC y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, se refirió a la trayectoria de esta unidad en materia de políticas públicas, a la realización de estudios, a la asesoría en la implementación de políticas públicas para diversos gobiernos de la región, y a la realización de evaluaciones de dichas políticas. En ese sentido, señaló que el CESC ha continuado fortaleciéndose en su trabajo de formación internacional y en la realización de proyectos relevantes en Chile.

“Siempre tuvo, sin embargo, una vocación académica, dirigida a generar conocimiento y a difundirlo a través de redes académicas reconocidas”, destacó. No obstante, agregó, “durante los años pasados percibimos gobiernos genuinamente interesados y comprometidos con la producción de conocimiento en el área criminológica y otros que carecían del tiempo y el respiro para construir una relación virtuosa en esta materia con expertos o académicos”, finalizó.

facultad gobierno

El caso sueco

El seminario finalizó con la presentación del director del Departamento de Criminología de la Universidad de Estocolmo, Felipe Estrada, con la ponencia “Desigualdad y Delincuencia. Vías de entrada y de salida del delito. Lo que la sociedad (no) debe hacer”. En ella, el académico se refirió a las estadísticas de violencia letal en Suecia, en particular los homicidios y sus tipificaciones. “Lo único que ha aumentado estos últimos años en Suecia son los homicidios entre jóvenes de barrios vulnerables por temas de drogas. Es trágico”, explicó.

Asimismo, expuso sobre la manera como se realizan mediciones de los fenómenos sociales en Suecia y cómo esta experiencia podría replicarse en Chile. “Ustedes tienen algo que se llama RUT. En Suecia no se ocupa como aquí, es mucho más secreto. Lo interesante es que en todos estos registros que tenemos podemos saber cuáles son los ingresos del padre, individuo, cuál es la educación de padres o de uno, cuál es la salud, si uno ha estado hospitalizado. Todos los registros que existen en una sociedad que usa el RUT o número personal, se pueden juntar, si tienes los permisos e infraestructura, para estudios de criminología. Yo creo que aquí Chile tiene una mina de oro que se podría realmente usar y distinguir internacionalmente usando este tipo de dato”, finalizó.

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