Durante el pasado 19 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que reinstaura la obligación de votar en todas las elecciones y plebiscitos, a excepción de primarias. El trámite legislativo ya fue aprobado por el Senado, por lo que estaría en condiciones de ser promulgado por el Ejecutivo. Ante esto, especialistas de la Casa de Bello abordaron las implicancias de este escenario para el contexto democrático del país.
Los últimos hitos electorales han puesto en cuestión la voluntariedad de los procesos democráticos. Un ejemplo de ello es que para las elecciones municipales de 2012, cuando recién se había aprobado la Ley 20.568, convocando sólo al 43% de la población habilitada para sufragar. Mientras que, en el presente año, con el plebiscito de salida del proceso constitucional, el voto obligatorio reunió la participación de un 85,7% del padrón total de electores.
Bajo este escenario, desde el año 2020 se vienen buscando opciones legislativas que permitan el aumento de la participación de la sociedad en los procesos de votación popular. Así, el proyecto en discusión nació de la iniciativa de los diputados de ese entonces; René Alinco, Jaime Mulet, Alejandra Sepúlveda, Esteban Velásquez y Pedro Velásquez.
Pese a sufrir ciertas modificaciones por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, el proyecto finalmente fue aprobada por 124 congresistas, estableciendo que el sufragio “será obligatorio para los electores en todas las elecciones y plebiscitos salvo en las elecciones primarias. Una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber, los electores que estarán exentos de ella y su procedimiento de aplicación”.
Esto representa un vuelco con respecto al voto voluntario, el cual comenzó a regir desde el 2012, tras la aprobación de Ley 20.568 que también fijó la inscripción automática de personas al sistema electoral.
De acuerdo con especialistas de las facultades de Gobierno y de Derecho de la Universidad de Chile, la iniciativa facilitará la vinculación ciudadana a los procesos políticos y creará una necesidad de adaptación y respuesta de las agrupaciones e instituciones políticas a los nuevos grupos sociales participantes.
La importancia del voto en la representatividad
Una vez promulgada la Ley de Restitución del Voto Obligatorio en el Diario Oficial, el primer procedimiento que dejaría atrás el voto voluntario serían las elecciones municipales previstas para octubre de 2024.
La académica de la Facultad de Gobierno, Isabel Castillo, explicó que las modificaciones en el proceso electoral, “son un tema que se viene discutiendo hace tiempo pero que ahora tiene respaldo técnico y apoyo transversal, ante la continua baja de participación electoral”.
A su vez, la profesora agregó que el proceso constitucional aceleró la situación, pues “hizo evidente la distorsión del voto voluntario con respecto a las diferencias entre la elección de constituyentes y el plebiscito de salida. Esto reforzó el tema en la agenda, lo hizo innegable, ya que es importante avanzar hacia participación más amplia”.
En esta misma línea, la académica de la Facultad de Derecho, Gladys Camacho, mencionó que la importancia del tema en la actualidad tiene que ver con el nuevo proceso constituyente que comenzaría el próximo 14 de febrero con la inscripción de candidaturas. “El nuevo escenario constitucional en curso debe implicar al máximo a la ciudadanía ya que solo si ésta participa ampliamente se dotará de una legitimidad indiscutible al proceso”, indicó.
El académico de la Facultad de Gobierno, Felipe Agüero, mencionó que es importante que los procesos eleccionarios se realicen con participación masiva, pues esto “da legitimad a las instituciones representativas. El voto tiene que ser emitido en magnitudes apreciadas que den lugar a esa legitimidad. En el contexto chileno, donde el voto venía siendo cada vez menor en porcentaje y había un peligro de legitimación institucional, la obligatoriedad viene a ser un correctivo indispensable”.
Para terminar, la profesora Castillo también aseguró que “el actual sistema genera mucho sesgo de clase, educación y etario, donde también participa la gente más ideologizada y activa en política. En este sentido, pasar al voto obligatorio tiene impacto normativo en torno a la igualdad representación, es decir, que todas las voces se escuchen”.
Participación social: más allá de las elecciones
Las modificaciones al sistema electoral también tendrán efecto en otras áreas vinculadas a la participación de la ciudadanía. En este sentido, en párelo al importante aumento de votantes, especialistas UCH indican que deberán existir más y mejores respuestas de parte de partidos políticos e instituciones para dar cobertura a las demandas de la sociedad completa.
En esta línea, el profesor Agüero mencionó que el cambio aumentará la cobertura política, ya que la población “estará más involucrada y deberá buscar formas de informarse”, así como también, “va a forzar a las y los candidatos a no sólo conseguir el voto cautivo y conocido al que ya estaban acostumbrados, sino que ahora deberán atender a todo el electorado y a sus demandas, lo que va a servir para mejorar ciertas prácticas democráticas”.
Para la profesora Camacho, no basta con establecer la obligación de votar, ya que “ello debe ser acompañado de formación ciudadana que concientice sobre la necesidad de participar para fortalecer la democracia y conformar gobiernos que atiendan las necesidades públicas”.
De esta forma, Castillo afirmó que el proceso electoral también tendrá “la incorporación de un grupo poblacional que es diverso, que tiene menos interés en política o que no se tiende a identificar con una posición, lo que ha hecho posible el fortalecimiento de discursos o figuras apolíticas, lo que se grafica en la presencia del Partido de la Gente”.
Finalmente, con la reciente aprobación, el proyecto queda listo para ser promulgado por el Presidente Boric. Sin embargo, todavía falta la tramitación de la ley orgánica constitucional que debe establecer las sanciones para quienes no acudan a sufragar, proyecto que aún está alojado en la Comisión de Constitución del Senado a la espera de novedades de parte del Gobierno.